
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República emitió un pronunciamiento contundente reafirmando la autonomía del Poder Judicial y el principio de separación de poderes como pilar del Estado democrático. Aunque no mencionaron al titular del Congreso, la publicación coincide con las declaraciones y recientes conductas del fujimorista Fernando Rospigliosi.
El órgano de justicia destacó que el Perú está organizado bajo un modelo republicano y de respeto al principio de separación de poderes. “Como tal, el ejercicio del poder y la crítica ciudadana debe ejercerse en un clima de respeto mutuo, tolerancia democrática y observancia de las decisiones que los representantes de la Nación adopten”, escribieron.
En esa línea, el máximo órgano deliberativo del Poder Judicial advirtió que el comportamiento democrático de funcionarios y actores sociales debe excluir toda forma de intromisión, interferencia, amenaza, limitación o condicionamiento de cualquier índole.
“Es inaceptable para el Poder Judicial que las resoluciones dictadas en el marco de sus competencias legítimas sean ocasión de amenazas de intervencionismo, la aplicación de medidas disciplinarias o de cualquier otro tipo. Hacerlo implica destruir el sistema de justicia, cuyo vértice es el Poder Judicial, así como anular la tutela jurisdiccional efectiva a la que todas y todos los ciudadanos tienen derecho”, se lee en el comunicado.

La Sala Plena manifestó su profunda preocupación ante la exigencia o uso de poder político para influir en los jueces y recordó que solo un Poder Judicial independiente puede garantizar la protección de los derechos fundamentales, la dignidad humana y una convivencia pacífica y próspera.
Finalmente, reafirmó su propósito de ejercer la función jurisdiccional encomendada por la Constitución, garantizando tutela efectiva sin rendirse ante intromisiones, amenazas, imputaciones infundadas o agresiones alevosas que pretendan instrumentalizar el control político, disciplinario o punitivo.
El comunicado se suma al reciente pronunciamiento de la Asociación Jueces para la Justicia y la Democracia, que advirtió del uso del sistema disciplinario con fines intimidatorios, tras los recientes episodios protagonizados por el legislador fujimorista.
“Alertamos que, tanto las amenazas públicas de destitución y de denuncias, la injerencia directa en audiencias, la activación del procedimiento disciplinario con fines intimidatorios, así como de la remoción y la ratificación, a lo que se agrega el uso de redes para desacreditar a magistrados; en modo alguno constituyen hechos aislados y fortuitos, sino más bien, configuran un patrón sistemático de presión institucional que busca, no solo disciplinar y perseguir a los jueces y fiscales en el ejercicio independiente de sus funciones, sino debilitar la institucionalidad democrática”, escribieron.

¿Qué dijo Fernando Rospigliosi?
El pronunciamiento de la Corte Suprema se produjo tras las declaraciones del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien cuestionó públicamente a magistrados de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria por su actuación en el caso Cayara. Mediante su cuenta de X, acusó a los jueces de ser “politizados y prevaricadores” y de negarse a aplicar la Ley 32107, que prescribe delitos de lesa humanidad para hechos ocurridos antes de 2002.
“Jueces politizados y prevaricadores de la 3ª. Sala Penal se han negado a aplicar la ley 32107 de lesa humanidad, norma vigente y declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, en el caso Cayara (1988). Están procesando ilegalmente después de 38 años, a militares que están encarcelados, a los que derrotaron al terrorismo. No se trata solo de reformar el sistema judicial, hay que BARRERLO. ¡Soluciones radicales!”, escribió.
Asimismo, denunció que el sistema judicial persigue a militares y policías a la vez que protege a delincuentes. Su intervención no se limitó a las redes sociales; el legislador ingresó como parte del público a la audiencia virtual donde se definía el futuro del proceso judicial, acción interpretada como presión directa a los jueces. Lo acompañaron la congresista Martha Moyano y José Cueto.
Vale mencionar que no es la primera vez que el presidente del Congreso dirige cuestionamientos al Poder Judicial. En días previos, Rospigliosi había calificado a la institución como “mafia caviar” y advirtió que los magistrados deberían ser detenidos “en flagrancia” si violaban la ley.
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