La crisis de inseguridad en la región La Libertad ya ha cobrado la vida de 49 personas, según el registro oficial del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Sin embargo, y a pesar de que la situación lleva años desarrollándose en distritos como Pataz, Virú y Trujillo; el Gobierno Regional aprobó recién en el año 2026, con dos años de tardanza, su Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana 2024-2027, un documento similar al del Plan Nacional de Seguridad, pero que solo tiene alcance dentro de la región.
Según las normas legales publicadas en el Diario El Peruano, el gobierno regional de La Libertad aprobó recién hoy, 9 de abril del 2026, el documento que debía aprobarse e iniciar su aplicación a nivel local desde el año 2024 y que rige la forma en la que se desarrollan las actividades de las autoridades para controlar el avance de la criminalidad en la región.
Esto apunta directamente contra la gestión del ex gobernador de La Libertad y ahora candidato presidencial de Alianza Para el Progreso, César Acuña Peralta, pues durante los más de dos años que duró su administración no se aprobó esta herramienta clave que podría aportar en la lucha contra el crimen en una de las regiones más afectadas por la inseguridad y que es el punto de origen de ‘Los Pulpos’, una de las organizaciones criminales que controla el negocio de la extorsión y el sicariato en la zona norte del país.
Gestión de César Acuña habría publicado un plan sin respaldo legal
Infobae Perú accedió al documento del Plan de Acción disponible en la web del Gobierno Regional de La Libertad y pudo verificar que, una versión del año 2024-2027 sí está publicada y en la primera página no se indica una fecha de validación por parte del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, ni de aprobación del Consejo Regional, ni tampoco la ordenanza regional que le da validez legal a la publicación que lleva la firma de César Acuña Peralta y está fechada en diciembre del 2023.
Este medio se comunicó con el exsecretario general del Conasec, el general PNP (r) Eduardo Pérez Rocha, quien indicó a este medio que la aprobación actual del Plan de Acción de La Libertad sería un intento por formalizar un documento que no podría haberse aplicado entre los años 2024 y 2025 porque no tendría una ordenanza regional para respaldarlo.
“El Plan de La Libertad que debía aprobarse durante la gestión de César Acuña no tenía respaldo legal. Es como si no existiera y como si La Libertad no hubiese tenido plan de seguridad ciudadana entre el 2024 y 2025, los mismos años en los que la inseguridad en la región explota”, indicó Pérez Rocha a este medio.
Pese a que el Plan de Acción de La Libertad 2024-2027 fue aprobado recién hoy, casi a mitad del 2026, Infobae Perú pudo notar que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) sí consideró como válida la presentación del documento que no contaría con respaldo durante la administración de César Acuña.
El documento titulado “Planes de acción regional aprobados y registrados en la Plataforma Digital del CONASEC (DRIVE) al 26 de noviembre 2024”, indica que el Gobierno de La Libertad sí presentó su Plan de Seguridad ese año pese a que la versión revisada por este medio no tenía aprobación.
Las actualizaciones mensuales posteriores, entre los meses de febrero a noviembre del 2025 y de enero a abril del 2026, indican que La Libertad, bajo la gestión de César Acuña y ahora con Joana Cabrera como gobernadora regional, sí actualizaron el Plan de Acción. Es por ello que el general PNP (r) Pérez Rocha consideró que su registro de cumplimiento sería irregular, pues el Conasec no tendría que haber permitido el registro de una herramienta que no fue aprobada previamente.
“Sería una irregularidad (...) Hay un problema de irregularidad y sobre todo desconocimiento total de la forma de dar información sobre este dispositivo (el Plan de Acción)”, indicó Pérez Rocha en conversación exclusiva con Infobae Perú.
Datos del 2017 son considerados en el Plan de Acción de La Libertad 2024-2027
El gobierno regional de La Libertad, liderado por César Acuña y Joana Cabrera, demoró tanto en aprobar su Plan de Acción de Seguridad Ciudadana que la información que presenta actualmente está desactualizada, al punto en el que ni siquiera se toman en cuenta los datos del censo nacional del año 2025. El registro del documento considera niveles de población correspondientes al censo del 2017, hace nueve años.
Incluso en el caso de indicadores clave como la cantidad de denuncias por violencia psicológica, violencia sexual, denuncias de secuestro, extorsión, delitos informáticos, entre otros; el Plan de Acción elaborado por la gestión de Acuña y aprobado en la administración de Cabrera, no refleja la realidad actual de la región, sino que solo considera información entre los años 2017 y 2022, una falla que no permite conocer el alcance real de los delitos que azotan a una región que pasó los siguientes tres años en medio de prórrogas de estados de emergencia por casos de sicariato y extorsión.
Responsabilidad política
Pérez Rocha indicó que la falta de la aprobación del Plan de Acción de Seguridad de La Libertad, ahora oficializada en el Diario El Peruano, habría llevado a la falta de su implementación y, por lo tanto, el entonces gobernador regional César Acuña es responsable político del incremento de la inseguridad en la región que administraba, al menos entre los años 2024 y 2025.
“No se puede presentar (ante el Conasec) algo que no tiene respaldo legal, que no tiene una ordenanza (regional). Claro que estamos hablando de una responsabilidad política directa”, indicó el general PNP a este medio.
Para fundamentar su afirmación, el ex general afirmó que los gobiernos regionales sí tienen injerencia en temas de seguridad ciudadana dentro de su jurisdicción pues la Ley orgánica de gobiernos regionales señala como parte de las funciones de los gobiernos regionales “planear, programar, ejecutar y formular directivas, supervisar y evaluar las actividades de seguridad ciudadana regional, en concordancia con la política nacional formulada por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec)”, según lo indica la Ley N° 27867, que modificó la ley de Gobiernos Regionales en 2010.
Sin embargo, “si no se aprobó el Plan (en 2024), no se puede aplicar, no puedes supervisar su cumplimiento y tampoco puedes reportar ante una autoridad alguna”, señaló Pérez Rocha. “Escucho a Acuña decir que ‘el gobierno regional no tiene nada que ver (en temas de seguridad ciudadana)’. Yo le digo: ‘aquí está la ley’”, finalizó.
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