Exfuncionarios del Callao y empresario condenados a 9 años de cárcel por compras ilegales de durante pandemia de Covid-19

Tres exfuncionarios del Gobierno Regional (GORE) del Callao y un empresario recibieron una condena de nueve años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada en agravio del Estado, tras comprobarse su responsabilidad en la compra ilegal de insumos médicos durante el estado de emergencia por Covid-19.

El fallo, dictado por el Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, también impone doce años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago solidario de una reparación civil de S/ 1.900.000 a favor del Estado.

Los sentenciados —Angélica Ríos, exgerente de Desarrollo Social; Raúl Palomino, exjefe de Abastecimiento; Fernando Huamaní, especialista en contrataciones; y el empresario Fredy Lozada, representante de la empresa proveedora— articularon un esquema que permitió el direccionamiento ilícito de contratos para la adquisición de mascarillas, alcohol en gel, guantes y jabón de tocador, bienes esenciales durante la crisis sanitaria. La investigación determinó que estos actos, cometidos en abril de 2020, vulneraron gravemente los intereses públicos en un contexto de emergencia nacional.

La investigación fiscal demostró que la Gerencia de Desarrollo Social del GORE Callao emitió requerimientos carentes de sustento técnico y alteró especificaciones técnicas para favorecer a la empresa adjudicataria. El área de Abastecimiento, por su parte, simuló competencia mediante invitaciones a correos electrónicos inexistentes, lo que permitió aparentar legalidad y facilitar la sobrevaloración de precios en insumos críticos. El proceso permitió que productos esenciales fueran adquiridos a precios inflados, en perjuicio del Estado y de la población que dependía de una gestión transparente y eficiente.

El esquema de sobreprecio en la compra de mascarillas, alcohol en gel, guantes y jabón

El Ministerio Público presentó pruebas en el juicio que acreditaron cómo los funcionarios adaptaron las condiciones técnicas de la licitación para garantizar la adjudicación a la empresa representada por Lozada. Se modificaron características como el gramaje del jabón de tocador y se formularon requerimientos sin respaldo técnico adecuado. Además, la simulación de competencia se ejecutó mediante el envío de invitaciones a empresas fantasma, lo que permitió justificar la selección de la compañía beneficiada.

Otra de las maniobras identificadas fue la adulteración de los precios en los productos licitados. Insumos clave como mascarillas y alcohol en gel fueron adquiridos a valores superiores a los del mercado. Esta sobrevaloración representó una pérdida millonaria para el Estado y comprometió la eficiencia de la respuesta sanitaria durante los momentos más críticos de la pandemia.

El Ministerio Público reiteró su compromiso de perseguir los delitos contra la administración pública. A través de este proceso, el órgano fiscal busca recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y asegurar que los responsables de actos de corrupción sean sancionados de manera efectiva.

Otros cuatro funcionarios fueron condenados en diciembre

En diciembre de 2025, la justicia sentenció a cinco años de prisión efectiva a cuatro personas —incluidas exfuncionarias de la Municipalidad Provincial del Callao y proveedores— por colusión simple relacionada con la manipulación de adquisiciones de insumos esenciales durante la emergencia sanitaria de 2020. María Mansilla, exgerente de Abastecimiento, y Natalia Colmenares, especialista en contrataciones, junto a los proveedores Edwin Ramón y Juana Ramón, recibieron además la orden de pagar S/100.000 de reparación civil y quedaron inhabilitados por quince años para ejercer funciones públicas.

Las investigaciones confirmaron que estas personas coordinaron la adulteración de documentos, simularon la existencia de postores y dirigieron las contrataciones hacia empresas relacionadas. Estas acciones vulneraron los principios de legalidad, transparencia y libre competencia, afectando la capacidad de respuesta estatal en plena emergencia.

En paralelo, el Ministerio Público mantiene abierta una investigación sobre la existencia de una presunta red criminal en el seno del Gobierno Regional del Callao, conocida como ‘Los Socios del Callao’. La pesquisa señala al entonces gobernador Ciro Castillo Rojo como supuesto líder de la organización, la cual habría manipulado órdenes de servicio para favorecer adjudicaciones selectivas, causando un perjuicio superior a un millón de soles al Estado. La defensa de Castillo Rojo rechaza las acusaciones y cuestiona la legalidad de los procedimientos judiciales, argumentando falta de pruebas directas y defectos en las órdenes de allanamiento. A pesar de ello, el Poder Judicial ha ratificado la detención preliminar contra el exgobernador, mientras continúan las pesquisas para determinar el alcance y la estructura de la presunta red criminal.

Estos casos evidencian el impacto que la corrupción tuvo en la gestión pública durante la emergencia por Covid-19, afectando la utilización de recursos destinados a la protección de la población y poniendo en relieve la importancia de una vigilancia estricta en los procesos de contratación estatal.