El presidente interino, José Jerí, declaró este domingo que rechaza destinar recursos a la infraestructura penitenciaria, cuando su administración acaba de anunciar una reestructuración integral del sistema carcelario que incluye la creación de una nueva entidad estatal encargada de gestionar las prisiones.
“Particularmente, yo no creo que deberíamos invertir en infraestructura porque es dar mejores condiciones a los desgraciados”, expresó a un periodista de la radio Exitosa que lo abordó al final de una requisa en el penal de Huaral.
“Lo tenemos que hacer porque hay tratados internacionales que nos obligan prácticamente a hacer ello”, añadió al explicar que existen fondos previstos para cárceles con recursos propios, financiamiento externo y el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).
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Mencionó que la recientemente creada Superintendencia Nacional de Infraestructura y Reforma Penitenciaria (SUNIR), organismo que asumirá las competencias del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), liderará los próximos proyectos junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“Es lo que hay, es lo que tenemos y tenemos que igual sobre lo que hemos encontrado, remar y poder solucionar las cosas”, sostuvo.
En 2024, la administración de la exmandataria Dina Boluarte, antecesora de Jerí, declaró el INPE en emergencia durante 24 meses por la sobrepoblación carcelaria, que alcanzaba el 136 %.
El decreto supremo que dispuso la medida mencionó una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que reconoció el hacinamiento grave en los penales y ordenó al portafolio de Justicia revisar y ajustar las acciones necesarias para resolver el problema.
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Un año después, la misma gestión anunció el financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por 800 millones de dólares para construir cinco prisiones y dar espacio a 28.000 internos.
Resultados
Jerí encabezó esta madrugada un operativo en los penales de Huacho y Huaral, en el departamento de Lima, inspirado en el modelo del líder salvadoreño Nayib Bukele.
Ante la consulta sobre sus compromisos para el próximo 28 de julio, fecha en la que debe entregar el cargo al próximo presidente electo, el mandatario aseguró que continuará recorriendo el país y reafirmó que su principal prioridad es combatir la inseguridad ciudadana.
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“Hemos presentado los primeros resultados que son positivos. Tal vez no será la disminución drástica que pensaban, pero las medidas y la articulación que hemos hecho hasta la fecha nos dan la esperanza, nos dan el aliento de que justamente hemos atinado en las medidas que hemos implementado”, manifestó.
Según el Ejecutivo, los niveles de violencia en el país han comenzado a descender tras tres meses de estado de emergencia decretado desde octubre en Lima y la vecina provincia del Callao, donde se concentra la mayor parte de los casos.
Datos del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad muestran que la tasa de homicidios disminuyó ligeramente en el último trimestre de 2025 a 2,5 por cada 100.000 habitantes, frente al 2,6 registrado en el mismo periodo de 2024.
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Lima registra una tasa de 11,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que Madre de Dios presenta la cifra más alta del país, con 24,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, vinculada a delitos como extracción ilegal de oro, deforestación y trata de personas.
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