Una de las playas más lindas de Lima es también escenario de una realidad que rompe con la imagen de descanso y verano. No es Cancún ni Miami Beach: la playa de aguas cristalinas y arena blanca que se encuentra a menos de una hora de la capital convive con dinámicas ilegales que avanzan sin freno. Bajo el sol intenso y frente al mar, el ocio comparte espacio con el miedo y la informalidad impuesta.
Durante la temporada alta, miles de personas llegan al sur de Lima en busca de tranquilidad. Casas de playa ocupadas, música, sombrillas y familias forman parte del paisaje habitual. Sin embargo, detrás de esa postal, emergen prácticas que alteran el uso libre de espacios públicos y colocan a los visitantes frente a cobros obligatorios y ofertas ilegales.
Un reportaje del programa Panorama expuso una situación que vecinos y veraneantes describen desde hace meses. Playas que parecen paraísos cercanos funcionan, en paralelo, como territorios controlados por grupos que fijan precios, delimitan zonas y deciden quién trabaja y quién no. Todo ocurre a la vista de todos, sin presencia constante de autoridades.
La investigación periodística muestra cómo estas dinámicas se normalizan entre quienes acuden al litoral. La falta de intervención efectiva convierte la arena y los accesos en espacios donde rige otra ley, marcada por la intimidación y el silencio forzado.
Playas bajo control de mafias
El informe identifica a una organización conocida como “Los Characatos” como la que ejerce dominio desde la playa Venecia hasta El Silencio. Según el reportaje, este grupo impone cobros a bañistas por estacionar vehículos en vías públicas o por ocupar determinados puntos de la arena, además de exigir pagos a comerciantes informales.
En uno de los registros audiovisuales, un sujeto deja clara la lógica de control territorial: “Ustedes alinéense, paguen su nota, ¿ya? Ustedes ya saben cuánto es por cabeza y chambeen tranquilos”. La frase resume el esquema que, de acuerdo con Panorama, se repite en varias playas del sur.
Los cobros no siempre siguen reglas claras. Visitantes relatan cambios de precio sin previo aviso y discusiones constantes. En una conversación grabada, un veraneante cuestiona el monto exigido y recibe una respuesta directa: “Acá se cobra diez soles”. Ante la consulta por autorización municipal, la réplica resulta aún más reveladora: “Somos particulares, nosotros”.
El control no se limita al estacionamiento. El alquiler de sillas, sombrillas y espacios en la arena también forma parte del negocio. Algunos bañistas denuncian engaños y aumentos repentinos. “Y me dijiste veinticinco con las dos sillas últimos, ¿sí o no? Y ahora, cuando recién me siento, ya me instalé, me dices cuarenta”, reclama un usuario en uno de los audios difundidos.
El dominical recoge testimonios que describen un clima de presión constante. Quien cuestiona o se niega al pago enfrenta respuestas intimidantes. “Diez soles es el parque”, insiste uno de los sujetos, mientras descarta cualquier intervención municipal.
La ausencia de fiscalización facilita que estas prácticas se mantengan. Los mismos actores delimitan zonas con objetos visibles y señalan hasta dónde llega cada puesto. “Todo este amarillo que está ahí, los míos”, afirma uno de ellos al explicar la división del espacio.
Venta de drogas frente al mar
Uno de los aspectos más graves del reportaje se relaciona con la venta de drogas. La investigación muestra cómo la marihuana se ofrece bajo la modalidad de delivery, incluso hasta la orilla del mar. El contacto se realiza con naturalidad, sin mayores reparos.
En uno de los diálogos grabados, un sujeto responde sin rodeos ante la consulta: “Claro, claro”. El precio también se menciona con total normalidad: “En diez soles”. En otra escena, la transacción se concreta mientras el vendedor explica el producto: “Está el otro bichito, lo va a mantener arriba”.
Panorama documenta cómo el mismo individuo que cobra por estacionar o alquila sillas participa en la venta de estupefacientes.
Otro testimonio refuerza la facilidad de acceso: “Dile, pues, nada más dile si hay cigarro natural”. Las referencias a distintos vendedores muestran una red conocida por quienes trabajan en la zona.
Sin presencia efectiva de autoridades
Vecinos y asistentes advierten sobre la falta de policías y personal municipal. La percepción de abandono se repite en cada playa visitada por el equipo periodístico. “La municipalidad no viene”, señala uno de los entrevistados, al explicar por qué los cobros se mantienen.
La organización criminal se presenta con un discurso de dominio absoluto. “Desde El Turri pa’ atrás y pa’ delante, toda esa zona la tenemos nosotros”, afirma uno de sus integrantes. La frase cierra una radiografía inquietante de playas que, pese a su belleza, enfrentan una realidad marcada por el avance del crimen organizado en espacios públicos.
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