Un reportaje del programa Beto a Saber, emitido por Willax Televisión, reveló serios cuestionamientos en torno a la contratación de al menos 14 mujeres vinculadas al entorno cercano del presidente José Jerí, quienes fueron incorporadas a la Presidencia de la República bajo la modalidad del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), un mecanismo diseñado para captar profesionales altamente especializados para cargos de alta dirección del Estado.
Según la investigación periodística, las contrataciones se realizaron entre el 10 de octubre de 2025 y el 31 de enero de 2026, a través de resoluciones administrativas del propio Despacho Presidencial. El patrón observado, de acuerdo con el informe, evidenciaría designaciones directas a personas cercanas al mandatario, varias de ellas sin experiencia previa en el sector público o sin cumplir con el perfil técnico que exige dicha modalidad.
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Uno de los casos expuestos es el de Sheyla Briones, contratada en la Secretaría General del Despacho Presidencial pese a no registrar experiencia laboral previa en el Estado. En declaraciones al programa, Briones reconoció conocer al presidente desde hace más de ocho años y admitió que fue contratada como consultora FAG, señalando que se trata de un cargo de confianza. Registros oficiales muestran que, días antes de su contratación, Briones realizó extensas visitas nocturnas a Palacio de Gobierno y que, en 2025, visitó en seis ocasiones a Jerí cuando este aún era congresista.

Para la abogada y especialista en derecho administrativo Cecilia Ruiz, este tipo de contrataciones contradice el espíritu del FAG. “Son modalidades pensadas para profesionales con la mejor experiencia y los más altos estándares académicos, algo que ahora no se está viendo”, sostuvo.
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El reportaje también menciona a Susana Gutiérrez Rivera, designada ejecutiva en la Secretaría General en noviembre de 2025, quien previamente habría sostenido reuniones nocturnas en Palacio. Según fuentes citadas por el programa, su cercanía con Jerí se habría iniciado cuando ambos coincidieron en el Congreso. Otro caso es el de Rossmary Malpartida, psicóloga vinculada a distintos círculos políticos y contratada bajo la misma modalidad, pese a haber sido vista anteriormente en reuniones con personajes investigados por corrupción como Juan Silva, exministro de Transportes.
María del Rosario Pamela Espinoza Díaz figura entre las colaboradoras cercanas al presidente y, desde noviembre, integra la Secretaría General de la República. Antes de su nombramiento, visitó la oficina presidencial el 13 de octubre alrededor de las 09:00 de la mañana, y permaneció allí hasta las 12:00 del día siguiente.
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También genera interrogantes la contratación de Rosa Gabriela Rueda Yaya como analista administrativa bajo el régimen FAG desde el 12 de diciembre, un sistema destinado a cargos de alta dirección. Rueda Yaya registra una visita a la oficina presidencial el 12 de octubre a las 09:00, con salida al mediodía del 13 de octubre. El informe cuestiona: “¿Por qué usar una designación directa pensada para altos perfiles para una analista administrativa?”
El abogado penalista Luis Lamas advirtió que resulta llamativo que varias de estas contrataciones hayan estado precedidas por entrevistas personales con el propio presidente. “No es viable que cualquier persona acceda al mandatario sin pasar por estrictos protocolos”, indicó, señalando que el Ejecutivo deberá explicar si se evaluó a otros postulantes con perfiles equivalentes.
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El reportaje también expone los casos de Stephanie Vega y Alicia Camargo, ambas cercanas al presidente Jerí y beneficiadas con incrementos salariales y cargos estratégicos tras su llegada al poder. Vega pasó de percibir poco más de S/ 1.500 en 2021 a más de S/ 22.000 mensuales en la actualidad, mientras que Camargo fue contratada en la Oficina de Protocolo de Palacio con un sueldo de S/ 14.000, también bajo la modalidad FAG. Esta última fue vista junto al mandatario en sus reuniones clandestinas con empresarios chinos.
El 25 de octubre se designó a Hilda Denisse Zapata como asesora de gabinete. Previamente, en octubre, visitó la oficina presidencial, donde permaneció desde las 18:00 hasta las 02:00 del día siguiente. Ese mismo mes, Zapata regresó al mediodía y se retiró cerca de las 02:00 del día siguiente.
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Para el exministro de Trabajo Alejandro Salas, existirían indicios que podrían configurar presuntos delitos como tráfico de influencias o cohecho, los cuales deberán ser evaluados por las instancias correspondientes.
Especialistas consultados coinciden en que el uso reiterado del Fondo de Apoyo Gerencial para designaciones sin un sustento técnico sólido debilita la meritocracia en la función pública y abre serios cuestionamientos sobre la transparencia en el Despacho Presidencial.
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