Un creador de contenido difundió expresiones racistas contra poblaciones del sur del Perú durante una transmisión en vivo, lo que motivó la intervención del Estado y el inicio de acciones legales. El caso se originó en la plataforma Kick, desde donde se emitieron comentarios ofensivos que luego se replicaron en redes sociales.
El caso adquiere relevancia por el alcance del canal desde el que se difundieron los mensajes y por el contexto social en el que se produjeron. Las plataformas de streaming concentran millones de usuarios y funcionan como espacios de interacción directa, sin filtros editoriales tradicionales. En ese entorno, los mensajes adquieren una circulación rápida y generan impactos que trascienden el espacio digital.
El pronunciamiento oficial del Estado se produjo a través del Ministerio de Cultura, que emitió un comunicado en el que fijó posición frente a lo ocurrido y detalló las acciones que impulsará ante las autoridades competentes.
Pronunciamiento oficial y acciones legales
El Ministerio de Cultura, mediante un comunicado, expresó su rechazo frente a las declaraciones difundidas durante la transmisión. En el documento, la entidad indicó: “Rechazamos las expresiones racistas emitidas por el ciudadano Cristopher Puente Viena durante una transmisión en su canal de Kick, “Cristorata7”, y reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural de nuestro país”.
El pronunciamiento también incluyó medidas concretas en el ámbito legal. Según el mismo comunicado, la Procuraduría Pública del sector trasladará el caso a la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos. El objetivo consiste en que se inicien las investigaciones preliminares correspondientes, conforme a lo establecido en el artículo 323 del Código Penal, que sanciona los actos de discriminación.
La intervención del Ministerio de Cultura se enmarca en sus competencias vinculadas a la promoción del respeto a la diversidad cultural y la prevención de prácticas discriminatorias. La actuación institucional busca activar los mecanismos previstos en la normativa vigente para este tipo de conductas.
Contenido difundido y alcance en plataformas digitales
El contenido que originó la reacción institucional se difundió durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick. En ese espacio, el creador de contenido realizó comentarios ofensivos dirigidos a poblaciones de regiones como Puno, Cusco y Ayacucho, con referencias despectivas vinculadas a su origen y características.
Durante la transmisión, se registraron frases como “andinos burros” y “serranos de m…”, además de alusiones ofensivas sobre la población de Puno. El contenido incluyó también referencias a Machu Picchu en un contexto de desprecio, lo que reforzó el carácter discriminatorio de los mensajes.
El material se replicó en redes sociales y alcanzó a un público amplio, lo que amplificó el impacto de las expresiones. La cuenta del creador acumula más de 687 mil seguidores, lo que incrementa la exposición de los mensajes difundidos.
El entorno digital permite que este tipo de contenidos circule con rapidez, sin barreras geográficas. La viralización posterior generó reacciones de rechazo en distintos espacios, lo que derivó en la intervención de entidades estatales.
Llamado a la responsabilidad en entornos digitales
El comunicado del Ministerio de Cultura incluyó un exhorto dirigido a la ciudadanía y, de manera específica, a quienes generan contenidos en plataformas digitales. En ese punto, la entidad señaló: “El Ministerio de Cultura exhorta a la ciudadanía en general, y de manera especial a los creadores de contenido y a los medios de comunicación digital, a ejercer un uso responsable del lenguaje y de las plataformas de difusión, evitando expresiones que promuevan o normalicen la discriminación”.
El llamado se dirige a un ecosistema digital donde la producción de contenido crece de forma sostenida y donde los creadores influyen en audiencias diversas. La responsabilidad en el uso del lenguaje se presenta como un eje central en la prevención de discursos que vulneren derechos.
La intervención estatal en este caso se inscribe en una discusión más amplia sobre la regulación de contenidos en internet y el rol de las plataformas frente a mensajes que pueden afectar a grupos específicos. El desarrollo de este proceso dependerá de las acciones que adopten las autoridades competentes en las siguientes etapas.
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