La denominada "Generación Z" peruana lanzó una convocatoria masiva para retomar las calles de la capital con una “Marcha de Sacrificio”, programada para finales de enero. Esta movilización surge como una respuesta directa al estancamiento de las investigaciones judiciales por las muertes ocurridas durante las protestas contra Dina Boluarte y la reciente crisis institucional en el Ministerio Público.
Los colectivos, que se caracterizan como “juventud consciente”, se unirán a las delegaciones de deudos de regiones como Puno, Ayacucho y Cusco, quienes iniciarán su desplazamiento hacia Lima desde el 25 de enero con el objetivo de exigir justicia y el cese de la violencia institucional.
El detonante de esta nueva ola de movilizaciones es la desactivación del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip), dispuesta por el fiscal interino de la Nación, Tomás Aladino Gálvez. Los familiares de las víctimas, liderados por representantes de los 18 fallecidos en Juliaca, denuncian que esta medida busca imponer la impunidad al desmantelar un equipo que ya tenía listas las acusaciones contra los implicados.
Ante este escenario, la marcha busca presionar al Poder Judicial y a la Fiscalía de la Nación para que se reactive este grupo especializado y se garantice la transparencia en los procesos que involucran violaciones a los derechos humanos.
El protagonismo de la Generación Z y el legado de la memoria
La participación de la Generación Z en esta convocatoria marca un cambio en la narrativa de la protesta social en el Perú. Bajo el lema “No heredamos el miedo, heredamos la memoria y la lucha”, estos grupos de jóvenes han tomado la vanguardia de la organización digital y presencial, utilizando iconografía de la cultura popular como el logo de la calavera del anime One Piece para simbolizar su resistencia. El objetivo de este sector es visibilizar que la lucha por la justicia no pertenece solo a los deudos de las regiones, sino que es una demanda generacional que rechaza la corrupción y el abandono del pueblo.
La estrategia de comunicación de estos colectivos enfatiza una juventud organizada y consciente que busca romper el silencio frente a las muertes que siguen sin justicia. Según los folletos de convocatoria, el ingreso a la capital el 28 de enero no será solo una manifestación, sino un encuentro nacional donde se fusionarán las demandas de las regiones con el ímpetu de los colectivos limeños.
Ruta de la Marcha de Sacrificio y la exigencia por Eficavip
El cronograma logístico de la movilización ya ha sido establecido por las organizaciones regionales y de deudos. El punto de inicio de la Marcha de Sacrificio será la Plaza de Armas de San Vicente, en Cañete, el 25 de enero. Desde este punto, los manifestantes iniciarán un recorrido por la carretera Panamericana Sur con destino final en Lima, donde prevén ingresar el 28 de enero. Esta fecha posee una carga simbólica importante, ya que se realizará una conmemoración por el asesinato de Víctor Santisteban, víctima fallecida durante las protestas en la capital en 2023.
La demanda central que unifica a las delegaciones de Puno, Apurímac, Junín, La Libertad, Ica y Arequipa es la reactivación inmediata del Eficavip. Raúl Samillán, representante de los familiares de Juliaca, sostiene que el reemplazo de fiscales especializados por personal que no conoce los expedientes solo generará retrasos de años en las investigaciones. Samillán denuncia que la desactivación del equipo especial ocurrió días antes de que se conocieran informes periciales clave sobre asesinatos en Ayacucho, lo que refuerza la tesis de una protección política hacia los responsables.
La movilización también estará acompañada por la difusión del proyecto ‘Uyariy’ (escuchar), un trabajo documental de Javier Corcuera que busca registrar la dignidad y la lucha de los deudos por conseguir justicia. Con el respaldo de organizaciones de derechos humanos, los manifestantes realizarán plantones frente a las sedes fiscales para exigir que el estado peruano deje de ignorar el clamor de las regiones y que los responsables de las muertes, tanto materiales como políticos, enfrenten sus procesos en libertad bajo el rigor de la ley.
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