El Ministerio Público inició diligencias urgentes en la región Cusco con el objetivo de determinar las causas y responsabilidades tras la fuga de gas acompañada de una deflagración en una estación de válvulas del yacimiento de Camisea, incidente que impactó de forma inmediata en el suministro nacional y motivó la declaración de emergencia nacional para el abastecimiento de gas natural.
Las primeras investigaciones, encabezadas por el fiscal provincial Óscar Santiago Benavides Luna, especializado en materia ambiental, se desplegaron en horas de la madrugada hasta el kilómetro 43 del eje energético en el distrito de Megantoni. De acuerdo con el Ministerio Público, el funcionario verificó en campo las condiciones del ducto dañado y coordinó evaluaciones orientadas a medir la calidad del aire, así como eventuales impactos sobre la flora, fauna y suelos circundantes.
El incidente obligó a suspender la inyección de gas y el transporte de líquidos procedentes de Camisea, lo que redujo la capacidad de movimiento a 70 millones de pies cúbicos diarios y generó el inmediato racionamiento del suministro tanto para el consumo doméstico como para la exportación.
Ministerio Público despliega operativo técnico y ambiental en la zona afectada
Tras informarse del incidente, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Convención-Cusco (Segundo Despacho) desplazó un equipo encabezado por Benavides Luna a la estación de válvulas en Saringabeni, con asistencia de especialistas de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), así como de personal técnico.
El trabajo fiscal se focalizó en la inspección visual y recolección de pruebas materiales que permitan esclarecer el mecanismo de la fuga, así como verificar si hubo manipulación indebida o deficiencias de mantenimiento en la infraestructura propiedad de Transportadora de Gas del Perú (TGP).
Uno de los ejes centrales es determinar la existencia de afectación ambiental, para lo cual se ejecutaron mediciones de aire y toma de muestras en sectores donde la población reportó un fuerte olor a gas y reacciones adversas como mareos y malestar general.
El equipo interdisciplinario tomó registros técnicos y testimonios de los residentes del asentamiento rural de Saringabeni, quienes relataron los momentos de tensión vividos tras la deflagración. Autoridades municipales y de salud fueron alertadas para intervenir en las inspecciones preventivas solicitadas por la población local.
Pobladores de la selva de Cusco registraron el momento exacto de una masiva fuga de gas que provocó una enorme llamarada en el cielo. El incidente, ocurrido en una tubería del gasoducto, generó gran preocupación en la zona. Video: La Última
Perú declara emergencia del suministro de gas natural tras deflagración
El Ministerio de Energía y Minas emitió una resolución declarando en emergencia el suministro de gas natural a nivel nacional desde el 1 hasta el 14 de marzo, debido a la magnitud del incidente y el alto nivel de dependencia energética del país respecto al yacimiento de Camisea, considerado el mayor productor peruano y uno de los más relevantes en América Latina.
La emergencia afecta los sistemas de producción, transporte y distribución mediante ductos, priorizando durante la vigencia de la medida el abastecimiento para consumo interno y restringiendo la venta para vehículos particulares en Lima. La disposición abarca a las empresas Pluspetrol Perú Corporation, Transportadora de Gas del Perú (TGP), Gas Natural de Lima y Callao, Contugas, Gases del Pacífico, Petroperú, Perú LNG, y entidades reguladoras como Osinergmin y el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES).
La Dirección General de Hidrocarburos debe implementar el mecanismo de racionamiento, mientras que Osinergmin quedó facultado para ejecutar la supervisión estricta de todas las operaciones energéticas y garantizar el cumplimiento de la emergencia. La reducción inmediata de la capacidad de transporte a 70 millones de pies cúbicos diarios, constituye un déficit frente a la demanda nacional promedio y limita tanto el abastecimiento local como la exportación.
El impacto de la emergencia se evidenció el 3 de marzo en las estaciones de servicio, donde se registraron largas colas para adquirir Gas Natural Vehicular (GNV). Conductores, principalmente taxistas, expresaron su malestar ante la medida que limitará el acceso durante dos semanas, recordando que los vehículos menores quedaron excluidos de la lista prioritaria para el abastecimiento de este combustible.
Deflagración en Camisea
La deflagración registrada la mañana del 1 de marzo en el kilómetro 43 del gasoducto operado por TGP, en la estación de válvulas de Saringabeni, activó todas las alarmas de emergencia en el distrito de Megantoni. La empresa informó que a las 11:00 activó su plan de respuesta y desplegó equipos especializados para controlar el evento y contener la fuga, procedimiento que fue coordinado con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el grupo local de Defensa Civil.
El incidente paralizó temporalmente la operación de las principales centrales termoeléctricas en Lima, entre ellas Fenix Power, Kallpa Generación, Termochilca y Enel Generación, dependientes del flujo permanente de gas natural de Camisea. Como consecuencia, el costo de la energía en el mercado mayorista se disparó desde niveles habituales de USD 30 a USD 40 por megavatio hora (MWh) hasta superar los USD 200 por MWh en pocas horas, forzando la entrada en funcionamiento de centrales a diésel y de la reserva fría del sur, como Mollendo e Ilo.
El corte del suministro energético generó también preocupación sanitaria en las localidades cercanas. Residentes de Saringabeni comunicaron a las autoridades locales la presencia prolongada de olores intensos y la aparición de síntomas físicos entre habitantes, lo que llevó a solicitar la presencia de personal médico y de salud pública para descartar afectaciones más graves.
Durante las primeras horas posteriores al evento, efectivos del Ejército peruano realizaron un acordonamiento preventivo en la zona afectada, mientras técnicos y operadores evaluaban la integridad del gasoducto y la presencia de posibles puntos de riesgo. La empresa TGP reiteró que permanece a disposición de las autoridades para brindar información y facilitar la investigación, al tiempo que garantizó la ejecución de medidas de seguridad y el proceso de limpieza y remediación ambiental.
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