
La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima remitió un oficio al partido Podemos Perú con caracter de urgente, solicitando información en el marco de la investigación preliminar que involucra a Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y actual candidato presidencial por Renovación Popular, por la presunta adjudicación irregular de la obra Vía Expresa Norte al consorcio liderado por la empresa china Gezhouba Group Company.
A través del Oficio N° 65-2026, fechado el 5 de febrero de 2026, la fiscal adjunta provincial Rut Elizabeth Ucaña Arenas ordenó a la agrupación liderada por José Luna que, en un plazo de 24 horas, remita de forma escrita toda la información y documentación que sustente lo denunciado públicamente sobre supuestos actos de favorecimiento en la adjudicación del proyecto vial.
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La solicitud incluye la identificación de funcionarios de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (EMAPE S.A.) que habrían participado en los hechos señalados, así como cualquier elemento probatorio disponible que permita esclarecer las circunstancias, espacio y tiempo de las presuntas irregularidades. El pedido forma parte de la carpeta fiscal 65-2026, abierta de oficio.

¿Qué denunció Podemos Perú?
La controversia se originó cuando Podemos Perú, a través de sus regidores en el Concejo Metropolitano de Lima, presentó una denuncia pública contra López Aliaga por presuntas irregularidades en la adjudicación de la Vía Expresa Norte. Según indicarion, el contrato, asignado en febrero de 2025, favoreció al consorcio formado por Gezhouba Group Company Perú y Chavín Engineering & Construction S.A.C., por un monto superior a 277 millones de soles.
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Luis Gallardo y José Luis Luna, representantes de la agrupación liderada por José Luna, detallaron que el procedimiento se realizó mediante la Organizacion Internacional de Migraciones (OIM). Según los regidores, el proceso partió de un monto referencial de 264 millones de soles, pero la adjudicación final superó esa cifra en casi 14 millones, lo que consideran un incremento injustificado. “La empresa gana la licitación al ciento cinco por ciento, es decir, catorce millones más del presupuesto original”, precisó Luna.
Los regidores advirtieron que, pese a que la obra registra solo un ocho por ciento de avance —a pocos meses de la fecha de entrega prevista para junio de 2026—, se han realizado recortes en el proyecto original. EMAPE eliminó sin explicación técnica las estaciones de pasajeros a desnivel proyectadas para las zonas más transitadas, como avenida Naranjal, Izaguirre y Tomás Valle. Sin embargo, el presupuesto global se mantuvo sin variaciones, lo que, a criterio de los denunciantes, podría beneficiar económicamente al consorcio adjudicatario.
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El caso adquiere mayor gravedad dado que Gezhouba Group Company forma parte de una lista de trece empresas chinas investigadas por corrupción, elaborada por una comisión multipartidaria del Congreso en marzo de 2024. El informe final del grupo parlamentario revela que Gezhouba habría obtenido contratos millonarios bajo sospecha de pagos ilícitos y maniobras para asegurarse adjudicaciones estatales.
En el pasado, la compañía estuvo involucrada en el caso conocido como “Los intocables de la corrupción”, que alcanzó incluso al expresidente Martín Vizcarra y altos funcionarios del Ministerio de Transportes. En esa ocasión, se denunció el pago de coimas equivalentes al tres por ciento del valor de una obra en Moquegua, por más de 63 millones de soles. El Ministerio Público allanó las oficinas de Gezhouba y de otras empresas chinas en 2024 como parte de las investigaciones.
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Entre 2018 y 2025, Gezhouba Group ha suscrito diecisiete contratos con el Estado peruano por casi 3.000 millones de soles. En 2023, una auditoría a un proyecto vial adjudicado en 2018 detectó irregularidades en aprobaciones, pagos fuera de plazo e incumplimientos salariales que motivaron protestas sindicales. Recientemente, la licitación para el proyecto Boca del Río en Tacna, ganada por el consorcio SAMA que incluye a Gezhouba, fue anulada por Provías Nacional tras detectarse vulneraciones a los principios de transparencia e integridad.
¿Qué respondió EMAPE a las acusaciones?
A través de un comunicado, EMAPE defendió la gestión de López Aliaga y negó cualquier irregularidad en la adjudicación de la Vía Expresa Norte. La empresa municipal afirmó que el contrato se realizó bajo la modalidad de concurso oferta, con financiamiento íntegro de recursos públicos y con la supervisión de la OIM. Destacó que el proceso asegura transparencia, trazabilidad y eficiencia en el uso de fondos estatales.
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EMAPE atribuyó las denuncias a intereses políticos propios de la coyuntura electoral y sostuvo que la ejecución de la obra, iniciada en septiembre de 2025, se mantiene dentro del cronograma. La entidad remarcó que su actuación se ajusta a la legalidad y que las observaciones carecen de sustento técnico.
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