El anuncio de medidas para el futuro de Petroperú por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha generado inquietud, ya que varios sectores consideran que el Estado apunta a una privatización encubierta de la empresa estatal.
Denisse Miralles, titular del MEF, ha negado públicamente la intención de privatizar, aunque las decisiones recientes señalan un proceso de concesión integral, lo que podría transferir la operación de la compañía a manos privadas mientras el Estado asume el saneamiento financiero.
Las acciones oficiales respecto a Petroperú provocan paro nacional de trabajadores
De acuerdo con el Sindicato Unificado de los Trabajadores del Petróleo, Energía, Derivados y Afines de la Región Grau de la petrolera estatal, el Estado peruano se encuentra en proceso de cubrir las deudas de Petroperú con bonistas y acreedores.
Sostienen que, de completarse la maniobra, el MEF terminaría dejando los riesgos y la deuda en el sector público, pero entregaría la rentabilidad futura a operadores privados, y sin fecha de expiración.
Este escenario resulta relevante tras la modernización y puesta en marcha de la Refinería de Talara, un activo clave no solo para la compañías, sino para todo el país.
De acuerdo con los trabajadores del noroeste, a falta de transparencia sobre los costos operativos que afrontará Petroperú tras la concesión representa uno de los principales vacíos en el discurso oficial.
Sindicatos demandan transparencia y debate real sobre decreto de “reorganización” de la petrolera
Actualmente, la empresa estatal cumple un rol estratégico al asegurar la distribución de combustibles en zonas remotas de la selva y la sierra, áreas donde el transporte carece de atractivo para empresas privadas.
Bajo un modelo de concesión, indica el S.U.T.P.E.D.A.R.G., el Estado debería cubrir pagos constantes para garantizar el abastecimiento en regiones alejadas, coste que recaería directamente en los contribuyentes.
Asimismo, la transferencia de la operación a privados no solo significaría la pérdida de utilidades que anteriormente ingresaban al erario nacional y financiaban sectores como salud o educación, sino que además generaría nuevos gastos para asegurar el suministro a las FFAA, la PNP y poblaciones vulnerables.
Vale precisar que los trabajadores de Petroperú se encuentran acatando un paro de 72 horas a nivel nacional, entre los días 19 y 21 de enero del 2026. Uno de los primeros puntos en su pliego de demandas al Estado es la derogatoria del DU N.° 10-2025, que “empoderó” a ProInversión sin pasar antes por el Congreso.
¿Cuál es el verdadero rol que deben cumplir el MEF y el MINEM?
Diversos especialistas han subrayado en medios locales que la eficiencia prometida por el esquema de concesión queda en entredicho si el Estado asume la deuda y el riesgo, pero entrega la rentabilidad a terceros. En este sentido, aseguran que no se puede hablar de eficiencia cuando el resultado final implica entregar al sector privado una empresa saneada con recursos públicos
La polémica se intensifica por la ausencia de un análisis detallado sobre los efectos sociales y fiscales de largo plazo. Algunos sectores solicitan al MEF y al MINEM mayor claridad y transparencia respecto a los alcances de la estrategia, así como la publicación de proyecciones sobre su impacto económico y social antes de continuar con las medidas propuestas.
Hasta el momento, las autoridades no han presentado un informe integral sobre las consecuencias de la estrategia de concesión y tampoco han especificado los mecanismos de control que garantizarían el abastecimiento nacional de combustibles bajo la nueva administración.
Mientras tanto, sindicatos y asociaciones sociales han manifestado su preocupación por la posibilidad de que se concrete una privatización encubierta de Petroperú, empresa considerada estratégica para el suministro energético del país, explicó la organización.
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