Marcha de sacrificio del miércoles 28 de enero: ¿qué colectivos se sumarán a la protesta en Lima?

Lima se prepara para recibir una movilización de personas de diversas partes del Perú este miércoles 28 de enero. La denominada “Marcha de Sacrificio”, integrada por viudas, madres, heridos y niños huérfanos de Puno, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Junín, llegará a la capital tras recorrer más de 140 kilómetros a pie por la Panamericana Sur. Los manifestantes han avanzado con la convicción de no permitir que sus casos queden en el olvido, denunciando en el trayecto actos de intimidación que no han logrado frenar su paso hacia el centro del poder.

Justamente el 28 de enero es el aniversario de fallecimiento de Víctor Santisteban, quien fue asesinado durante las manifestaciones en Lima por el régimen de Boluarte en 2023. Su muerte se convirtió en un punto de quiebre para la protesta social en la capital, y su memoria será el eje de las vigilias programadas para esta jornada.

Colectivos, bloques estudiantiles y la Gen Z

A la llegada de las delegaciones del interior se sumará un frente juvenil que ha cobrado fuerza en las últimas semanas. Según informó Infobae Perú, la denominada Generación Z ha confirmado una marcha de protesta contra el actual presidente interino, José Jerí. Esta movilización se alineará con la Marcha de Sacrificio.

Bryan Melgar, vocero de este colectivo juvenil, señaló a RPP que la fecha fue elegida como un acto de memoria hacia los “hermanos del sur” y para recordar que “el Perú no olvida”. La convocatoria ha logrado articular a los siguientes sectores:

Las organizaciones de víctimas será liderada por la Organización Nacional de Familiares de Víctimas de las Masacres 2022-2023 (ONFAVIC), la cual marchará junto a colectivos como Ciudadanía Activa VES, Asociación de Mártires y víctimas del 9 de enero en Juliaca, Red Hampinakusun y delegaciones de la Macro Región Costa que avanzan desde Cañete.

En cuanto a las instituciones educativas, estarán presentes gremios de alta representatividad. La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) ha expresado su respaldo total a la movilización, anunciando un acto cultural y el cierre de la marcha frente al Palacio de Justicia para exigir que no se archiven los expedientes fiscales. Asimismo, el bloque estudiantil de la Federación de Estudiantes de la PUCP (FEPUCP) confirmó su adhesión, organizando una preconcentración en su campus universitario para luego marchar hacia el centro de Lima de forma unificada.

Vigilia en la capital

De acuerdo con información compartida por Convoca, las familias tienen previsto realizar un recorrido por puntos marcados por la violencia estatal. La columna principal se detendrá en el lugar exacto donde cayó Víctor Santisteban para realizar una vigilia en su honor. Posteriormente, las delegaciones se dirigirán a las sedes del Ministerio Público y el Poder Judicial.

Allí, los manifestantes planean instalar campamentos como medida de presión para exigir la reactivación inmediata del equipo especial de fiscales. Sus demandas incluyen un presupuesto propio para las investigaciones, la contratación de peritos independientes y garantías reales de que los casos no sufrirán más dilaciones.

El desmantelamiento de las investigaciones fiscales

El principal motivo que impulsa a estas familias a caminar cientos de kilómetros es la reciente desactivación del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas (EFICAVIP). Este equipo, creado en marzo de 2023, era la única instancia dedicada exclusivamente a investigar las muertes y lesiones ocurridas durante las protestas contra el anterior gobierno de Dina Boluarte.

Según denuncian los familiares, la decisión del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, de disolver este grupo se produjo en un momento muy importante. Algunos casos estaban por ingresar a la etapa de control de acusación y diversos peritajes ya habrían permitido identificar responsabilidades directas y cadenas de mando dentro de las fuerzas del orden. Para las víctimas, se trata de una estrategia de impunidad para dilatar las investigaciones y trasladar carpetas fiscales a provincias, dificultando el acceso a la justicia.