El Gobierno peruano puso en marcha la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos 2026-2030 (ENGD), una iniciativa que obliga a todas las entidades públicas a tratar la información estatal como un activo estratégico y a normalizar su gestión bajo estándares modernos de interoperabilidad y seguridad.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 049-2026-PCM, firmada el 13 de febrero y publicada este domingo en el Diario Oficial El Peruano.
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Nueva hoja de ruta para la información estatal
La ENGD establece un marco de referencia obligatorio para organismos de la administración pública nacional, gobiernos regionales y locales, así como empresas públicas bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).
El sector privado podrá considerar sus lineamientos como referencia para proyectos basados en datos. El objetivo central es mejorar la calidad, la interoperabilidad, la seguridad y la trazabilidad de la información, en línea con la política nacional de transformación digital.
La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) asumirá la conducción y supervisión de la estrategia. Cada entidad pública deberá articular sus metas institucionales con los objetivos de la ENGD y elaborar un Plan de Acción de Gobierno de Datos.
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Este instrumento debe contener un diagnóstico de la situación interna de los datos, los objetivos, resultados esperados, proyectos priorizados, cronograma, responsables y recursos, con un horizonte temporal mínimo de tres años.
Obligaciones y control institucional
La aprobación y el seguimiento de los planes de acción recaerán en el Comité de Gobierno y Transformación Digital de cada entidad, con participación obligatoria del Oficial de Gobierno de Datos (OGD), quien debe acreditar experiencia y conocimientos en gestión de datos o gobierno digital.
La ENGD exige que estos funcionarios reporten trimestralmente el avance de los planes y velen por la coherencia entre la gestión de datos y el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.
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La estrategia introduce la “Plataforma de Cumplimiento Digital”, una herramienta donde cada entidad deberá registrar sus progresos y el grado de avance de sus compromisos. La SGTD realizará la supervisión general y podrá compartir los resultados con entidades como la Contraloría General de la República, para fines de control y mejora continua.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas acarreará responsabilidad administrativa, conforme al régimen disciplinario vigente.
Participación multisectorial y financiamiento
La implementación de la ENGD no demandará recursos adicionales al Tesoro Público. Cada entidad deberá financiarla con su propio presupuesto institucional, ajustando sus prioridades y recursos internos.
La estrategia se elaboró con la intervención de instancias del sector público, la academia, el sector privado y la sociedad civil, y podrá actualizarse cada dos años para adaptarse a la evolución tecnológica y normativa.
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La PCM convocará espacios de diálogo abiertos a actores relevantes del ecosistema digital nacional, buscando articular mejoras continuas para la estrategia y asegurar que la modernización de la gestión de datos se traduzca en mayor eficiencia, mejor atención ciudadana y reducción de riesgos asociados al uso inadecuado de la información estatal.
Hacia una administración pública basada en datos
La aprobación de la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos 2026-2030 representa un paso para consolidar la gestión basada en información confiable, segura y disponible para la toma de decisiones.
Las entidades públicas deberán incorporar esta visión en sus políticas, proyectos y procesos, alineando sus acciones con los lineamientos nacionales y reportando avances de forma periódica. El enfoque busca que los datos del Estado sean gestionados como activos estratégicos en todos los niveles de gobierno.
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