
Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de Fiscalías contra el Crimen Organizado, advirtió sobre la reducción del presupuesto del Ministerio Público y criticó la decisión del Congreso y del Ejecutivo de aprobar un presupuesto menor al necesario.
Según el representante del Ministerio Público, esta disminución tendrá consecuencias en la lucha contra el crimen, uno de los problemas principales del Perú en la actualidad, y limitará gravemente la capacidad de la Fiscalía para combatir el avance de la criminalidad y el crimen organizado en el país.
“El sistema de administración de justicia solo puede fortalecerse con respaldo económico”, afirmó Chávez Cotrina en conversación con Exitosa. “Si tienes un Poder Judicial, un Ministerio Público inteligente y la policía quebrada sin presupuesto real, porque más que des normas o cincuenta mil leyes, no va a funcionar. Las normas no solucionan el problema; pueden poner pena de muerte, cadenas perpetuas, pero si el sistema está quebrado, no vamos a solucionar esta situación de delincuencia”.

No hicieron caso a la advertencia de la Fiscalía
El fiscal Chávez también llamó la atención al Congreso y al Ejecutivo por la decisión de recortar el presupuesto del Ministerio Público para el periodo 2026 pese a que desde el año 2025 ya se advirtió sobre las consecuencias que esto podría tener en los esfuerzos por luchar contra el crimen.
“No es posible que, frente al avance de la delincuencia en estos últimos tiempos, el Congreso y el Ejecutivo hayan recortado para este año el presupuesto del Ministerio Público. Eso es una realidad”, manifestó el fiscal.
Ante estas limitaciones, el Ministerio Público resolvió implementar medidas internas para reducir el impacto sobre la atención a las víctimas. Así lo detalló Chávez Cotrina.
“Pese a la falta de apoyo presupuestal, nuestro fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, ha dispuesto que, a partir del día de hoy, vamos a atender personalmente a las víctimas de extorsión. Ha emitido unos lineamientos a través de los cuales se darán las facilidades para que las personas que están siendo extorsionadas se acerquen a las fiscalías de crimen organizado y los fiscales les darán diferentes garantías”.

Solo el 10 % de los casos se denuncian
Uno de los mayores desafíos en la lucha contra la extorsión y el sicariato ha sido el temor de las víctimas a sufrir represalias. Según cifras de la propia Fiscalía, apenas el 10 % de los casos llegan a convertirse en denuncias formales ante las autoridades, debido a la intimidación y el miedo a ser identificados por las organizaciones criminales.
“Tenemos una cifra negra, porque la población que se siente aterrorizada por estas amenazas extorsivas no formula la denuncia ante la autoridad. Con este mecanismo, queremos que las personas no se sientan atemorizadas y podamos iniciar las investigaciones para poder desarticular estas bandas”, señaló Chávez Cotrina.
El objetivo central es que las víctimas puedan acercarse directamente a las fiscalías especializadas, sin intermediarios, y encuentren respuesta inmediata a su situación. El Ministerio Público dispone de fiscales de turno en crimen organizado en casi todas las regiones del país, especialmente en zonas como Tumbes, Piura y Lambayeque, donde el impacto de la criminalidad es particularmente grave.
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