Le roban el teléfono en San Juan de Miraflores y luego lo llaman para amenazarlo de muerte si no retira la denuncia

Un joven de San Juan de Miraflores denunció públicamente que ha recibido amenazas de muerte por parte de extorsionadores que exigen que retire la denuncia tras el robo de su celular, ocurrido el nueve de abril a plena luz del día. El caso, según información del medio RPP Noticias, se suma a un escenario nacional donde la extorsión se ha convertido en el principal problema de seguridad para el 76% de los ciudadanos peruanos, reflejando el avance del crimen organizado y la vulnerabilidad de la respuesta estatal.

La víctima, identificada como Anderson, señaló a RPP Noticias que los delincuentes no solo le quitaron un iPhone 12 cerca del Hospital María Auxiliadora, sino que desde entonces amenazan con atacarlo físicamente si no desiste de la denuncia formal. “Temo por mi vida y la de mi familia porque me están amenazando muy fuerte. Pido a las autoridades que tomen mi caso con urgencia”, expresó al medio radial, donde también relató su frustración por la aparente lentitud de la investigación.

En Perú, el sentimiento de inseguridad está marcado por cifras concretas. Según un estudio nacional realizado por Ipsos, cerca de 19 millones de ciudadanos consideran la extorsión y el cobro de cupos como el delito más alarmante, superando a la corrupción de funcionarios (41%) y al robo agravado (32%). Esto revela una profunda transformación en la percepción pública, donde las prácticas extorsivas ligadas al crimen organizado eclipsan a otras formas de delincuencia tradicional.

Delincuentes le arrebataron el celular en cuestión de segundos

Anderson fue asaltado el martes 9 de abril, cuando se dirigía al trabajo al promediar las tres de la tarde. El hecho ocurrió en inmediaciones de una casa técnica de estudios, a pocos metros del Hospital María Auxiliadora, en la avenida Miguel Iglesia de San Juan de Miraflores.

La víctima relató que dos hombres jóvenes, uno de ellos sin casco, lo sorprendieron a bordo de una motocicleta y le arrebataron el teléfono de las manos antes de huir. Minutos después, Anderson pudo rastrear la ubicación de su dispositivo en tiempo real, pero al llegar a la comisaría —con apoyo del serenazgo distrital— el equipo ya había sido apagado.

Víctima recibe amenazas con armas luego de denunciar el asalto

La denuncia de Anderson fue presentada la misma tarde del robo ante la comisaría de San Juan de Miraflores “A”. Sin embargo, días después, comenzó a recibir mensajes provenientes de los propios asaltantes, que ahora extorsionan con amenazas de muerte para forzar el retiro de la denuncia.

Anderson declaró: “El lunes me llegó una amenaza de parte de los delincuentes que me robaron, me están amenazando de vida o muerte”. Los extorsionadores no solo le envían mensajes escritos, sino también videos en los que exhiben armas y lo insultan. Este accionar evidencia un patrón de intimidación directa y prolongada, que trasciende el episodio inicial de robo.

La víctima lamenta que, transcurrida más de una semana después del hecho, la denuncia aún no ha sido derivada a la fiscalía. Tampoco se han solicitado las imágenes de cámaras de seguridad municipales que podrían esclarecer la identidad de los responsables. “Ayer le pregunté si estaba en fiscalía mi denuncia y todavía no está allí, no han ido a ver ni las cámaras de la municipalidad porque también hay cámara”, señaló.

76% de peruanos identifica la extorsión como su mayor preocupación

De acuerdo con datos recientes de Ipsos, el 76% de los peruanos señala la extorsión como el principal problema de seguridad, por encima de la corrupción (41%) o la violencia sexual (37%). Este porcentaje equivale a unos 19 millones de personas adultas, y marca un cambio en las prioridades ciudadanas ante el creciente avance de prácticas vinculadas al crimen organizado.

El Observatorio del Crimen y la Violencia reportó que una de cada cuatro personas, es decir, aproximadamente 6 millones de habitantes, ha sido víctima directa de extorsión o conoce un caso cercano solo en los últimos tres meses. Entre las nuevas modalidades destaca el sistema “gota a gota”, que incrementó su incidencia del 15% al 19% en el periodo entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, consolidándose como un método expansivo de intimidación y cobro ilegal.

Los ciudadanos, según la misma encuesta de Ipsos, no confían en la capacidad del Estado para revertir esta tendencia: el 58% de la población cree que el próximo gobierno no será capaz de combatir eficazmente la inseguridad, frente al 36% que mantiene alguna expectativa favorable. Además, el 54% afirma que el combate al crimen organizado y las economías ilegales debe ser el eje principal de la gestión gubernamental, seguido por reformas al sistema de justicia (45%) y el fortalecimiento de la Policía Nacional (44%).