Condenan a exfuncionarias de la municipalidad del Callao por contrataciones irregulares en la pandemia por la Covid-19

Cuatro personas, entre ellas exfuncionarias municipales y proveedores, fueron condenadas a cinco años de prisión efectiva por colusión simple que perjudicó al Estado peruano durante la emergencia sanitaria por Covid-19, año que el país pasaba por una de las peores crisis.

La sentencia, de cumplimiento inmediato, responde a irregularidades constatadas en la Municipalidad Provincial del Callao al manipular procesos de adquisición de insumos esenciales destinados a enfrentar la pandemia, comprometiendo el uso adecuado de recursos públicos en un contexto crítico.

Las personas condenadas son María Mansilla, quien se desempeñaba como exgerente de Abastecimiento, y Natalia Colmenares, especialista en contrataciones, ambas de la Municipalidad del Callao. También recibieron la misma pena Edwin Ramón y Juana Ramón, identificados como proveedores de la entidad municipal implicados en la colusión.

Además de la pena privativa de libertad, el fallo establece que deberán pagar S/100.000 en reparación civil a favor del Estado y quedan inhabilitados durante quince años para ejercer función pública, resaltando la gravedad de las acciones y su impacto en la administración pública.

Contratación irregular

La investigación determinó que los hechos sucedieron en marzo de 2020, en pleno estado de emergencia nacional. Durante ese periodo, las exfuncionarias y los proveedores sentenciados coordinaron para manipular los procesos de contratación de alcohol en gel, guantes de látex y mascarillas, materiales clave para la protección sanitaria ante el avance del virus.

Se confirmó la adulteración de cotizaciones y otros documentos en los expedientes de contratación, con lo que se simuló la existencia de postores adicionales y se dio una apariencia de legalidad al direccionar los contratos en favor de empresas vinculadas a los condenados. Estas acciones vulneraron los principios de legalidad, transparencia y libre competencia en las compras estatales.

Las maniobras ocasionaron un efecto adverso tanto en la integridad de los procesos de contratación como en la capacidad de respuesta estatal, en un momento en que la urgencia sanitaria exigía honestidad y eficiencia en la gestión pública. El Estado experimentó limitaciones en sus mecanismos de reacción sanitaria cuando mantener la transparencia y la rendición de cuentas era esencial para la atención de la población vulnerable.

Otro escándalo en el Gobierno Regional del Callao

El Ministerio Público de Perú investiga una presunta red criminal dentro del Gobierno Regional del Callao por el direccionamiento de contratos públicos que habría ocasionado un perjuicio al Estado superior a un millón de soles. La pesquisa señala a Ciro Castillo Rojo, gobernador del Callao, como supuesto cabecilla de la organización denominada 'Los Socios del Callao’, e involucra a funcionarios y proveedores que habrían manipulado órdenes de servicio para favorecer adjudicaciones selectivas.

La defensa de Castillo Rojo cuestiona la legalidad de los procedimientos, argumentando que las órdenes de allanamiento carecen de sustento sólido y que no se notificó a los investigados antes de ejecutar las medidas restrictivas. Humberto Abanto, abogado del gobernador, afirmó en declaraciones que “la resolución judicial se basa únicamente en la posibilidad abstracta de hallar documentos comprometedores”, sin pruebas directas contra su patrocinado.

Sin embargo, el Poder Judicial ratifica la detención preliminar contra el exgobernador.