
El sector construcción vuelve a colocarse en el centro del debate económico y político en el Perú. Tras varios años marcados por la desaceleración, la paralización de obras y el avance de la informalidad, la actividad muestra señales de recuperación: en 2025 cerró con uno de sus mejores desempeños recientes y para 2026 las proyecciones apuntan a un mayor impulso de la inversión pública y privada. Sin embargo, el rebote convive con problemas estructurales que siguen sin resolverse: déficit habitacional, brechas de infraestructura, violencia criminal en obras y una alarmante falta de continuidad de políticas públicas.
En ese contexto —y a pocos meses de que el país ingrese de lleno en el ciclo electoral— empresarios y trabajadores del sector han optado por mover la discusión más allá del corto plazo. La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) presentaron el libro “Diálogo con resultados”, una publicación que recoge más de dos décadas de acuerdos entre ambas partes y plantea un Pacto por la Construcción de un Perú Mejor, con diez objetivos de mediano y largo plazo orientados a ordenar el crecimiento urbano y reactivar la inversión formal.
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La presentación se realizó en la Sala Capitular del Convento de Santo Domingo, pero el mensaje apuntó más allá del recinto. La propuesta busca instalar una agenda para el próximo gobierno en un escenario donde la construcción vuelve a crecer, pero sin garantías de sostenibilidad si no se atacan los problemas de fondo.

Un sector que crece, pero arrastra viejas brechas
Tras un desempeño moderado en 2024, la construcción logró recuperar dinamismo en 2025, impulsada por proyectos de infraestructura, vivienda privada y algunas iniciativas bajo Asociaciones Público-Privadas (APP). El repunte, sin embargo, no ha sido suficiente para cerrar el déficit de vivienda ni para frenar el avance de la informalidad, que sigue dominando amplias zonas de expansión urbana.
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A ello se suma un fenómeno que preocupa tanto a empresas como a trabajadores: la violencia vinculada a obras, el tráfico de terrenos y la presencia de organizaciones criminales en proyectos informales. Para CAPECO, estos problemas ya no son solo económicos, sino una amenaza directa a la gobernabilidad y al orden urbano.

Diez objetivos para romper el ciclo de improvisación
El pacto presentado no se limita a un diagnóstico. Entre sus principales ejes se encuentran la institucionalización del diálogo entre el Estado y los actores del sector, la promoción de la inversión formal, la modernización de la gestión pública, el fortalecimiento de la capacitación laboral y una estrategia integral contra el crimen organizado vinculado a la construcción informal.
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Alejandro Garland, presidente de CAPECO, señaló que el documento busca funcionar como una hoja de ruta clara para vivienda, infraestructura y desarrollo urbano. “Cuando la inversión se detiene, avanzan la informalidad, las invasiones y el desorden urbano. Invertir en vivienda es evitar conflictos futuros”, afirmó durante el evento.
Desde el lado sindical, el secretario general de la FTCCP, Luis Villanueva Carbajal, subrayó que el pacto es el resultado de una experiencia sostenida de diálogo que permitió dejar atrás la confrontación y avanzar hacia acuerdos con impacto real. Según Villanueva, ese proceso se tradujo en mayor estabilidad laboral, crecimiento del sector y mejores condiciones para los trabajadores.
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Una propuesta que mira al 2026 y más allá
El vicepresidente ejecutivo de CAPECO, Guido Valdivia, advirtió que la falta de continuidad de políticas públicas ha sido uno de los principales frenos al desarrollo del sector. “Sin reglas claras y sin una visión de largo plazo, la informalidad y la violencia terminan ocupando el espacio que deja el Estado”, sostuvo.
Analistas como Jaime de Althaus, Santiago Pedraglio y Jeffrey Radzinsky coincidieron en que el pacto cobra especial relevancia en un escenario político fragmentado. A diferencia de otras propuestas coyunturales, el documento plantea consensos construidos a lo largo del tiempo, con una mirada técnica que podría servir como base para el próximo gobierno.
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En un año preelectoral, CAPECO y Construcción Civil dejaron claro que su apuesta es trasladar esta agenda a la discusión pública. El mensaje es directo: la construcción puede seguir creciendo, pero sin acuerdos de largo plazo, el país corre el riesgo de repetir el mismo ciclo de informalidad, improvisación y conflicto que ha marcado los últimos años.
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