La Fiscalía de la Nación realizó este viernes un allanamiento en el almacén principal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ubicado en el distrito de Lurín, tras una serie de fallas logísticas y denuncias sobre el manejo del material electoral durante las Elecciones Generales 2026. El operativo, dirigido por la Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Sur y con la participación de funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Según el Ministerio Público, el procedimiento responde a la necesidad de verificar la existencia y estado del material utilizado en los comicios del 12 de abril, en medio de denuncias sobre pérdida y hallazgo irregular de votos. El fiscal provincial Ricardo Walter López García encabezó la diligencia, solicitada por la Dirección de Fiscalización de Procesos Electorales del JNE.
"Un equipo liderado por el fiscal provincial Ricardo Walter López García, ante el requerimiento de la Dirección de Fiscalización de Procesos Electorales del JNE, participa en la constatación que efectuará dicho ente electoral a la ONPE sobre la existencia del material de sufragio utilizado en 12 de abril“, compartió el Ministerio Público en su cuenta de X.

Durante la elección, más de 55.000 personas no pudieron votar debido a retrasos y fallas del sistema implementado por la ONPE, lo que llevó a prorrogar el período de sufragio hasta el lunes siguiente. Este incidente, sumado a denuncias de presunto fraude y al hallazgo de material electoral en la vía pública, generó un clima de tensión y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
Fiscalía y JNE intervienen almacén de la ONPE en Lurín
La intervención en el almacén principal de la ONPE movilizó a equipos de la Fiscalía y del JNE, quienes ingresaron al recinto pasadas las 12:00 horas. El despliegue incluyó la presencia de vehículos oficiales y personal identificado de ambas instituciones, que procedieron a revisar documentación, actas y sobres lacrados con votos. El operativo surgió tras reportes sobre la desaparición de material electoral y el hallazgo de cajas con sufragios en condiciones irregulares.
“La Dirección Nacional de Fiscalización del JNE en coordinación con los representantes del Ministerio Público, acuden a los almacenes de la ONPE en Lurín, para que, en el marco de sus funciones, se verifique el repliegue del material electoral que pueda hallarse en dicho lugar”, publicó el JNE.
Imágenes transmitidas por 24 Horas de Panamericana Televisión mostraron el ingreso de los fiscales, mientras la expectativa crecía sobre posibles incautaciones o hallazgos durante la diligencia. La labor principal fue constatar la integridad del material de votación y documentar cualquier irregularidad para sustentar las investigaciones en curso.

El Jurado Nacional de Elecciones, a través de sus representantes, acompañó la diligencia en Lurín, subrayando la importancia de salvaguardar la cadena de custodia del material electoral, aspecto clave para la legitimidad del proceso. La intervención se suma a otras medidas adoptadas en sedes de la ONPE en Lima, donde también se investiga el retraso en la distribución de insumos a los locales de votación.
Fiscalía investiga retrasos en instalación de mesas de sufragio
El Ministerio Público abrió una investigación para determinar las responsabilidades detrás de las graves fallas logísticas que marcaron la jornada electoral del 12 de abril. Según datos oficiales, al menos 211 mesas de sufragio no fueron instaladas a tiempo, lo que afectó la votación en 75 instituciones educativas de Lima Metropolitana y Callao, especialmente en distritos como Villa El Salvador y San Juan de Miraflores.

La ONPE atribuyó el retraso a la empresa Gálaga, encargada del reparto de material, señalando que no cumplió con la entrega oportuna de equipos y documentos esenciales para habilitar los locales. Esta situación motivó que las autoridades ampliaran en una hora el horario de votación, aunque miles de ciudadanos se vieron obligados a sufragar en una jornada adicional el lunes siguiente.
El jefe de la ONPE Piero Corvetto enfrenta cuestionamientos y podría ser incluido en la investigación penal por omisión de funciones. El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, presentó una denuncia penal y solicitó la detención del funcionario, aludiendo a un supuesto intento de fraude. Sin embargo, hasta el momento no existen pruebas concretas que respalden tales acusaciones, según lo expresado por las autoridades electorales y judiciales.
Hallazgo de cajas con votos en un tacho de basura en Surquillo
La crisis se profundizó con el hallazgo de cuatro cajas lacradas con 1.200 cédulas de votación en un tacho de basura en el distrito de Surquillo, hecho que desató una fuerte controversia entre la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Mientras la ONPE sostuvo que el incidente se debió a una negligencia en el traslado del material y defendió la existencia de custodia oficial en el proceso, el presidente del JNE, Roberto Burneo, desmintió esta versión ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Burneo afirmó que las cajas fueron transportadas en vehículos particulares sin la presencia de fiscalizadores ni efectivos policiales y que el comunicado de la ONPE era falso en cuanto a la cadena de custodia. El JNE anunció que se están elaborando informes que serán remitidos a la Procuraduría para que determine las acciones correspondientes.
Este hallazgo refuerza la preocupación sobre el manejo del material electoral y la transparencia del proceso, en un contexto donde las autoridades buscan esclarecer los hechos y restablecer la confianza pública en el sistema democrático peruano.
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