La reciente decisión del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, de desactivar el Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip) y trasladar sus carpetas a la nueva Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, ha desatado una ola de desconfianza.
Aunque en una reciente resolución se sostiene que se busca un “abordaje técnico, especializado y homogéneo”, el trasfondo de esta reestructuración administrativa ha sido calificado por sectores de la sociedad civil como una amenaza directa a la búsqueda de la verdad.
Ocho despachos para 54 investigaciones
Según la resolución publicada en el diario oficial El Peruano, la nueva estructura fiscal contará con ocho despachos especializados que asumirán la competencia nacional de los 54 casos en curso por las muertes y heridos registrados entre las protestas de diciembre de 2022 y marzo de 2023 en Puno, Ayacucho, Apurímac y Lima.
La medida fue impulsada por el coordinador Andrés Montoya Mendoza, bajo el argumento de que este esquema corporativo permitirá una gestión “integral, coordinada y eficiente” de investigaciones caracterizadas por su alta complejidad y pluralidad de víctimas. El anuncio oficial vino, además, con la promesa de que “ninguna carpeta será enviada a provincias, manteniéndose el conocimiento técnico en Lima”.
La continuidad de los fiscales
El Ministerio Público ha asegurado que como parte de la decisión de la institución por desintegrar los equipos especiales, se ha decidido que sean “los mismos ficales que integraban el entonces Eficavip continúan a cargo de las carpetas en la nueva fiscalía coroporativa epseciealizada”
El documento da por concluida la designación de 42 fiscales que venían laborando en la coordinación y despachos especializados. Nos obatante, la norma dispone de inmediato la reasignación de ocho fiscales provinciales para liderar los nuevos despachos de la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo. Esta nueva fiscalía corporativa contará con competencia a nivel nacional y absorberá un total de 33 plazas fiscales trasladadas desde la desactivada estructura del Eficavip.
Advertencias y preocupación de las víctimas
Delia Espinoza, fiscal de la Nación suspendida, ha sido una de las voces más críticas frente a este desmantelamiento. “Yo ya lo dije, no hay sustento técnico, no existe... esto es gravísimo”, sentenció en una conferencia de prensa en Juliaca. Según Espinoza, la redistribución de carpetas no es un proceso inocuo, sino que genera meses de retraso que pueden derivar en la impunidad o el archivo de las investigaciones.
“Ha sido una decisión caprichosa o está buscando impunidad... va a debilitar los casos”, declaró también para Epicentro TV, y advirtió que el cambio de estructura administrativa en un momento crítico de la investigación es una estrategia común para diluir responsabilidades.
Esta preocupación es compartida por Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Deudos de Víctimas de Protestas en Puno. Samillán alertó que la medida se produce justo cuando cerca de 20 de los 50 casos ya habían culminado su primera etapa y estaban listos para la presentación de la acusación formal. Para las víctimas, todos estos cambios a pocos pasos de un juicio oral podría ser perjudicial para su derecho de justicia.
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