Perú se encuentra en el quinto superior de países más golpeados por el crimen organizado en el mundo

Perú se encuentra en el quinto superior de países más golpeados por el crimen organizado en el mundo, según datos del Observatorio de Delincuencia Organizada Global (Global Initiative Against Transnational Organized Crime), con sede en Ginebra, Suiza.

Los datos, recogidos y analizados por el Observatorio del Crimen y la Violencia del Banco de Crédito del Perú (BCP), revelan la profundidad del problema en un contexto marcado por unas elecciones generales a la vuelta de la esquina.

Perú en el “quinto superior” de criminalidad: Un liderazgo no deseado, según el BCP

El informe, presentado en Lima por Carlos Basombrío, investigador en seguridad y economías criminales, y Ricardo Valdés, gerente general de Capital Humano y Social, sitúa a Perú en el puesto 25 de 196 países en el índice global de crimen organizado.

Esta posición coloca al país dentro del 20% de naciones más afectadas por la criminalidad organizada a escala mundial. En la región, solo Colombia, México y Ecuador figuran en posiciones más críticas, entre los 20 primeros puestos del ranking.

El diagnóstico también evalúa la capacidad del Estado peruano para enfrentar el crimen organizado, a través del indicador de resiliencia, que contempla variables como liderazgo político, transparencia institucional, cooperación internacional, funcionamiento policial y mecanismos de control.

Según el análisis, Perú obtiene 4.46 puntos en resiliencia y ocupa el puesto 114 de 196 países, lo que lo sitúa fuera del quinto superior en este aspecto y refleja una respuesta estatal limitada frente al avance de las redes criminales.

Uruguay lidera la región con 7.46 puntos en resiliencia, mientras que la posición peruana lo ubica en la mitad inferior de la clasificación global, una situación calificada como “creciente y crítica”.

Perú habría alcanzado los 4.000 homicidios en 2025

El documento destaca que la expansión de las economías ilegales, la extorsión y el narcotráfico han elevado los niveles de violencia.

Más del 80% de los homicidios en Perú se cometen con armas de fuego, y en algunos distritos la tasa supera los 30 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

Las proyecciones del Observatorio estiman que los homicidios en Perú podrían llegar a 4.000 en 2025, lo que elevaría la tasa a 11,2 por cada 100.000 personas. Métodos de homicidio (2024):

• Arma de fuego: 1.357 casos
• Golpes/tortura: 82 casos
• Cuchillo/machete/objeto cortante: 60 casos
• Pedradas/objeto contundente: 26 casos
• Estrangulamiento/degollamiento: 13 casos
• Envenenamiento/pepeo: 9 casos

¿Por qué las políticas de seguridad en el Perú siguen siendo reactivas?

La percepción ciudadana, recogida en una encuesta de IPSOS incluida en el informe, confirma la gravedad del escenario: el 76% de la población identifica la extorsión y el cobro de cupos como los delitos más preocupantes, seguidos por corrupción (41%), violencia sexual (37%) y secuestro (35%).

El tráfico ilícito de drogas y la trata de personas generan preocupación en el 64% de los encuestados, mientras que la minería ilegal, el contrabando y la usurpación de terrenos también figuran entre los delitos más señalados.

Más policías, menos resultados

El informe advierte sobre la desigualdad en la distribución de recursos policiales y la falta de cobertura suficiente. En distritos como San Juan de Lurigancho, la presencia policial es de solo 0,36 efectivos por cada 300 habitantes, lejos de la recomendación internacional de la ONU.

Entre las recomendaciones, el Observatorio del Crimen y la Violencia del BCP propone convertir la seguridad en una política de Estado, independiente de los ciclos de gobierno, y dar prioridad al combate del crimen organizado y las economías ilegales, la reforma del sistema de justicia y el fortalecimiento de la Policía Nacional.

El documento también sugiere potenciar la inteligencia policial, mejorar la coordinación entre instituciones, integrar bases de datos y modernizar los sistemas de monitoreo y control territorial mediante el uso de big data e inteligencia artificial. Ejemplos citados, aunque ningún distrito alcanza el estándar internacional recomendado:

• Miraflores: 0,68 policías por cada 300 habitantes.
• Chorrillos: 0,49 policías por cada 300 habitantes.
• Villa María del Triunfo: 0,48 policías por cada 300 habitantes.
• San Juan de Lurigancho: 0,36 policías por cada 300 habitantes.
• Ate: 0,33 policías por cada 300 habitantes.
• Comas: 0,27 policías por cada 300 habitantes.
• Santiago de Surco: 0,27 policías por cada 300 habitantes.
• La Esperanza (Trujillo): 0,22 policías por cada 300 habitantes.
• El Porvenir (Trujillo): 0,18 policías por cada 300 habitantes.

¿Qué esperar de los próximos gobernantes?

Las expectativas frente al próximo gobierno reflejan la demanda de medidas concretas y sostenidas en materia de seguridad.

Según la encuesta citada, el 54% de los consultados considera prioritario combatir el crimen organizado y las economías ilegales, mientras que el 45% pide una reforma integral del sistema de justicia y el 44% exige el fortalecimiento de la Policía Nacional.

El informe recoge un ambiente de escepticismo: solo el 28% de la población se muestra algo optimista respecto a la capacidad del nuevo gobierno para enfrentar la inseguridad, en contraste con un 31% que expresa cierto pesimismo y un 5% que se declara abiertamente pesimista.

La ciudadanía reclama políticas integrales, continuidad en las estrategias y un compromiso real para revertir la tendencia al alza de la criminalidad.

Inseguridad ciudadana y el fracaso de la respuesta estatal

En el ámbito de las economías ilegales, el informe recomienda diseñar un nuevo sistema de formalización para la minería, establecer mecanismos de trazabilidad del oro y ofrecer alternativas económicas legales en zonas vulnerables.

Respecto a la trata de personas, alerta que el 86% de las víctimas son mujeres y niñas y advierte sobre el aumento de los delitos de explotación digital y la diversificación de las actividades criminales.

La presentación concluyó con la necesidad de campañas de prevención, la utilización de líneas de alerta como la 1820 para fraudes financieros y la implementación de sistemas de información ciudadana disponibles las 24 horas.

Basombrío y Valdés subrayaron la urgencia de una estrategia de seguridad de Estado capaz de afrontar la expansión del crimen organizado y la limitada resiliencia institucional de Perú frente a este fenómeno.