La segunda jornada del debate presidencial en Centro de Convenciones de Lima abrió con un tono centrado en la seguridad ciudadana y el combate a la corrupción. Desde las 8 p.m., once aspirantes a la presidencia expusieron propuestas ante el público y el Jurado Nacional de Elecciones, entidad encargada de la organización del encuentro. El contexto político sumó tensión a la jornada, con temas judiciales y casos de prófugos en agenda.
En ese escenario, la candidata Fiorella Molinelli presentó una de las intervenciones más comentadas de la noche. Su discurso incluyó anuncios directos sobre la captura de figuras buscadas por la justicia, lo que generó reacciones inmediatas entre analistas y participantes del debate.
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El intercambio de propuestas también incluyó críticas al sistema judicial y a la capacidad del Estado frente al crimen organizado. Las intervenciones se enfocaron en la necesidad de reformas estructurales y en medidas de impacto inmediato, según lo expuesto por los candidatos durante el evento.
Promesa de captura en 90 días
Durante su turno, Fiorella Molinelli afirmó: “En un plazo de 90 días, con apoyo de la DINI, capturaremos a Vladimir Cerrón y a Juan Silva para demostrar que la autoridad ha vuelto”. La referencia a la Dirección Nacional de Inteligencia colocó en el centro del debate el rol de los organismos de inteligencia en la lucha contra la criminalidad.
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La candidata también cuestionó propuestas que plantean sanciones extremas sin resolver problemas estructurales. En ese sentido, señaló: “¿Sabes qué es puro floro? Que te hablen de pena de muerte y de fusilar, cuando el poder judicial es incapaz de agarrar extorsionadores, violadores, deudores de alimentos”. En su intervención, insistió en la necesidad de fortalecer el sistema judicial como punto de partida.
Además, propuso la creación de una nueva unidad policial: “Trabajaremos para tener en un plazo, eh, de no más de cien días una nueva policía de investigaciones del Perú”. A esto sumó medidas como indemnizaciones para víctimas y acciones dirigidas a enfrentar mafias.
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Ausencia de Cerrón y contexto judicial
El debate se desarrolló con la ausencia de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, quien permanece en condición de prófugo desde el 6 de octubre de 2023. Según los datos disponibles a la fecha, acumula 900 días fuera del alcance de la justicia. Pese a esa situación, mantiene actividad en redes sociales como X y TikTok, donde difunde mensajes políticos.
El caso de Cerrón incluye órdenes de prisión preventiva vinculadas a investigaciones como el presunto financiamiento ilícito en el caso conocido como “Los Dinámicos del Centro”. El Ministerio del Interior elevó la recompensa por información que facilite su captura a 500 mil soles.
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La mención a Juan Silva también remite a procesos judiciales abiertos, lo que refuerza el peso del tema en el debate electoral. La presencia de nombres vinculados a investigaciones penales marcó parte de la agenda política en el evento.
Situación judicial de la candidata
Antes del inicio del debate presidencial, la jueza Fenirupd Leky Chagua Payano, del 30° Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de la Corte Superior de Justicia de Lima, dictó auto de enjuiciamiento en contra de Fiorella Molinelli y de otros doce imputados.
El proceso se relaciona con la concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero. Según el Ministerio Público, la candidata figura como autora del presunto delito de colusión agravada, tipificado en el artículo 384 del Código Penal. La acusación sostiene que participó en la aprobación de una adenda que generó ventajas económicas indebidas para la concesionaria.
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La Fiscalía solicita una pena de 10 años de prisión, además de inhabilitación por el mismo periodo y una multa equivalente al 25% de sus ingresos diarios durante 487 días. También plantea el pago solidario de más de 268 millones de dólares en favor del Estado. La Contraloría General de la República y peritajes oficiales respaldan la tesis de un perjuicio económico.
La defensa de Molinelli presentó informes periciales para cuestionar la existencia de daño patrimonial. Sin embargo, el juzgado consideró que la imputación cumple los requisitos legales para el inicio del juicio oral, con la participación de la Procuraduría como actor civil.
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