José Jerí destituido por el Congreso: Lo que prometió en 130 días en la presidencia y no cumplió

La destitución de José Jerí, tras poco más de cuatro meses en el cargo, se produjo tras alcanzar los votos requeridos en el Pleno Extraordinario del Congreso de la República luego de una serie de situaciones que involucran al ahora exmandatario como la investigación fiscal por presunto tráfico de influencias.

Jerí se convirtió en el séptimo presidente en dejar el cargo en la última década, en un contexto de creciente desconfianza pública. Su situación se agravó con denuncias sobre contrataciones e ingresos irregulares de mujeres en Palacio de Gobierno, realizadas bajo el Fondo de Apoyo Gerencial, lo que contribuyó a un desplome en su popularidad. Según Ipsos e Imasen, la desaprobación alcanzó el 61% y el 70,4%, respectivamente.

La crisis se profundizó tras la difusión de imágenes donde Jerí fue captado ingresando encapuchado a un restaurante junto a empresarios chinos, episodio conocido como Chifagate.

Además, reportajes sobre su vida privada revelaron fiestas con congresistas, ministros y personas vinculadas a una presunta red de prostitución en el Parlamento, así como la filtración de mensajes e imágenes con colaboradoras que luego accedieron a contratos estatales. Todo esto acentuó la percepción de falta de transparencia y ética en su gestión.

Las promesas de José Jerí

Durante su corto mandato, José Jerí hizo hincapié en la seguridad ciudadana como eje central de su gestión. Una de sus principales promesas fue reformar la estrategia nacional contra el crimen, criticando los planes anteriores por su desconexión con la realidad.

Según sus declaraciones, el mandatario anunció que el jueves 12 de febrero presentaría ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) un nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

El plan, según Jerí, estaría basado en indicadores de desempeño estrictos para la Policía Nacional del Perú (PNP), municipios y la Fiscalía.

Además, prometió la consolidación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), entidad encargada de centralizar el control de los penales y eliminar los puntos ciegos administrativos, como la dificultad para bloquear señales de celular en los establecimientos penitenciarios.

Homicidios, sicariato y extorsión

De acuerdo al ingeniero y analista de datos, Juan Carbajal, el registro de homicidios durante el Gobierno de José Jerí alcanzó los 722 casos, según datos oficiales del SINADEF, marcando el mayor promedio diario de asesinatos en comparación con administraciones anteriores. De mantenerse la tendencia hasta el término del mandato de transición, previsto para el 28 de julio de 2026, la cifra podría bordear los 1.700 homicidios, una proyección que podría ser incluso mayor debido a posibles subregistros y muertes violentas que no son oficialmente contabilizadas.

A este panorama se suma la preocupación por el manejo de las denuncias por extorsión. El Ministerio Público informó que en enero de 2026 se presentaron 1.928 denuncias por extorsión a nivel nacional, mientras que el sistema SIDPOL de la Policía Nacional del Perú (PNP) solo consignó 1.193 casos. Este desfase de más de 700 denuncias no registradas supera el 60% respecto a lo reportado por el Ministerio Público. En Lima Metropolitana, la brecha persiste: el Ministerio Público registró 774 denuncias y el SIDPOL solo 502, lo que representa un desfase superior al 50%.

Resulta llamativo que los registros del SIDPOL de la PNP muestran una reducción abrupta de denuncias desde octubre de 2025, tendencia que contrasta con los datos del Ministerio Público, que evidencian un repunte en enero de 2026 respecto a diciembre del año anterior.

El Gobierno de José Jerí expuso estos registros el 22 de enero, sugiriendo que la disminución de denuncias sería resultado de las medidas contra la inseguridad. Sin embargo, el abismal desfase en los sistemas oficiales siembra dudas sobre la real magnitud de la crisis y la efectividad de las acciones estatales frente al crimen.