La posibilidad de que la exprimera ministra Betssy Chávez obtenga un salvoconducto para salir del Perú rumbo a México será evaluada este miércoles 13 de marzo por el Poder Judicial. El Décimo Juzgado Constitucional de Lima analizará un hábeas corpus presentado por el ciudadano Rubén Serpa Valdez, quien solicita la entrega inmediata del documento que permitiría a la exfuncionaria, condenada a 11 años y cinco meses de prisión por conspiración para la rebelión, abandonar el país bajo protección diplomática.
El recurso judicial, que será revisado en audiencia virtual programada para las 10:30 a.m., alega la presunta vulneración de la libertad personal de Chávez y de derechos conexos, así como un riesgo de intervención sobre la embajada mexicana en Lima. El demandante argumenta que las declaraciones públicas del entonces presidente José Jerí, quien manifestó la posibilidad de un ingreso forzado a la sede diplomática para ejecutar la captura de Chávez, constituyen una amenaza real y grave. Según el documento, tales afirmaciones contradicen el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que garantiza la inviolabilidad de las sedes diplomáticas extranjeras.
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La demanda de hábeas corpus plantea que el Estado peruano, a través de la Presidencia, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior, estaría vulnerando tanto derechos individuales como compromisos internacionales al mantener la orden de captura y la negativa a otorgar el salvoconducto. El recurso también solicita medidas adicionales de protección para la sede diplomática mexicana y sus ocupantes, requiriendo la abstención de cualquier acto material de ingreso, captura o intervención dentro de la embajada.
La solicitud de salvoconducto para Betssy Chávez surge en el contexto de su asilo concedido por el Gobierno de México el 3 de noviembre de 2025, tras ingresar a la embajada mexicana en Lima antes de ser sentenciada por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022. Ese mismo día, el Gobierno peruano anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México, calificando el acto de “inamistoso” e intervencionista.
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Alcance y detalles del hábeas corpus presentado
El recurso presentado no se limita a la solicitud de salvoconducto. También exige al Poder Ejecutivo y a la Policía Nacional abstenerse de realizar cualquier operativo de captura, ingreso o intervención dentro de la embajada mexicana. El objetivo es proteger la inviolabilidad del recinto diplomático conforme a tratados internacionales, en particular la Convención de Viena, y evitar cualquier medida coercitiva que pudiera vulnerar la inmunidad diplomática.
Entre las medidas adicionales solicitadas se incluye la imposición de multas coercitivas y la posibilidad de denuncias penales por desacato contra cualquier funcionario que intente ejecutar órdenes judiciales dentro de la sede diplomática. El demandante pide, asimismo, que se retire la vigilancia y cualquier acto de hostigamiento por parte de las autoridades peruanas en los alrededores de la embajada, para evitar presiones indebidas sobre el personal diplomático y sus ocupantes.
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