Gobierno prorroga estado de emergencia en Lima y Callao ante la escalada de violencia a manos de sicarios y extorsionadores

La imparable escalada de asesinatos, extorsiones y otros delitos violentos en Lima Metropolitana y el Callao llevó al Gobierno a prorrogar por 30 días el estado de emergencia en ambas jurisdicciones.

La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 044-2026-PCM, busca contener el avance del crimen organizado y reforzar el control del orden interno, extendiendo las facultades excepcionales otorgadas a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a las Fuerzas Armadas (FF. AA.). En este contexto, según el Observatorio del Crimen y la Violencia, uno de cada cuatro peruanos ha sido víctima o conoce a alguien afectado por la extorsión solo en los últimos tres meses.

El decreto ratifica que las instituciones involucradas deberán financiar la implementación de acciones con sus respectivos presupuestos institucionales y asignaciones adicionales autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Al cierre del periodo de emergencia, el Comando de Coordinación Operativa Unificada tendrá cinco días hábiles para detallar los resultados obtenidos y remitirlos a diversas instancias del Estado.

Objetivos de la prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao

La decisión del Ejecutivo responde a la necesidad de contener la escalada delictiva en Lima Metropolitana y Callao, regiones donde se concentra la mayor incidencia de delitos violentos y extorsivos. Según el Decreto Supremo N.º 044-2026-PCM, la intervención de la PNP y las Fuerzas Armadas se efectúa conforme al marco legal vigente, que incluye el Decreto Legislativo N.º 1186 y el Decreto Legislativo N.º 1095, reguladores del uso de la fuerza y las operaciones conjuntas.

Las autoridades priorizan las zonas con mayor concentración de delitos, utilizando inteligencia, mapas del delito y otros instrumentos para definir los sectores de intervención. Esta focalización permite intensificar los operativos en áreas urbanas densamente pobladas y en corredores donde operan organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y el sicariato. El Peruano detalló que los recursos para estas acciones provienen del presupuesto institucional y de asignaciones extraordinarias aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

En el marco de la prórroga, el Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá presentar un informe sobre los resultados obtenidos durante el periodo de emergencia, que será remitido al Ministerio del Interior, la Presidencia de la República, el Congreso y el Poder Judicial, conforme establece el Decreto.

Qué derechos se restringen y qué actividades requieren permiso

La prórroga del estado de emergencia implica la aplicación del numeral 1) del artículo 137 de la Constitución, lo que conlleva la restricción o suspensión de derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. Estas medidas permiten a la PNP y las Fuerzas Armadas realizar intervenciones y detenciones sin necesidad de orden judicial en las zonas declaradas en emergencia.

En cuanto a las actividades públicas, el Decreto estipula que los eventos masivos de carácter religioso, cultural, deportivo y no deportivo requieren autorización previa de las autoridades competentes. Solo las actividades no masivas podrán realizarse sin permiso, conforme al Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones y la normativa vigente. El Peruano informó que la supervisión de estas actividades busca prevenir riesgos y garantizar el orden en espacios concurridos durante la vigencia de la emergencia.

Las disposiciones complementarias establecen la continuidad de las medidas ya vigentes en decretos anteriores, salvo excepciones específicas derogadas en el nuevo marco legal. Las restricciones se aplican exclusivamente en las jurisdicciones señaladas y durante el periodo establecido.

La extorsión afecta al 25% de peruanos y se expande fuera de Lima

El fenómeno de la extorsión mantiene niveles inéditos en el país. El más reciente reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia revela que uno de cada cuatro adultos declara haber sido víctima o conocer a alguien afectado por extorsión en los últimos tres meses, lo que equivale a más de seis millones de personas a nivel nacional. El Peruano destacó que la incidencia de la extorsión ha comenzado a desplazarse de Lima hacia regiones del centro, sur y oriente, así como a zonas rurales, fenómeno atribuido a la diversificación de las redes criminales.

El documento alerta sobre el crecimiento del “gota a gota”, modalidad de préstamo informal con prácticas extorsivas, que pasó de 15% en 2024 a 19% en 2025. Las estafas digitales y telefónicas también afectan a más de 6,6 millones de personas adultas, asociadas a la masificación de teléfonos móviles y redes sociales. El Peruano consignó que el sector transporte figura entre los más perjudicados, reportando 239 transportistas asesinados en 2025, según cifras oficiales de dicho medio, víctimas de redes de extorsión.

La respuesta estatal, aunque ha incrementado los operativos policiales exitosos contra el crimen organizado, enfrenta limitaciones estructurales y baja efectividad judicial. El informe del Observatorio subraya que la expansión territorial y la sofisticación de las modalidades delictivas exigen estrategias integradas y sistemas tecnológicos avanzados, como centros de comando y coordinación, aún no implementados plenamente en el país.