El abogado Wilfredo Robles Rivera irrumpió en el debate público peruano como el gestor de la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que califica de “arbitraria” la detención del expresidente Pedro Castillo y recomienda su liberación inmediata.
Fue Robles quien, en 2023 y con el respaldo de la Red Nacional de Derechos Humanos, presentó ante ese organismo la comunicación que derivó en el dictamen, difundido esta semana y que reavivó la presión sobre el gobierno del presidente José María Balcázar para conceder un indulto o gracia presidencial al exmandatario.
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La aparición pública del letrado en medios locales trajo consigo una serie de preguntas sobre su trayectoria y sus vínculos con Sendero Luminoso. La Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú (PNP) lo tiene registrado desde 1992, cuando fue detenido con explosivos junto a dos integrantes de una célula senderista. Tras su salida del penal, apoyó la inscripción del brazo político de esa organización ante las autoridades electorales y patrocinó a procesados por terrorismo en distintos casos judiciales.
El expediente policial y los años en prisión
La Dircote tiene registrado a Robles Rivera desde el 23 de julio de 1992, cuando fue detenido junto a Jacinto Illanes Bautista y Amador Oré Durán en posesión de dos cargas de dinamita y documentación vinculada a Sendero Luminoso. El entonces jefe de la Dircote, Óscar Arriola, detalló a Exitosa que los tres formaban una célula terrorista responsable de explosiones los días 22 y 23 de ese mes. El caso quedó plasmado en el atestado número 169 de 1992, en el que Robles aparece identificado como el “camarada Aldo”.
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El coronel en retiro Max Anhuamán, exjefe de la Inteligencia Nacional, precisó que el abogado fue señalado directamente por uno de sus camaradas como receptor de los explosivos. “Se estableció en el documento que él pertenecía al Movimiento Revolucionario Democrático Popular, zonal, con cargo”, sostuvo Anhuamán en declaraciones a medios locales. Robles pasó más de 11 años recluido antes de recuperar la libertad.
De los abogados democráticos al caso Castillo
Tras su salida del penal, Robles se incorporó al entorno de los denominados abogados democráticos, un organismo que Anhuamán vincula con la estructura política de Sendero Luminoso, junto a figuras como Jorge Crespo y el abogado Cabero. Ya en 2011, respaldó la inscripción del Movadef ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Años después, patrocinó a procesados por terrorismo en el denominado Caso “Perseo”, un proceso contra integrantes de Sendero Luminoso y el Movadef, según registros de la PNP.
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Anhuamán señaló que hay documentación que ubica a Robles junto a Castillo en eventos del Conare-Sutep entre 2015 y 2018, organización que el exfuncionario vincula al Movadef. El coronel también recordó las constantes visitas del letrado a reclusos por delitos de terrorismo en distintos penales del país. Para Anhuamán, la actuación del abogado en el caso de la ONU responde a una estrategia deliberada: “Ellos saben que ese documento no es vinculante, pero lo utilizan para engañar a la población menos informada”.
Los descargos del abogado
Robles reconoció públicamente haber estado recluido, pero insistió en que fue absuelto tanto en primera como en segunda instancia, con el acuerdo de la fiscalía y la procuraduría. “Con esa acta de registro personal en la que no me encuentran nada delictivo, no sé, se olvidaron de sembrarme tal vez. La cosa es que se hizo un juicio oral y yo fui absuelto”, afirmó en declaraciones a Exitosa. Anhuamán matizó esa versión: según el exfuncionario, el caso fue sobreseído, lo que no equivale a una declaración de inocencia.
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En cuanto a sus vínculos con Abimael Guzmán Reynoso, el abogado evitó una condena directa durante la entrevista radial. Ante la pregunta explícita de los periodistas, respondió: “Toda acción que vulnere la vida, vulnere la libertad de las personas es condenable”, para agregar a continuación que lo hacía “así como condeno los crímenes que ha cometido el Estado”, una equiparación que generó críticas inmediatas en el debate público.
El dictamen de la ONU y la respuesta del gobierno
La Cancillería peruana respondió al dictamen del GTDA con un comunicado en el que subrayó que sus opiniones “no tienen la naturaleza jurídica de una sentencia internacional, no constituyen decisiones jurisdiccionales obligatorias y no producen, por sí mismas, efectos directos en el ordenamiento jurídico interno”.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que el grupo de trabajo es un procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos integrado por profesionales independientes, cuya función es promover el diálogo y la cooperación, no emitir fallos vinculantes.
Pese a ello, la defensa de Castillo presentó el 10 de julio una nueva solicitud de gracia presidencial ante la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, amparada en el artículo 118, inciso 21 de la Constitución.
El pedido no invoca razones de salud ni humanitarias, sino que argumenta que no existe una sentencia firme y consentida en contra del exmandatario, quien cumple una condena de primera instancia por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
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Balcázar reconoció que el informe de la ONU “modifica un poco el escenario jurídico, legal y constitucional” respecto a un eventual indulto, aunque aclaró que cualquier decisión deberá analizarse con el ministro de Justicia dentro del marco legal vigente.
El excandidato presidencial Roberto Sánchez anunció una movilización para el miércoles 15 de julio en respaldo al pedido de liberación del expresidente, luego de visitar el penal de Barbadillo donde Castillo permanece recluido.
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