La minería ilegal en Madre de Dios volvió a recibir un duro golpe. En un operativo ejecutado en el sector Hilaria, en el distrito y provincia de Tambopata, el sector Defensa asestó pérdidas económicas superiores a S/ 28 millones a esta actividad ilícita que continúa depredando la Amazonía peruana.
La intervención se realizó el 18 de febrero de 2026 y contó con la participación de la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía del Ejército del Perú, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA). La operación tuvo como objetivo frenar el avance de campamentos y maquinaria destinados a la extracción ilegal de oro, una práctica que genera graves impactos ambientales y económicos en la región.
Operativo en Tambopata deja millonarias pérdidas a la minería ilegal
En la acción participaron efectivos del Batallón de Infantería de Protección de la Amazonía N.° 613, quienes, junto a agentes policiales y representantes del Ministerio Público, interdictaron e inutilizaron infraestructura clave para la actividad ilícita.
El despliegue permitió la incautación y posterior destrucción de seis motores marca Deutz, 14 motores sumergidos, ocho pozas y 20 balsas utilizadas para la extracción aurífera. Además, se hallaron 20 tracas hidráulicas, 20 tracas mecánicas, 20 bombas de succión y 11 campamentos rústicos instalados en la zona intervenida.
La operación también incluyó la destrucción de 20 bases metálicas para succión, 36 mangos, 12.000 metros de alfombra, 8.000 metros de manguera de arrastre, 20 fajas transportadoras y 15.000 metros de tubo de metal. A ello se sumaron 2.500 cilindros metálicos vacíos y diverso material logístico empleado para sostener la actividad extractiva ilegal.
De acuerdo con la valorización oficial, el total de bienes incautados asciende a S/ 28 003 870, monto que representa un fuerte impacto en la economía de la minería ilegal en Madre de Dios, una de las principales problemáticas ambientales del país.
Todo el material decomisado fue destruido conforme al marco legal vigente y por disposición del Ministerio Público, como parte de las acciones de interdicción que buscan impedir la reutilización de equipos y estructuras para continuar con la explotación ilícita.
Desde el sector Defensa se informó que las operaciones conjuntas contra la minería ilegal continuarán desarrollándose de manera sostenida en la región amazónica. Las autoridades mantienen el despliegue de efectivos en puntos estratégicos de Tambopata, zona considerada crítica por la presencia de campamentos clandestinos y maquinaria pesada vinculada a la extracción de oro sin autorización.
Estas intervenciones forman parte de la estrategia estatal para enfrentar la minería ilegal en la Amazonía, actividad que no solo genera millonarias pérdidas económicas, sino también graves daños ambientales en áreas de alta biodiversidad.
Minería ilegal opera en las 25 regiones y mueve miles de millones en economía clandestina
El alto comisionado para el combate de la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, advirtió que esta actividad ilícita ya no se concentra en focos específicos, sino que tiene presencia en las 25 regiones del país. Aunque el fenómeno es nacional, precisó que existen zonas donde la situación es particularmente crítica, como Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Ucayali, Huánuco, Pataz (La Libertad) y Puno, territorios donde la expansión de economías ilegales ha generado impactos ambientales y sociales de gran magnitud.
En términos operativos, el Estado ha intensificado las acciones de interdicción minera en los últimos años. Durante el 2024 se realizaron 745 operativos en todo el país, con bienes incautados o destruidos valorizados en más de S/ 2.240 millones. La cifra aumentó en el 2025, cuando se ejecutaron 1.037 intervenciones, alcanzando un valor cercano a S/ 4.000 millones en maquinaria, insumos y equipos vinculados a la extracción ilegal de oro, lo que evidencia el tamaño económico del negocio clandestino.
Además, desde el 2023 funciona una comisión multisectorial integrada por nueve ministerios y cinco entidades del Estado que trabaja en tres frentes: formalización, erradicación y recuperación ambiental. Como parte de ese proceso, se depuraron más de 50 mil registros mineros que no desarrollaban actividad real, reduciendo el padrón a aproximadamente 31 mil inscritos. Paralelamente, se vienen implementando puestos de control en zonas estratégicas como Pataz y un sistema de trazabilidad para identificar el origen del mineral, apoyado en análisis geológicos, imágenes satelitales y pruebas de laboratorio.
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