Liberan a dos detenidos por el asesinato de Andrea Vidal, extrabajadora del Congreso, debido a falta de pruebas

Dos personas detenidas por el asesinato de la abogada Andrea Vidal, extrabajadora de la Oficina Legal del Congreso, quedaron en libertad el 12 de enero por falta de pruebas, según un informe difundido por el periodista Bruno Amoretti en el semanario Hildebrandt en sus trece.

La Policía Nacional (PNP) los había capturado en Barranca, al norte de Lima, durante un operativo contra cinco sospechosos con detención preliminar dictada por el Poder Judicial. Sin embargo, al no hallarse elementos que los vincularan de forma directa con el crimen, ambos recuperaron su libertad.

De acuerdo con fuentes del expediente fiscal consultadas por el semanario, los investigados habían sido identificados por la PNP desde abril del año pasado, pero entonces no se dictaron medidas restrictivas. Las mismas fuentes señalaron que una intervención oportuna habría permitido rastrear a los sicarios implicados.

Hasta ahora no existe una hipótesis definida sobre el móvil ni pruebas suficientes para determinar la autoría material o intelectual. Los agentes consideran principal sospechoso a Rodrigo Falcón, expareja de Vidal.

Para sustentar el pedido de detención, la PNP presentó información que el equipo inicial del caso había descartado: el número telefónico 017406953, desde el cual se realizaron llamadas a Falcón y a David More, señalado como presunto facilitador de la placa clonada utilizada por los atacantes. Según los investigadores, la línea pertenecía a un sistema de publicidad bancaria y las comunicaciones duraron un segundo. Ese dato, corroborado en dos ocasiones, fue excluido al inicio, pero luego se incorporó como argumento en la solicitud fiscal.

Las sospechas sobre el exnovio se apoyan en contradicciones detectadas en sus declaraciones y en la relación conflictiva que mantuvo con la abogada, marcada por episodios de violencia física y psicológica. No obstante, fuentes con acceso a la investigación confirmaron que no existen pruebas directas que lo señalen como autor intelectual.

En octubre pasado, tras vencer el plazo de investigación sin resultados relevantes, el coronel Carlos Morales, jefe de la División de Homicidios de la PNP, intentó detener a Falcón y presentarlo como responsable del crimen.

El semanario reveló que Morales habría ordenado no incautar a tiempo un vehículo Kia Rio con placa clonada vinculado al caso, pese a que estaba identificado. Además, no interrogó a un sospechoso recluido que participó en un asalto con una de las armas utilizadas en el asesinato. El oficial también apartó al equipo policial principal y dejó de compartir avances con la Fiscalía durante seis meses.

Versiones

Después de ese periodo, la PNP solicitó al Ministerio Público la detención de Falcón y otras cuatro personas. El Poder Judicial autorizó la medida y el allanamiento de tres inmuebles, incluido el del exnovio. En el operativo del 5 de febrero fueron arrestados Lucero Espinoza Chinchay y Tonny Monja Mejía en Barranca. Eran los únicos con ubicación conocida, ya que Falcón viajó a Colombia el 29 de diciembre, según registros migratorios.

Documentos policiales revisados por el semanario indican que Monja fue ubicado en abril del año pasado durante un control de identidad. En esa intervención se constató que conducía el mismo Kia Rio empleado en el crimen, aun con la placa clonada. Los agentes identificaron su vivienda y hallaron allí el automóvil, pero no intervinieron ni al conductor ni al vehículo por orden directa del coronel Morales.

En su declaración, Monja sostuvo que trabajaba como colectivero y que alquiló el auto a un tercero cuyo nombre no recordaba. “Abandoné el auto en una cochera al enterarme de que tenía una placa clonada y recibí amenazas para no hablar del tema”, dijo. Añadió que por ese motivo cambió de número y desechó su celular.

Respecto de Espinoza, la PNP detectó un pago de peaje efectuado con su tarjeta de débito cerca de Huacho mientras viajaba en el Kia Rio. Ella declaró que se dirigía a Lima junto a su entonces pareja, Dylan Mejía, quien cumple condena por uso de documentos falsos y receptación, y fue interrogado en prisión. Según su versión, alquiló el vehículo por unos días a una persona identificada solo por un alias y perdió los mensajes y llamadas al ingresar al penal.

Espinoza y Monja quedaron en libertad el 12 de febrero. La falta de pruebas —agravada por la demora en las capturas— impidió establecer su participación como cómplices. En los allanamientos no se encontraron elementos relevantes.

Otros dos investigados, Santiago More y David More, ambos de Piura, permanecen no habidos. La PNP los señala por facilitar la placa clonada utilizada por los sicarios y se encuentran incursos en otra pesquisa de la División de Robos por gestionar 210 placas duplicadas con documentación falsa ante la Cámara de Comercio y Producción de Piura, entre ellas la usada en el asesinato.

De acuerdo con el semanario, otros dos expedientes —uno por presuntas contrataciones irregulares en el Congreso y otro por favorecimiento a la prostitución que involucraba al exjefe de la Oficina Legal del Congreso, Jorge Torres Saravia— fueron enviados al archivo.