El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se pronunció este domingo 12 de abril tras la difusión del flash electoral a boca de urna de Ipsos, que ofrece una proyección preliminar sobre las Elecciones 2026 en Perú y lo ubica en un cuádruple empate técnico por el segundo lugar, con Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, en la primera posición.
En declaraciones a la prensa, el candidato responsabilizó tanto a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por no haber suspendido la publicación de los resultados a boca de urna pese a los daños ocasionados por el retraso y la falta de material electoral en Lima.
El candidato sostuvo que las irregularidades registradas habrían perjudicado directamente a Renovación Popular, restándole hasta 1,2% de los votos —unos cien mil votantes, según sus cálculos—, y calificó como ilegal que miles de ciudadanos no pudieran votar, lo que a su juicio afecta gravemente la legitimidad y transparencia del proceso electoral.
“Pedimos un pronunciamiento urgente al Jurado Nacional de Elecciones, de por qué ahora ya es cómplice de lo que está, lo que ha perpetrado la ONPE, ¿no? De ONPE ya teníamos sospechas, pero ya que por omisión el Jurado Nacional no haya suspendido la boca de urna, sabiendo que hay un daño”, declaró.
El partido presentó un reclamo ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), solicitando que se suspenda la elección hasta que se complete la entrega del material electoral y que se prorrogue el plazo de votación. Asimismo, ha pedido una vez más la renuncia de Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
“El señor Corvetto, jefe de la ONPE, debió renunciar y ser procesado. Hemos pedido que lo capturen por estar todavía en periodo de flagrancia del delito. Esto es más grave que cualquier antecedente, ni siquiera en Venezuela se ha visto un caso así”, afirmó Rafael López Aliaga. Agregó que, según la normativa, si hasta la medianoche del sábado el material electoral no estaba bajo custodia militar en los centros de votación, la elección debió ser suspendida.
Renovación Popular anunció que continuará exigiendo la investigación de las autoridades responsables y la nulidad de los resultados en los locales afectados, insistiendo en que se trata de un “fraude electoral único en el mundo”. En esa línea, convocaron a un plantón esta noche en los exteriores del JNE para denunciar fraude electoral en las Elecciones Generales 2026.
JNE amplia las elecciones hasta el lunes 13 de abril
El Jurado Nacional de Elecciones anunció minutos después en conferencia de prensa que las mesas de sufragio que no lograron instalarse ni recibir el material electoral durante la jornada del domingo 12 de abril, especialmente en Lima Metropolitana, podrán hacerlo hasta el lunes 13 de abril.
Esta medida excepcional responde a los graves problemas logísticos que obligaron al cierre de 211 instituciones educativas, afectando a más de 63 mil votantes que no pudieron ejercer su derecho al sufragio.
¿Qué ocurrió en las votaciones del 12 de abril?
Durante la jornada electoral, se registraron retrasos y ausencia de material electoral en numerosos locales, principalmente en Lima Sur (distritos como Villa El Salvador y San Juan de Miraflores) y sectores de Lima Oeste. Según la ONPE, la empresa responsable de la distribución incumplió con entregar oportunamente las cédulas, ánforas y equipos informáticos, lo que impidió la apertura de mesas desde las 7:00 de la mañana, como establece el cronograma oficial.
En colegios emblemáticos de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, largas filas y tensión marcaron la mañana, ya que cientos de ciudadanos permanecieron horas a la espera, sin poder votar. En algunos casos, el material electoral llegó recién al mediodía o nunca arribó, obligando a las autoridades a cerrar los locales ante el riesgo de incidentes y la frustración creciente de los electores.
La ONPE reconoció que un 13% de las mesas en Lima Metropolitana no pudo instalarse a tiempo, una cifra inusualmente alta en comparación a procesos anteriores. El JNE y la ONPE ofrecieron disculpas públicas y confirmaron el inicio de acciones legales contra la empresa Servicios Generales Galaga, encargada de la logística. Además, el Ministerio Público y la Contraloría han iniciado investigaciones para determinar responsabilidades administrativas y penales.
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