Paro indefinido en Lima y Callao: transportistas cansados de extorsiones y atentados evalúan medida extrema

Un sector importante del gremio de transporte urbano de la capital evalúa un paro indefinido ante el incremento de extorsiones, atentados y asesinatos que golpean a choferes y pasajeros durante las últimas semamanas, según confirmó el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, en una entrevista recogida por RPP.

La posibilidad de suspender el servicio de manera total gana fuerza entre las empresas formales, que denuncian una situación límite marcada por la violencia y la inacción estatal.

La inseguridad dejó de ser una preocupación exclusiva de los transportistas para convertirse en un drama cotidiano que alcanza a los pasajeros. El asesinato reciente de un chofer y dos pasajeros en una de las rutas conocidas como “rojitos” en San Juan de Miraflores ilustra la gravedad de la crisis.

“Ya casi es como si habláramos, lamentablemente, de un hecho tan cotidiano que empieza a dejar de ser noticia”, comentaron los transportistas.

Según Vargas, el hostigamiento de bandas criminales no se limita a los ataques físicos. “Desde hace mucho tiempo se empezó con el incremento del pasaje de las rutas que tenían que cubrir además esta diferencia que se venía cobrando cada vez mucho mayor por parte de los extorsionadores”, relató.

El dirigente explicó a RPP que los extorsionadores exigen pagos (“cupos”) en distintos distritos, presionando a las empresas y sus conductores bajo amenazas de violencia mortal.

Promesas y frustración

La falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades agudiza la crisis, según el gremio. “No ha cambiado absolutamente nada. Por el contrario, estamos en una situación más difícil”, afirmó Héctor Vargas.

El dirigente detalló que, pese a reuniones con funcionarios de alto nivel, la rotación constante de ministros del Interior y el traspaso de responsabilidades entre entidades han impedido avances concretos.

Un ejemplo reciente ilustra la descoordinación institucional. Mientras el ministro del Interior anunció la compra de cuarenta mil cámaras de vigilancia para unidades de transporte, al día siguiente el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró que la adquisición recaería en la municipalidad. “Finalmente, un tema que debió haberse hecho hace un año y medio”, lamentó Vargas.

La promesa de colocar cámaras de seguridad surgió en 2024, cuando el gremio inició las primeras paralizaciones por el avance de la criminalidad organizada. Hoy, el presidente de la Coordinadora sostiene que la tecnología resulta insuficiente frente a la magnitud del problema.

“Quizás en el 2024 era un método disuasivo que se podía utilizar, pero al día de hoy, después de que la criminalidad ha avanzado y ha crecido exponencialmente, creemos que se deben de tomar otras medidas”, declaró en la misma entrevista.

Extorsión sistemática

El fenómeno de la extorsión afecta la viabilidad de las empresas formales. Vargas describió cómo bandas criminales, muchas surgidas de la informalidad, se infiltran en el sector aprovechando el flujo constante de dinero.

“Primero era una banda, después dos, tres, de repente las mismas personas, pero formando diferentes grupos. Al día de hoy hay empresas que estamos siendo extorsionados por cuatro o cinco empresas”, expuso el dirigente.

La presión financiera se agrava por la disminución de las flotas operativas. “Si yo tengo cincuenta unidades, solamente están trabajando el treinta al cuarenta por ciento. Y eso está generando un problema de carácter financiero, económico”, explicó Vargas. Muchas empresas han debido devolver vehículos y negociar deudas con bancos, sin lograr evitar una crisis que amenaza la continuidad del servicio.

Intentos legislativos

El gremio presentó una propuesta legislativa para crear una unidad de élite capaz de enfrentar la criminalidad con la coordinación de la policía, el poder judicial y la fiscalía. La iniciativa fue acogida por el Congreso y el Ejecutivo, pero el reglamento surgido de su aprobación distorsionó los objetivos originales, según denunció el dirigente.

“Resulta que el reglamento no tiene nada que ver con la creación de la unidad de élite. Primero, no le han dado presupuesto a esta unidad”, explicó Vargas. Añadió que la supervisión del proceso quedó en manos de una comisión ajena a la materia, lo que impidió avances reales.

Advertencia de paro total

El gremio ha realizado cinco paros previos en Lima con una sola demanda principal: el respeto al derecho a la vida y la integridad física. Hoy, la situación financiera y la inseguridad empujan a las empresas hacia un escenario crítico.

“Si no se toman medidas inmediatas, como ya han quebrado algunas empresas, vamos a quebrar todos y la ciudad se va a quedar desabastecida. ¿La responsabilidad de quién es? Del Estado”, sentenció Vargas.

La decisión sobre el inicio del paro indefinido dependerá del resultado de las conversaciones en curso con las nuevas autoridades. El dirigente subrayó que el principal reclamo ya no es económico. “Primero es el derecho a la vida”, enfatizó. La expectativa y la preocupación crecen entre los usuarios del transporte público mientras el sector espera una respuesta que evite una paralización total en Lima y Callao.