Ficalía de Prevención del Delito ingresa a almacén de la ONPE para realizar diligencia vinculadas a las elecciones 2026

La Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Sur realizó este miércoles una diligencia en el almacén de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ubicado en Lurín, al sur de Lima, como parte de la supervisión y verificación del cumplimiento de las funciones asignadas al personal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la propia ONPE en el marco de las Elecciones Generales 2026. El procedimiento, que incluyó la identificación y recopilación de material electoral, se enmarca en el seguimiento a denuncias sobre presuntas irregularidades logísticas registradas durante el reciente proceso electoral.

En este operativo, la Fiscalía de Prevención del Delito inspeccionó la documentación y los equipos involucrados en la gestión técnica de los comicios, verificando in situ la actuación de funcionarios y la trazabilidad de los procesos de entrega y resguardo del material electoral. La intervención fue confirmada por el Ministerio Público a través de sus canales oficiales, que difundieron imágenes de la diligencia en las inmediaciones del almacén de Lurín.

Fiscalización a la logística electoral y exigencias de documentación

Por otro lado, las autoridades fiscales han solicitado a la ONPE la entrega de los registros de visitas externas a las áreas de Producción Electoral y Gestión Electoral, así como el Plan Operativo Electoral (POE) correspondiente, para analizar los procedimientos que guiaron la organización técnica de las Elecciones 2026. Este requerimiento incluye también la presentación de copias certificadas de las guías de despacho de material electoral destinadas a los trece colegios donde no se instalaron mesas de sufragio por falta de insumos.

El alcance de la investigación abarca un peritaje sobre computadoras y teléfonos móviles —tanto personales como institucionales— empleados por varios funcionarios, entre ellos el exgerente de Gestión Electoral José Samamé Blas y el subgerente de Producción Electoral Juan Phang Sánchez. Se busca identificar posibles omisiones o anomalías en el manejo de la información y la ejecución de las tareas asignadas durante la jornada electoral del 12 de abril.

Investigación sobre el traslado y entrega de equipos

En paralelo, la Fiscalía ha solicitado a la ONPE los reportes completos del contratista encargado del transporte, Servicios Especiales Galaga. Entre la documentación requerida figuran placas de vehículos, nombres de conductores, datos de los comisionados de la ONPE y los horarios precisos de salida desde los almacenes de Lurín. Este control apunta a verificar si existieron irregularidades durante el traslado y la entrega del material electoral.

El operativo logístico incluyó la adquisición y distribución de 30.000 laptops, 30.000 impresoras y 4.538 módems, que fueron desplegados en 2.269 centros de votación de Lima Metropolitana y Callao. La fiscalía busca determinar si los procedimientos establecidos en el POE fueron respetados y si hubo alteraciones en los cronogramas que pudieran haber afectado el desarrollo del proceso electoral.

Declaraciones sobre retrasos y consecuencias para los electores

El subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez, señaló ante la Contraloría General de la República que ya existían señales de retraso antes del proceso, debido a incumplimientos del cronograma previsto. Según el funcionario, la demora en la entrega de los equipos electrónicos fue la principal causa de incidentes durante los comicios. Estas fallas afectaron el funcionamiento de 15 locales de votación y dejaron sin votar a 63.300 personas, según datos oficiales difundidos tras la jornada.

Además, se requirió a la ONPE un informe exhaustivo sobre la elaboración y los cambios introducidos en los cronogramas de distribución del material electoral y los equipos informáticos. El objetivo es garantizar la trazabilidad de cada ajuste realizado y evaluar su impacto en la logística del proceso.

Ajuste de rutas y discrepancias en los tiempos de entrega

Según información recopilada por la Contraloría, el gerente de Gestión Electoral, Samamé Blas, modificó el cronograma de rutas en un intento de acelerar la entrega del material electoral. Sin embargo, el subgerente Phang Sánchez advirtió que los tiempos fijados —de tres horas y media a cuatro horas por ruta— no se cumplieron en la realidad, ya que la distribución llegó a requerir hasta ocho horas en algunas rutas. El ajuste implicó el despacho de insumos a 553 locales en 43 rutas, lo que generó diferencias significativas entre el cronograma planificado y los tiempos efectivamente alcanzados, afectando la fluidez de la jornada del 12 de abril.