El futuro judicial de Daniel Urresti, exministro del Interior, quedó en suspenso tras la audiencia realizada este jueves 29 de enero, donde la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria evaluó el pedido de nulidad y apelación presentado por su defensa.
Urresti busca revertir la sentencia que lo condenó a 12 años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y la tentativa de homicidio de Eduardo Rojas en 1988, durante el conflicto armado interno en Ayacucho.
Durante la audiencia virtual, los magistrados escucharon los alegatos de Urresti, su abogado, representantes del Ministerio Público y la parte civil agraviada. La defensa, encabezada por Miguel Ángel Soria, centró sus argumentos en la inaplicación de la Ley 32107, norma aprobada por el Congreso de la República que define los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana.
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Soria cuestionó la resolución judicial de primera instancia, que —por control difuso— dejó sin efecto la mencionada ley, y solicitó la libertad inmediata de Urresti. Para el abogado, el proceso penal debió expirar legalmente en 2008, por lo que mantener a su patrocinado en prisión vulnera el principio de legalidad. “No se puede sacrificar el principio de legalidad para supuestamente luchar contra la impunidad”, expresó Soria ante la sala.
El recurso de apelación presentado el 25 de noviembre de 2025 por la defensa de Urresti solicita la prescripción del proceso, la nulidad de lo actuado y la excarcelación inmediata del exministro; mientras que la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo pide declarar infundado el recurso de apelación.
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La fiscalía sostiene que, al tratarse de delitos graves vinculados a violaciones a los derechos humanos, no corresponde aplicar la prescripción ni anular el proceso, pues se trata de hechos que, por su naturaleza, no pierden vigencia penal con el paso del tiempo.
Los representantes de la parte civil agraviada respaldaron la postura fiscal y enfatizaron el carácter emblemático del caso Bustíos en la defensa de la libertad de prensa y la lucha contra la impunidad en crímenes cometidos por agentes del Estado.
El proceso de revisión de la condena de Urresti pone en tensión dos principios fundamentales: la lucha contra la impunidad en violaciones a los derechos humanos y las garantías del debido proceso en un Estado de derecho. La defensa insiste en la vigencia del principio de legalidad y la prescripción, mientras que la fiscalía y la parte civil recalcan la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.
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El caso
El asesinato de Hugo Bustíos Saavedra ocurrió en noviembre de 1988, mientras el periodista realizaba labores informativas en Ayacucho, una de las regiones más afectadas por la violencia política. En ese periodo, Daniel Urresti se desempeñaba como jefe de Inteligencia de la base contrasubversiva de Castropampa. El caso, que también involucra la tentativa de asesinato contra el periodista Eduardo Rojas, se ha convertido en un símbolo de la violencia contra la prensa y un termómetro de la capacidad del sistema judicial peruano para sancionar crímenes graves cometidos durante el conflicto armado interno.
La condena de 12 años de prisión contra Urresti fue emitida en noviembre de 2025, tras un largo y complejo proceso judicial que se ha prolongado por décadas y que ha mantenido una fuerte carga social y política.
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