Los campesinos de una comunidad de Catacaos (Piura), quienes denunciaron ante el Vaticano el intento de desalojo por parte de empresas vinculadas al disuelto grupo apostólico Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), celebraron este miércoles la apertura de un nuevo plazo dispuesto por el Vaticano para recibir denuncias de abusos cometidos dentro del grupo y de otras sociedades y asociaciones fundadas por el pederasta Luis Fernando Figari.
En un comunicado dirigido a la opinión pública, los integrantes de la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos resaltaron que, aunque la medida “no borra el sufrimiento”, representa “un hito histórico” al romper el “silencio estructural” y reconocer la ausencia de carisma en la institución.
“La Iglesia ha insistido en que las víctimas sean reparadas por aquellos que abusaron de nosotros, ya sea mediante indemnizaciones económicas o mediante compensaciones de cualquier otro tipo que ayuden a las víctimas en su proceso de sanación”, expresaron.
El grupo respondió al anuncio del sacerdote español Jordi Bertomeu, comisario apostólico encargado de la liquidación del SVC, quien atenderá a personas que se consideren “víctimas aún no resarcidas por abusos físicos, sexuales y espirituales" cometidos en entornos vinculados a Figari.
La Nunciatura Apostólica en Perú habilitará un “canal de primera escucha” en su sede de Lima, disponible del 4 al 22 de mayo, como parte de una nueva misión diplomática liderada por el sacerdote español para recibir en persona a nuevos denunciantes.
Para los comuneros, la apertura de este canal marca un cambio de paradigma. “Escuchar antes que defenderse, acoger antes que dudar, creer antes que descartar: este es el cambio de paradigma que celebramos hoy”, afirmaron, al tiempo que exigieron la exclusión de quienes fueron expulsados del Sodalicio, “cómplices” de Figari.
Los campesinos también expresaron respaldo a Bertomeu por el “acoso sufrido”, al igual que a León XIV, recordaron las campañas de difamación que enfrentó y solicitaron al pontífice que Figari no permanezca “oculto en una casa de retiro del Vaticano en Italia”, con goce de privilegios, como reveló la periodista Paola Ugaz, coautora de ‘Mitad monjes, mitad soldados’.
“Exigimos que todos los sacerdotes que pertenecieron al Sodalicio, además de dar señales de obediencia a su obispo, manifiesten públicamente su cercanía hacia nosotros, las víctimas, y su voluntad de querer ser verdaderos pastores con olor a ovejas y no a lobos”, añadieron.
El grupo pidió la entrega de toda información que permita sancionar a quienes utilizaron la Iglesia “para enriquecerse mediante empresas y cementerios gestionados por la organización”, y reclamó la devolución de sus tierras.
“Firmamos este comunicado con la convicción de que, al escuchar verdaderamente a las víctimas, la Iglesia se vuelve más fiel al Evangelio. Hoy, más que nunca, la verdad no se teme, la justicia no se retrasa y las víctimas no vuelven a ser silenciadas”, concluyeron.
Ugaz mencionó a Infobae Perú que se trata de un comunicado “importantísimo porque es la primera vez en todos estos temas de la Iglesia Católica que se va a poder reparar a víctimas despojadas de sus territorios”. Recordó que Francisco, en vida, envió un mensaje de apoyo a los campesinos y les instó a que “defiendan la tierra” y “no se la dejen robar”.
La periodista agregó que León XIV ha dado seguimiento cercano al caso, lo que considera “inédito y simbólico para víctimas de otras organizaciones de la Iglesia Católica en el mundo”.
En 2014, empresas del SVC iniciaron una acción civil solicitando el desalojo de esas tierras luego de que se dieran varios traspasos de propiedad que no son reconocidos por los campesinos y que representan cerca de 2.000 hectáreas terminaron en manos de ese grupo. La justicia local no ha resuelto el tema.
Unos 30 campesinos fueron acusados de usurpación, hurto agravado e incluso terrorismo mientras defendían sus tierras. Las causas fueron archivadas en 2022, confirmó a The Associated Press el abogado de los comuneros, Carlos Rodríguez.
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