
Víctor Cubas, exvocero del Ministerio Público, se pronunció sobre su salida del Ministerio Público tras la suspensión de Delia Espinoza. En entrevista con el programa No hay derecho, reprochó que la obtención del presupuesto para la Fiscalía se dio tras el archivo de investigaciones a parlamentarios. Entre ellos, a José Jerí, lo que demuestra el ‘chantaje’ que existía contra su predecesora.
“Tomás Galvez no ha tenido ningún escrúpulo. Primero, en buscar la simpatía del actual presidente de la República archivándole una investigación”, mencionó en referencia al caso de violación sexual contra José Jerí. Añadió que tras obtener cercanía al mandatario, acudió al Congreso para congraciarse con los parlamentarios, en especial con la Comisión de Presupuesto; hecho que “pone en evidencia la irregularidad de los actos que estaban cometiendo”.
“Él llegó, le archivó la investigación al señor José Jerí. Se fue al Congreso a decirles que las investigaciones eran exageradas y de inmediato le dieron el presupuesto que se negó a la fiscal titular anterior. Y eso es un chantaje”, denunció.
Explicó que los equipos especiales siempre contaron con apoyo de las anteriores gestiones del Ministerio Público y que la falta de presupuesto se debía a la falta de interés del Congreso y el Ejecutivo en las investigaciones. “Siempre han gozado de respaldo, pero Gálvez se siente protegido por el Congreso y actúa siguiendo decisiones externas”, afirmó.

También advirtió que el flamante representante del Ministerio Público tiene interés propio en archivar investigaciones, ya que está involucrado en el caso Cuellos Blancos del Puerto. Sostuvo que actúa como instrumento de un sector político que busca impunidad y que ya ha removido a fiscales incómodos para garantizar archivos favorables.
Sobre la composición de la Junta Nacional de Justicia, Cubas cuestionó la forma en que fue elegida, sugiriendo que se buscó seleccionar personas con antecedentes que permitieran su control y sometimiento a los intereses del Congreso. “Popularmente diríamos, juega en pared con el Tribunal Constitucional, el Congreso y la Autoridad Nacional de Control”, expresó.
Finalmente, Cubas alertó sobre el mensaje que se envía a fiscales y jueces: “Los fiscales deben investigar el robo de gallinas, el hurto fanélico, pero no deben investigar la corrupción. Si investigas la corrupción, si investigas la violación de derechos humanos, si investigas el lavado de activos, te va a pasar lo mismo que a José Domingo Pérez, lo mismo que a Rafael Vela, lo mismo que a Marita Barreto, etcétera, etcétera”. Añadió que el Ministerio Público está bajo control político y que ahora el objetivo es el Poder Judicial.

Como se recuerda, el país vivió un giro decisivo cuando el Congreso destituyó a Dina Boluarte y José Jerí, hasta entonces presidente del Parlamento, asumió la jefatura del Estado. Su llegada estuvo marcada por la denuncia de violación sexual presentada en diciembre de 2024, que fue archivada por Gálvez tras ocho meses de investigación. Aunque la Fiscalía Suprema de Familia ratificó la decisión, algunos medios señalaron omisiones clave, como la ausencia de pericias psicológicas y la falta de análisis de contradicciones en los testimonios.
Epicentro TV documentó la relación previa entre Jerí y Marco Cardoza, el coinvestigado hoy prófugo, así como la participación de la denunciante en actividades organizadas por Jerí. Pese a las críticas, el Congreso respaldó la asunción del entonces titular del Parlamento como presidente en medio de una crisis de seguridad y descontento social.
Paralelamente, Gálvez reconoció públicamente la existencia de una colaboración directa entre el Ministerio Público, el Ejecutivo y el Congreso para resolver la crisis presupuestaria. En su discurso de apertura del año fiscal 2026, llamó “aliado” al presidente Jerí y justificó la obtención de recursos por la “armonía” entre los poderes del Estado.
Gálvez propuso, además, limitar la investigación a funcionarios aforados, argumentando que el exceso de expedientes satura la Fiscalía de la Nación. Esta postura fue interpretada por Cubas como un intento de restringir la persecución penal a altos funcionarios, en línea con los intereses del Congreso.
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