Tráfico de influencias sería el delito cometido por José Jerí tras reuniones clandestinas, señala especialista

Las imágenes de dos reuniones reservadas entre el presidente del Congreso y mandatario interino, José Jerí, y el empresario chino Zhihua Yang han desatado una tormenta política y jurídica. Para el abogado penalista Benji Espinoza, los encuentros reúnen los elementos suficientes para que la Fiscalía investigue un presunto delito de tráfico de influencias, al tratarse de un funcionario con poder de decisión que se habría reunido en secreto con un empresario con contratos activos con el Estado.

En entrevista con Exitosa Noticias, Espinoza explicó que el Ministerio Público, ante una “sospecha inicial simple”, está obligado a abrir una investigación preliminar.

“Yo veo acá una posible comisión del delito de tráfico de influencias. La Fiscalía debería abrir una investigación contra José Jerí y contra el empresario Yang”, sostuvo.

Según detalló, la Fiscalía puede realizar dos diligencias inmediatas pese a la protección constitucional que ampara al presidente del Congreso mientras ejerce funciones:

• Tomar la declaración de Jerí, quien ha manifestado su disposición a explicar los hechos.
• Solicitar toda la documentación vinculada a las reuniones: registros de visitas, participantes, temas tratados y posibles contratos relacionados.

Luego de ello, la investigación contra Jerí tendría que suspenderse hasta que deje el cargo, aunque podría continuar plenamente respecto al empresario.

Los contratos que alimentan la sospecha

Espinoza señaló que Yang mantiene contratos con el Estado, entre ellos un proyecto hidroeléctrico en Apurímac cuya entrega estaba prevista para mayo de este año, pero que presenta escaso avance físico.

“Ahí podría existir un favorecimiento. Por eso digo que la hipótesis de tráfico de influencias es la que mejor se adecua al caso”, explicó.

El penalista advirtió que la finalidad principal de una investigación temprana es evitar la pérdida de pruebas.

Versiones cambiantes y cuestionamientos públicos

La polémica creció tras difundirse un segundo encuentro entre Jerí y Yang. Horas antes, el presidente interino publicó un video en redes sociales ofreciendo disculpas y afirmando que actuó de buena fe.

Sin embargo, sus explicaciones no convencieron a juristas ni a sectores políticos. Para Espinoza, la conducta es incompatible con la investidura presidencial.

“Ir encapuchado, ocultando su identidad, y ahora aparecer en otra reunión, es una conducta inaceptable para un presidente”, afirmó.

La vía política: censura en el Congreso

El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi señaló que el Congreso podría iniciar una moción de censura contra la mesa directiva, enfocada en el presidente del Parlamento.

“El procedimiento es más simple que una vacancia. Basta una sola firma para presentarla y se aprueba con mayoría simple de los presentes”, explicó.

Rospigliosi consideró que el mensaje de Jerí a la nación fue insuficiente:

“No solo debió reconocer su inconducta, también debió dimitir al cargo”.

Segundo empresario y fallas en seguridad

El escándalo se agravó al conocerse que Jerí también se reunió en Palacio de Gobierno con Ji Wu Xiaodong, otro empresario chino con orden de arresto domiciliario.

Rospigliosi indicó que este ingreso solo pudo ser autorizado por una persona de muy alto nivel, lo que pone en entredicho los protocolos de seguridad del Estado.

Reacciones políticas

El congresista Edgar Málaga anunció que impulsará una moción de censura en las próximas horas.

“Las señales estaban ahí. Hoy toca corregir ese grave error. Buscaré las firmas para censurarlo si no renuncia por el bien del país”, escribió en redes sociales.

Un escenario abierto

Para Benji Espinoza, el país enfrenta un escenario institucional delicado: un presidente interino cuestionado, un Congreso fragmentado y elecciones cercanas.

“No es solo un problema legal. Es un problema político, ético y de credibilidad del Estado”, sostuvo.

Mientras tanto, la Fiscalía aún no ha anunciado formalmente la apertura de una investigación, pese a que —según el penalista— ya existirían los elementos mínimos para hacerlo.