El avance desordenado de las ciudades, la presión de actividades agrícolas y el accionar de redes ilegales continúan poniendo en jaque a importantes vestigios del pasado peruano. En ese escenario, el Ministerio de Cultura decidió intervenir de manera inmediata para evitar daños irreversibles en zonas con alto valor histórico, muchas de ellas aún en proceso de reconocimiento oficial, pero con evidencia arqueológica significativa.
Mediante resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano, la entidad dispuso la protección provisional de seis sitios arqueológicos ubicados en Junín, Arequipa, Ica y Áncash, ante amenazas como invasiones, expansión urbana, huaqueo y deterioro natural. Estas medidas tendrán una vigencia inicial de dos años y permitirán ejecutar acciones urgentes como señalización, delimitación y coordinación interinstitucional, mientras se avanza en su declaración como parte del Patrimonio Cultural de la Nación.
Construcciones ilegales y expansión urbana ponen en riesgo zonas arqueológicas clave
Uno de los focos más críticos se ubica en la Zona Arqueológica Monumental Hatun Xauxa Sector 6, en el distrito de Sausa, provincia de Jauja (Junín). De acuerdo con los informes técnicos, se detectó la presencia de viviendas de ladrillo y cemento, cercos perimétricos y estructuras precarias dentro del área intangible, lo que representa una afectación directa al sitio. Además, se identificó el deterioro progresivo de muros con hornacinas trapezoidales, producto de factores naturales.
Ante este panorama, el Ministerio de Cultura ordenó la instalación de hitos de delimitación, señalización visible y la coordinación con autoridades locales y judiciales para detener nuevas ocupaciones. Estas acciones buscan frenar el avance de construcciones informales en una zona considerada clave por su valor histórico y arquitectónico.
En Arequipa, el paisaje arqueológico Lari Lari 1, ubicado en el distrito de Cayma, enfrenta una fuerte presión por el crecimiento urbano. Se reportó la construcción de edificaciones de hasta cinco pisos, apertura de vías asfaltadas y movimientos de tierra para proyectos inmobiliarios. Estas intervenciones afectan antiguos andenes agrícolas, estructuras que forman parte del legado prehispánico y que ya presentan desgaste por erosión eólica y lluvias.
Las disposiciones oficiales ordenan el cese inmediato de estas actividades, así como la señalización del área protegida para evitar nuevas intervenciones. El objetivo es preservar estos espacios frente a un crecimiento urbano que avanza sin planificación en zonas de alto valor arqueológico.
Huaqueo, agricultura intensiva y obras viales agravan el deterioro del patrimonio
En la región Ica, la situación también genera alerta. El sitio arqueológico Pampa Prieta, ubicado en el distrito de Humay (Pisco), presenta riesgos asociados a la expansión agrícola y urbana. Además, se identificaron estructuras colapsadas debido a la erosión natural. En paralelo, el paisaje arqueológico Carhuas 1B evidencia remoción de terrenos y la instalación de infraestructuras vinculadas a la actividad avícola, lo que compromete la integridad del área.
Frente a estos casos, se dispuso la paralización de actividades invasivas, el retiro de estructuras temporales y la implementación de señalización que advierta sobre la condición protegida de estos espacios. Estas acciones buscan contener el avance de actividades económicas que, sin regulación, pueden generar daños irreversibles.
En Áncash, el sitio arqueológico Sala Kaqa, en el distrito de Pamparomas (Huaylas), ha sido impactado por la apertura de una trocha carrozable y el avance de la frontera agrícola en zonas cercanas a recintos arqueológicos. La resolución establece la suspensión de nuevas intervenciones y la colocación de paneles informativos e hitos de delimitación para proteger el área.
Otro caso relevante se encuentra en Arequipa, en el sitio arqueológico PucaPuca, en el distrito de Tipán (Castilla). Allí se detectaron excavaciones clandestinas vinculadas al huaqueo, principalmente en estructuras funerarias. A ello se suma el deterioro natural de muros y elementos arquitectónicos, lo que incrementa el riesgo de pérdida de información histórica.
Las medidas adoptadas incluyen la vigilancia permanente, la coordinación con autoridades locales y el inicio de acciones legales para frenar estas actividades ilícitas. Asimismo, las Direcciones Desconcentradas de Cultura han sido encargadas de ejecutar labores de control y monitoreo en cada una de las zonas intervenidas.
Estas disposiciones forman parte de un proceso técnico más amplio que permitirá avanzar en la identificación, delimitación y declaración definitiva de estos espacios como integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, en medio de un contexto donde las amenazas sobre el legado arqueológico continúan en aumento en diversas regiones del país.
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