Marcha de Sacrificio: familiares de las víctimas de represión estatal denuncian reglaje y seguimiento de la PNP rumbo a Lima

Lo que debía ser un recorrido de memoria y exigencia de justicia se ha convertido, para los familiares de las víctimas de la represión estatal, en una ruta marcada por la incomodidad y vigilancia. Durante la denominada Marcha de Sacrificio, iniciada el 23 de enero, los deudos denunciaron presuntos actos de reglaje, seguimiento y hostigamiento por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) mientras se trasladan hacia Lima para exigir justicia, verdad y reparación.

De acuerdo con testimonios recogidos por el medio digital 24 Horas Noticias, los familiares de las víctimas advirtieron que desde el Valle del Tambo, pasando por Mollendo, Camaná y Ocoña, un patrullero policial ha seguido de manera constante el vehículo en el que se desplazan. El seguimiento, según relatan, no habría sido explicado de forma clara por los efectivos, lo que generó preocupación entre madres, personas adultas mayores y niños huérfanos que participan de la movilización.

Raúl Samillán Sanga, presidente de la Asociación de Deudos de los Fallecidos, denunció públicamente que esta vigilancia ha sido continua y que incluso se les habría informado que respondía a “órdenes superiores”. En ese contexto, responsabilizó al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú ante cualquier hecho que pudiera poner en riesgo la integridad de los manifestantes.

“Están violando nuestro derecho a la protesta y al libre tránsito. Esto genera temor y es una forma de revictimización que no es nueva”, afirmó Samillán durante la entrevista difundida por 24 Horas Noticias.

“Nadie nos va a intimidar”: familiares ratifican la marcha

Durante la cobertura periodística, otra familiar de las víctimas rechazó el presunto hostigamiento policial y ratificó que la marcha continuará hasta llegar a la capital. Señaló que la movilización, denominada Uyariy —que en quechua significa “ser escuchados”— busca visibilizar el reclamo de justicia de los familiares de más de 50 personas asesinadas durante las protestas a nivel nacional.

La vocera recordó que los participantes ejercen un derecho constitucional y sostuvo que la presencia policial no debe convertirse en un mecanismo de intimidación. “No estamos haciendo nada malo. Solo exigimos justicia, memoria y garantías de no repetición”, expresó.

Pronunciamiento de la congresista Ruth Luque

La congresista Ruth Luque informó a través de su cuenta oficial en X que realizó una visita de fiscalización inopinada en el distrito de Asia, donde constató la presencia de al menos tres vehículos —de serenazgo, policía de carreteras y efectivos policiales— acompañando a la movilización.

Según indicó, los propios efectivos señalaron que el seguimiento respondía a disposiciones del Comando Lima Sur y de la Dirección de Tránsito de la PNP, bajo el argumento de brindar resguardo por tramos. No obstante, Luque cuestionó esta versión y advirtió que lo observado “no se parece a un acompañamiento policial”, sino a una forma de criminalización y reglaje.

La parlamentaria también denunció que, durante la marcha, efectivos de la USE habrían impedido la toma de fotografías y que uno de ellos habría agredido a una persona que intentaba grabar, además de registrarse un altercado por el uso de la wiphala.

Principales demandas de la marcha

La Marcha de Sacrificio se inició el 23 de enero desde el sur del país y reúne a familiares de las víctimas de la represión ocurrida entre 2022 y 2023, que dejó al menos 50 personas fallecidas y más de mil heridas. La movilización surge tras la desactivación del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip), decisión atribuida al fiscal interino de la Nación, Tomás Gálvez.

En declaraciones previas a La República, Raúl Samillán explicó que la eliminación de este equipo especializado representa un serio retroceso en las investigaciones y refuerza la sensación de impunidad. Por ello, los deudos exigen su reactivación inmediata, además de justicia y reparación integral.

Ruta, llegada a Lima y próximas acciones

Según lo previsto, los manifestantes llegarán a Lima el 28 de enero. Antes, el 25 de enero, se reunieron con otras organizaciones en San Vicente de Cañete, donde se sumaron más personas a la movilización. Desde Cañete hasta la capital recorrerán más de 140 kilómetros a pie.

Samillán no descartó que, una vez en Lima, se evalúe una huelga de hambre, dependiendo de la respuesta de las autoridades. “No estamos solos. En el camino y en la capital nos esperan hermanos que también exigen justicia”, señaló.

Mientras tanto, los familiares reiteran su denuncia pública y piden a la ciudadanía mantenerse alerta. “Exigir justicia no es un delito”, enfatizó la congresista Ruth Luque, quien solicitó públicamente el cese de los actos de seguimiento y hostigamiento policial.