A meses del 28 de julio, José Balcázar afirma que redujo inseguridad mientras extorsión ya golpea a más de 6 millones de peruanos

En medio de un escenario marcado por el aumento de la inseguridad ciudadana en Perú y el avance del debate político de cara al cambio de gobierno, el presidente José María Balcázar aseguró que su gestión continúa enfocada en reducir los índices delictivos. Durante una entrevista radial, el mandatario defendió el trabajo que viene realizando el Ejecutivo, subrayando que, pese a los cuestionamientos, existen acciones en marcha que apuntan a generar resultados concretos antes del 28 de julio.

Las declaraciones se dieron en un contexto donde la criminalidad organizada, los ataques a transportistas y los hechos de violencia siguen generando preocupación en la ciudadanía, especialmente en Lima. Frente a ello, el jefe de Estado sostuvo que su administración no ha “bajado la guardia” y que, por el contrario, se encuentra ejecutando estrategias junto a la Policía y las Fuerzas Armadas para contener esta problemática que también impacta en la economía y la percepción de seguridad.

Gobierno asegura avances en plan contra la criminalidad

Durante el diálogo, Balcázar destacó la implementación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual —según indicó— se viene ejecutando con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas y nuevas herramientas tecnológicas. En esa línea, remarcó que el objetivo es dejar una base sólida para la siguiente gestión gubernamental.

“Silenciosamente estamos trabajando, porque ya verá usted los resultados que están bajando”, afirmó el mandatario, al insistir en que las acciones emprendidas ya estarían reflejando una disminución progresiva de los delitos. No obstante, reconoció que existen situaciones que surgen de manera imprevista, lo que impide una reducción inmediata de todos los casos.

El presidente también hizo énfasis en que la lucha contra la delincuencia en Lima es una prioridad, al tratarse de uno de los principales factores que afectan la inversión y la tranquilidad de la población. “Es uno de los grandes problemas que ahuyenta las inversiones y la tranquilidad”, señaló, al tiempo que destacó que el tema se mantiene en el centro de la agenda política.

En otro momento, el jefe de Estado defendió el trabajo articulado con su gabinete, resaltando el rol del presidente del Consejo de Ministros y del titular del Ministerio del Interior. “Tenemos un buen premier y un buen ministro del Interior que están dedicados exclusivamente a combatir este flagelo”, sostuvo.

Asimismo, Balcázar reveló que personalmente viene exigiendo resultados a las autoridades encargadas del sector. “Yo mismo estoy exigiendo todos los días para que nos traigan mejores resultados y podamos bajar sustancialmente esta ola que azota a Lima”, manifestó, evidenciando la presión interna en el Ejecutivo frente a la creciente demanda ciudadana por mayor seguridad.

Mientras tanto, la extorsión se expande y afecta a más de 6 millones de peruanos

En paralelo con las declaraciones del mandatario, un reciente informe del Observatorio del Crimen y la Violencia advierte que la extorsión en Perú ya alcanza al 25% de la población adulta, lo que equivale a más de 6 millones de personas afectadas directa o indirectamente en los últimos tres meses. El estudio revela que este delito no solo se mantiene como una de las principales amenazas, sino que además ha cambiado su comportamiento territorial, mostrando una ligera reducción en Lima, pero un crecimiento sostenido en regiones del interior y zonas rurales.

El reporte también evidencia la expansión de la criminalidad económica, con modalidades como el préstamo ilegal “gota a gota”, que pasó de afectar al 15% de la población en 2024 al 19% en 2025. A esto se suman las estafas digitales y telefónicas, que ya impactan al 27% de los adultos, impulsadas por el mayor uso de celulares, redes sociales y plataformas digitales. Estos delitos se concentran cada vez más fuera de la capital, donde la población tiene menos acceso a mecanismos formales de protección.

En ese mismo contexto, el documento advierte que la respuesta del sistema de justicia sigue siendo limitada. A pesar del aumento de denuncias, el número de personas encarceladas por extorsión se ha mantenido prácticamente sin cambios en los últimos años, lo que refleja dificultades en la investigación y sanción. Esta situación, sumada a la falta de infraestructura como sistemas integrados de seguridad, contribuye a la expansión del delito y a la percepción de impunidad en distintas zonas del país.