Podemos Perú denuncia a Rafael López Aliaga por entregar construcción de Vía Expresa Norte a empresa china incluida en lista negra de corrupción

Podemos Perú presentó una denuncia contra Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y actual candidato presidencial por Renovación Popular, por presuntas irregularidades en la adjudicación de la obra Vía Expresa Norte a la empresa Gezhouba Group Company, incluida en una lista negra de corrupción elaborada por el Congreso.

De acuerdo a los regidores de la Municipalidad de Lima pertenecientes a la agrupación de José Luna, existen evidencias de favorecimiento y falta de transparencia en el proceso, así como modificaciones contractuales que habrían beneficiado económicamente al consorcio adjudicatario.

En una conferencia de prensa realizada en el local del partido, los regidores Luis Gallardo y José Luis Luna detallaron los pormenores de la denuncia. Señalaron que, el 5 de febrero de 2025, la administración de López Aliaga, mediante la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (OIM), adjudicó la construcción de la Vía Expresa Norte a un consorcio integrado por Gezhouba Group Company Perú y Chavín Engineering & Construction S.A.C., por un monto de más de 277 millones de soles.

“No importa la nacionalidad de la empresa ni el color político; lo mínimo que corresponde es que intervenga la Fiscalía y se sancione a los responsables si se confirma el acto de corrupción”, enfatizó Gallardo.

La obra, que comprende la ampliación de la avenida Universitaria entre las avenidas Metropolitana y José Granda en los distritos de Comas, Los Olivos y San Martín de Porres, fue entregada a pesar de que la compañía figuraba en la lista de trece empresas chinas investigadas por corrupción en el Ministerio de Transportes. Dicha lista fue elaborada por una comisión multipartidaria del Congreso en marzo de 2024, que incluyó a parlamentarios como Miguel Ciccia y Cheryl Trigozo, ambos de la bancada de Renovación Popular, así como a Diego Bazán, entonces en Avanza País y hoy candidato presidencial.

El informe final de la comisión señala a Gezhouba Group Company Limited como una de las compañías beneficiadas con contratos millonarios, bajo sospecha de irregularidades y pagos de coimas para la obtención de adjudicaciones estatales.

Cuestionamientos al proceso de adjudicación

Durante la exposición, José Luis Luna explicó que el proceso de licitación partió de un monto referencial de 264 millones de soles, pero el consorcio ganador obtuvo el contrato por 277 millones de soles, es decir, un incremento de casi 14 millones respecto al monto base. “La empresa gana la licitación al ciento cinco por ciento, es decir, catorce millones más del presupuesto original”, indicó.

Por su parte, Gallardo señaló que esta situación resulta aún más grave porque la obra registra solo un ocho por ciento de avance, a pesar de que la fecha de entrega está programada para junio de 2026. Los regidores advirtieron que existen recortes en el proyecto original, ya que EMAPE eliminó sin justificación técnica las estaciones de pasajeros a desnivel previstas en las zonas críticas de la avenida Naranjal, Izaguirre y Tomás Valle. Pese a la supresión de estas estructuras, el costo total de la obra se mantiene sin cambios.

“Nos preocupa que la Municipalidad de Lima haya reducido el alcance del proyecto, pero mantenga el mismo presupuesto, lo que podría beneficiar económicamente a la empresa adjudicataria”, sostuvo Luna, quien pidió la intervención inmediata de la Fiscalía de la Nación.

Antecedentes de la empresa adjudicataria

Gezhouba Group Company ha estado involucrada en varios escándalos de corrupción en el país. El más notorio, conocido como “Los intocables de la corrupción”, implicó al expresidente Martín Vizcarra y a altos funcionarios del Ministerio de Transportes, quienes, según la denuncia del exgerente de Obras de Provías Descentralizado, Alcides Villafuerte, recibieron coimas de empresas chinas.

En ese caso, el consorcio liderado por Gezhouba habría pactado el pago de una coima del tres por ciento sobre el valor de una obra ejecutada en el distrito de Samegua, Moquegua, cuyo monto superaba los 63 millones de soles. Por estos hechos, el equipo especial de la fiscal Marita Barreto intervino en 2024 las oficinas de la compañía y de otras firmas chinas involucradas.

Otro proyecto bajo sospecha es la “Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo, Tramo II”, adjudicado en 2018 al consorcio. por más de 444 millones de soles. Una auditoría realizada en 2023 detectó irregularidades en aprobaciones y pagos fuera de plazo, además de incumplimientos salariales que motivaron protestas del sindicato de Construcción Civil.

Desde 2018 hasta 2025, Gezhouba Group ha contratado con el Estado peruano un total de 17 obras y proyectos, por casi 3.000 millones de soles. Recientemente, la empresa, como parte del consorcio SAMA, ganó el concurso para el proyecto vial Boca del Río en Tacna por 608 millones de soles. Sin embargo, esta licitación fue anulada por Provías Nacional debido a la detección de irregularidades que vulneraron los principios de transparencia e integridad.

EMAPE defiende gestión de Rafael López Aliaga

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) defendió la gestión del exalcalde Rafael López Aliaga tras las acusaciones de presuntas irregularidades en la adjudicación y avance de la obra Vía Expresa Norte. Mediante un comunicado, la entidad afirmó que el proyecto se ejecuta bajo un contrato de obra pública —en la modalidad de concurso oferta— y que el financiamiento proviene íntegramente de recursos públicos.

EMAPE desestimó las afirmaciones de los regidores de Podemos Perú, quienes señalaron la existencia de una concesión a favor de un consorcio con participación de empresas chinas, entre ellas Gezhouba Group Company, investigada por el Congreso por supuestos actos de corrupción. La empresa municipal detalló que la selección del contratista y la ejecución de la obra se realizaron a través de un Convenio de Administración de Recursos con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), lo que —según la entidad— garantiza transparencia, trazabilidad y eficiencia en el uso de fondos públicos.

Respecto al avance, la ejecución de la obra inició en septiembre de 2025 y actualmente el progreso se mantiene dentro del cronograma previsto. EMAPE atribuyó las denuncias a intereses políticos en medio del actual periodo electoral y señaló que su gestión se distingue por la transparencia y el respeto a la legalidad.