
Una posible pena efectiva por expresiones racistas y discriminatoriaspodría recaer sobre el streamer conocido como Cristorata, tras una investigación penal iniciada en Perú. El caso surge a raíz de declaraciones ofensivas contra votantes y pueblos originarios del sur del país, emitidas por el creador de contenido durante una transmisión en la plataforma digital Kick.
La denuncia, presentada por el abogado cusqueño Dennis Llamoca, avanza en el Ministerio Público, mientras entidades como el Ministerio de Cultura y la Municipalidad de Cusco ya manifestaron su rechazo público a los hechos.
El abogado Llamoca, quien interpuso la denuncia, precisó en entrevista con Exitosa que la causa progresa en la fiscalía, con diligencias en curso y el objetivo de formalizar. “Que se formalice la acusación, que formalice la etapa de investigación preparatoria y posterior a ello que se vaya a juicio y que sea bien sentenciado este señor”, expresó.
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El letrado subrayó que la denuncia responde a actos discriminatorios dirigidos a la zona sur, a los pueblos originarios y a la colectividad.
Las diligencias incluyen la declaración de Cristopher Puente Viena, nombre real del streamer peruano, así como la realización de exámenes psicológicos. Trascendió que la fiscalía también revisará los videos en los que se emitieron las frases, consideradas por el abogado como “expresiones racistas”.
Según Llamoca, el artículo 323 del Código Penal peruano establece una sanción de dos a tres años de prisión para quienes incurran en actos de discriminación, y en situaciones agravadas, el fiscal puede solicitar una “pena efectiva”, es decir, cárcel.
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Reacción social
Mientras revisaba el conteo por las Elecciones 206 en la web de la ONPE, Cristorata lanzó una serie de insultos contra la población andina durante una transmisión en vivo. “Que rabia estos hue** son andinos, burros oe. Si no fuera por Machu Picchu, hablo con el presidente de China para que le envíen una bomba”. Añadió frases como “No comprendo qué les pasa a estos serranos. Serranos de mie, come mote de mie**”, y otras expresiones dirigidas a la población del sur.

Las palabras de Cristorata provocaron un rechazo inmediato en redes sociales y entre líderes de opinión. Ante la presión, el creador de contenido publicó mensajes de disculpa en su cuenta de X (antes Twitter) y luego reiteró su arrepentimiento en un nuevo video, reconociendo el impacto negativo de sus comentarios en la audiencia. “A quienes se sintieron afectados, les pido disculpas de verdad”, declaró.
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Medidas legales
El Ministerio de Cultura condenó públicamente las expresiones a través de un comunicado, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural. La Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura trasladó el caso a la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos para que se iniciaran las investigaciones preliminares, conforme al artículo 323.
Por su parte, la Municipalidad de Cusco declaró persona non grata a Cristorata. El abogado Dennis Llamoca celebró la decisión y afirmó que la ciudad no permitirá actos de racismo ni discriminación, especialmente hacia la zona de Cusco, Puno y Juliaca.
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“Yo voy a ser uno de los primeros cuando aterrice aquí en el aeropuerto, ir con mi cartelón y poner un cartelón grande ahí, racista y discriminador a este sujeto cuando venga o quiera conocer Machu Picchu”, sostuvo Llamoca en declaraciones recogidas por Exitosa.

Delitos y sanciones
Durante la entrevista, Llamoca precisó que la acusación se fundamenta en el artículo 323 del Código Penal, que penaliza la exclusión, limitación o negación de derechos por motivos discriminatorios. El abogado remarcó que la conducta atribuida a Cristorata se considera agravada por haberse realizado ante millones de seguidores y por incidir en derechos de pueblos originarios y comunidades campesinas.
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Consultado sobre la posibilidad de que las disculpas públicas influyan en la decisión judicial, Llamoca aclaró que en delitos de discriminación la retractación no exime de responsabilidad, a diferencia de los procesos por difamación.
“El delito ya se ha consumado y lo que se ha establecido en el artículo trescientos veintitrés con esas palabras racistas y discriminatorias por parte de este Cristorata”, enfatizó el denunciante.

Plazos del proceso
Sobre los tiempos previstos para el desarrollo judicial, Llamoca estimó que el proceso podría resolverse en un lapso de dos a cuatro meses, dado que las pruebas resultan evidentes y se plantea una acusación directa ante el juzgado de flagrancia. En este tipo de procedimientos, las audiencias suelen realizarse en cuestión de semanas, explicó el letrado.
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La situación de Cristorata permanece bajo observación pública y legal a la espera de los siguientes pasos en la investigación fiscal. Tanto la reacción institucional como el avance del proceso penal mantienen el foco en las consecuencias sociales y jurídicas de actos discriminatorios durante procesos electorales y transmisiones en plataformas digitales.
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