Más de cien colectiveros de San Juan de Lurigancho llevan un año enfrentando un escenario marcado por la intimidación y el miedo. Según testimonios recogidos por Exitosa Noticias, estos trabajadores son víctimas de cuatro bandas criminales que han impuesto una red de extorsión sistemática en la principal ruta entre la estación San Carlos y el paradero Huáscar.
Los conductores han relatado cómo, semana tras semana, se ven forzados a entregar 25 soles por unidad a cada una de estas organizaciones para poder continuar con su labor sin represalias. Las amenazas y los cobros se han convertido en parte del día a día para un gremio que, lejos de encontrar protección, siente que el peligro se incrementa y la impunidad se instala en las calles del distrito.
Uno de los colectiveros, en diálogo con Exitosa, describió el clima de tensión que viven cada jornada: “Ahorita estamos pagando semanal a cuatro grupos. Todos corremos peligro, no tenemos nada seguro”. El temor se ha vuelto una constante entre quienes dependen de este servicio para sostener a sus familias.
Una quinta banda extorsiona a los colectiveros en San Juan de Lurigancho
A la ya compleja situación se suma la aparición de una quinta banda, identificada como la “nueva batería del menor”. Según los conductores afectados, este grupo ha comenzado a operar bajo la modalidad de suplantar pasajeros regulares, abordando las combis y utilizando armas de fuego para amedrentar a los choferes.
La exigencia de esta nueva organización es clara: los conductores deben dejar de pagar a las bandas anteriores y empezar a depositarles cinco soles diarios. Las amenazas no solo se producen en persona, sino que son grabadas y distribuidas en un grupo de WhatsApp donde participan todos los colectiveros de la ruta, generando aún más zozobra.
El testimonio de uno de los choferes deja en evidencia el dilema al que se enfrentan: “Nosotros ahorita estamos pagando a cuatro. Ahora nos piden que paguemos a un grupo nuevo, pero el problema es que los otros van a seguir cobrando”. La presión económica y el miedo a represalias han colocado a los trabajadores en una situación límite, sin alternativas claras para protegerse.
Temor a represalias impide que los colectiveros denuncien
El miedo se extiende más allá de las amenazas físicas. Los conductores han manifestado su absoluta desconfianza hacia la policía y las autoridades, al punto de preferir no presentar denuncias formales. Consideran que hacerlo los expone aún más, pues no sienten que exista una respuesta real del Estado, aun cuando los delitos se cometen a plena luz del día y durante un estado de emergencia decretado.
Uno de los colectiveros afectados explicó su posición: “No se puede denunciar porque la policía no hace nada. Más bien, ellos mismos pasan los datos y ahí es donde corremos peligro”. El temor a represalias y la percepción de ineficacia institucional refuerzan la sensación de vulnerabilidad, llevando a muchos a considerar el abandono del sector: “Trabajamos con miedo. Claro, trabajamos con miedo”, confesó el chofer a Exitosa.
San Juan de Lurigancho, epicentro de la extorsión al transporte en 2025
El distrito de San Juan de Lurigancho fue el que registró la mayor cifra de atentados vinculados a la extorsión contra transportistas entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, según datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. En ese periodo, Lima Metropolitana y Callao sumaron 125 atentados asociados a extorsión en el transporte público, con un saldo de 169 víctimas, entre ellas 93 fallecidos y 76 lesionados.
El informe detalla que el 67,5 % de las víctimas eran conductores, mientras que los pasajeros representaron el 22,5 %, y los asistentes el 4,1 %. El uso de armas de fuego estuvo presente en el 97,6 % de los casos y la mayoría de los ataques ocurrieron dentro de buses, combis y mototaxis, especialmente durante la noche y en días laborales.
El patrón de violencia identificado apunta a distritos con alta densidad poblacional y elevados índices de informalidad en el transporte, situando a San Juan de Lurigancho como uno de los puntos más críticos. Los colectiveros afectados y sus familias permanecen atrapados en una dinámica de riesgo constante, mientras la demanda de mayor seguridad y acciones concretas de las autoridades sigue sin respuesta efectiva.
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