El Vaticano habilita un canal en Lima para indemnizar a víctimas del Sodalicio con los bienes incautados tras su disolución

El Vaticano anunció la creación de un canal especial en Lima destinado a indemnizar a víctimas del grupo apostólico Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), envuelto en el mayor escándalo de abusos dentro de la iglesia peruana, tras la disolución y el embargo de sus bienes.

La decisión fue informada por el enviado especial de la Santa Sede, Jordi Bartomeu, designado como comisario apostólico para la supresión del SVC, mediante un comunicado difundido este jueves en la web oficial de la Conferencia Episcopal Peruana.

Bartomeu precisó que entre el 4 y el 22 de mayo de 2026 operará un “canal de primera escucha” en la sede de la Nunciatura Apostólica del Perú, un espacio dirigido a quienes consideren que “no recibieron una reparación adecuada”.

El comunicado detalla que se compensarán abusos físicos, sexuales y espirituales, cuando se haya utilizado información de la dirección espiritual en el ámbito externo. También se mencionan abusos de conciencia mediante prácticas sectarias orientadas a quebrantar la voluntad de subordinados, así como abusos de autoridad, incluyendo acoso laboral, encubrimiento de delitos institucionales, acceso indebido a comunicaciones y perjuicio económico.

El proceso de liquidación, iniciado en enero de 2025, abarca la representación legal de las instituciones disueltas, la revisión de casos de violencia o abuso relacionados con Luis Fernando Figari —pederasta fundador del Sodalicio— y otros miembros, y la compensación económica a las víctimas.

Las personas interesadas, según el comunicado, deben solicitar una cita telefónica (+51 913200064) o enviar su denuncia por correo electrónico (comisario.pontificio.scv@gmail.com), incluyendo datos personales y documentación de respaldo. No se aceptarán denuncias anónimas ni presentadas en nombre de personas fallecidas o de terceros.

El texto advierte que, tras el 22 de mayo, no se admitirán nuevas denuncias ni solicitudes de compensación. Una vez evaluados los casos, los resultados se comunicarán en un plazo mínimo de tres meses.

El Vaticano explicó que antes ya se habían tomado varias medidas importantes. Desde 2024, se expulsó a Figari y a otros miembros, y a inicios del año pasado Francisco decidió eliminar oficialmente las cuatro instituciones que él había fundado, porque consideró que no tenían un verdadero carisma de origen divino en sus integrantes.

El Sodalicio, fundado en 1971 por Figari, construyó un imperio económico de unos 1.000 millones de dólares en sectores como el inmobiliario, industrial, minero, educativo y sanitario, y, según investigaciones, habría usado paraísos fiscales en Panamá y las Islas Vírgenes para un presunto lavado de dinero..

En noviembre pasado, la Red de Sobrevivientes Perú denunció que la supresión “había sido una mentira” y solicitó León XIV, sucesor de Francisco, impulsar reformas inéditas, como la modificación del Código de Derecho Canónico, para prevenir nuevos casos de abuso y encubrimiento en la Iglesia católica.

La organización liderada por Jose Enrique Escardó, primer denunciante del SVC, sostuvo que se había dado una ‘supresión nominal’ y que, como en otros casos de abusos clericales, “la Iglesia cambiaba de lugar al agresor y todo seguía igual, silenciando así a las víctimas y exponiendo a nuevas poblaciones al mismo delito”.

No obstante, además de las medidas de indemnización anunciadas, Bartomeu ahora supervisará la situación de los sacerdotes del grupo, quienes no dependían de un obispo y tenían como superior a Figari, oculto actualmente en un sanatorio para ancianos en Roma.

El Vaticano revisará individualmente estos casos antes de reincorporar a los sacerdotes. “Si en algún caso se ha procedido a dicha incardinación sin contar con la previa autorización de la Santa Sede, el obispo interesado se servirá contactar al comisario apostólico para determinar el modo de proceder”, indica la nota.

Al final, la Santa Sede exhortó a “personas físicas, jurídicas o cualquier otra instancia a abstenerse de intervenir en el proceso en curso y evitar conductas que puedan dificultar el desarrollo de las acciones cuyo único objetivo es ofrecer reparación a las víctimas”.