La Contraloría General de la República (CGR) intensificó la supervisión del traslado y distribución del material electoral ante la inminente segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.
El operativo, que moviliza a 1200 auditores, abarca las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y cientos de locales de votación en las regiones más alejadas y en el extranjero.
La intervención busca identificar y comunicar situaciones adversas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), promoviendo medidas preventivas para el desarrollo del proceso.
Desde abril, la CGR supervisa el traslado del material electoral a las oficinas consulares a cargo de la Cancillería. El Órgano de Control Institucional (OCI) de la ONPE realizó visitas a plantas de impresión y ensamblaje, mientras que el OCI del JNE verificó los procesos de contratación de fiscalizadores. Esta labor de seguimiento se realiza en todo el país y en el exterior, en coordinación con las entidades del sistema electoral.
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La labor de la Contraloría se concentra en tres puntos críticos: el despliegue y repliegue del material electoral, la gestión de la participación de fiscalizadores del JNE y la verificación de la instalación de las mesas de sufragio.
En las ODPE, se controla la recepción oportuna del material, la contratación del transporte y la distribución a los colegios. En los almacenes de la ONPE en Lurín, se confirma el despacho del material a los diferentes locales de votación.
Supervisión en almacenes, ODPE y locales de votación
Durante la jornada electoral, los auditores de la Contraloría verifican la llegada del material a los locales y el cumplimiento de los protocolos en la instalación de las mesas de sufragio. Antes de la apertura, se constata la presencia de los fiscalizadores del JNE, los coordinadores de la ONPE y la adecuada instalación de las mesas.
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Tras el cierre de la votación, el operativo contempla el cotejo del proceso de cierre, la verificación del transporte del material crítico de regreso a las ODPE y la participación activa de coordinadores y fiscalizadores en cada etapa.
Este seguimiento tiene como objetivo asegurar que todos los pasos del proceso electoral se ejecuten bajo los estándares establecidos y que cualquier eventualidad se comunique de forma inmediata a las autoridades electorales.
La meta de la CGR es cubrir más de 500 locales de votación en todo el país. La selección incluye sedes con mayor concentración de mesas y electores, así como aquellas con mesas de la serie 900k. Además, se garantiza la supervisión de al menos un local por provincia, con apoyo de las Gerencias Regionales de Control (GRC) y la Vicecontraloría de Control Gubernamental.
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En Lima Metropolitana, la Contraloría verificará el proceso completo de distribución y, el 7 de junio, 442 auditores cubrirán una muestra de 175 locales de votación, priorizando aquellos de mayor afluencia. La operación busca cubrir puntos estratégicos para prevenir incidentes y garantizar la transparencia en la jornada.
El despliegue nacional de la Contraloría General de la República en el contexto de la segunda vuelta es una de las acciones de control más amplias de los últimos procesos electorales, con la finalidad de contribuir a la integridad y confianza en los comicios.
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