Expertos califican como coima el dinero ofrecido por Rafael López Aliaga para pruebas de supuesto fraude electoral

El ofrecimiento de una recompensa de hasta 20.000 soles realizado por el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, a trabajadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) o del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a cambio de pruebas sobre un supuesto fraude electoral, encuadra en el delito de cohecho, advirtieron este jueves especialistas y políticos.

Los abogados Luis Vargas Valdivia, Roberto Pereira y Julio Arbizu coincidieron, en diálogo con el portal de investigación Epicentro TV, en que la conducta se ajusta a lo dispuesto en el artículo 397 del Código Penal, incluso si el mensaje en el que se formuló el ofrecimiento fue eliminado.

El apartado citado señala que “será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años” a quien “ofrece, da o promete a cualquier funcionario o servidor público”, “bajo cualquier modalidad”, un donativo, promesa, ventaja o beneficio para que realice u omita actos en violación de sus obligaciones.

El mismo artículo agrega que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años quien “ofrece, bajo cualquier modalidad, donativo, ventaja o beneficio para que el funcionario o servidor público realice u omita actos propios del cargo o empleo, sin faltar a su obligación”.

Los especialistas puntualizaron que “basta con que haya existido el ofrecimiento” para que pueda configurarse este delito.

El excongresista Sergio Tejada sostuvo, por su parte, que si un trabajador de la ONPE o del JNE “tiene pruebas de fraude está en la obligación de denunciar”, y que “si alguien le ofrece dinero para que realice u omita actos propios del cargo está cometiendo cohecho y está tipificado en el código penal”.

Tejada también señaló, en el mismo mensaje en X (antes Twitter), que el hecho debería merecer atención del Ministerio Público, donde López Aliaga ya ha sido denunciado penalmente por llamar a la “insurgencia” y pedir la nulidad de los comicios.

Para la congresista Ruth Luque, López Aliaga “quiere ‘comprar conciencias’ y, al mismo tiempo, desestabilizar las instituciones democráticas para sus fines políticos”.

“Dado que el JNE ha optado por el silencio y la pasividad, pese a los grotescos insultos y amenazas recibidos por parte del candidato Aliaga, buscan imponer un relato con dinero e interferir en el desarrollo electoral. La Fiscalía, ¿qué espera para investigar de oficio los delitos por perturbar e impedir el normal desarrollo del proceso electoral (artículo 354 del Código Penal)?”, señaló.

La exministra Anahí Durand opinó que el exalcalde de Lima y su partido “no saben perder y creen que el dinero lo compra todo”, por lo que, a su juicio, es “difícil consolidar la democracia con quienes respetan las reglas de juego solo cuando les favorece”.

Durand se ha dejado ver en los últimos días al lado del candidato Roberto Sánchez, quien arrebató a López Aliaga el segundo lugar en el escrutinio de las elecciones y se enfila a disputar la segunda vuelta contra Keiko Fujimori.

Tras la ola de críticas, Renovación Popular emitió un nuevo comunicado en el que solicita reportar “suplantación, adulteración en el conteo de votos y/o cualquier otra irregularidad”, con nombres, número de DNI, centro de votación y número de mesa, a un correo electrónico.