
Como parte de la lucha contra la inseguridad ciudadana, el Ministerio Público anunció la aprobación de un mecanismo inédito destinado a proteger la identidad de los denunciantes de extorsión y sicariato. La medida, oficializada a través de la Resolución N.° 098-2026-MP-FN, busca ofrecer garantías reales a transportistas, comerciantes y ciudadanos que enfrentan amenazas por parte de bandas y organizaciones criminales, facilitando su colaboración con la justicia sin exponerse a represalias.
¿En qué consiste este mecanismo?
Los nuevos Lineamientos para el registro y otorgamiento de código reservado establecen que cualquier persona agraviada por delitos de organización o banda criminal relacionados con extorsión o sicariato podrá acudir directamente a las fiscalías especializadas en crimen organizado a nivel nacional. Desde el primer momento, el fiscal asignará al denunciante un código reservado, que será el único identificador utilizado durante todo el proceso penal.
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“El fiscal le va a dar un código de reserva, que es el único que va a conocer el código, ninguna otra persona”, explicó Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR) en diálogo con Canal N. “Luego le va a recepcionar ya con el código toda su declaración y todas las modalidades en que está siendo víctima de extorsión. Una vez que el fiscal ha recepcionado la denuncia, inmediatamente dispondrá que se inicien las investigaciones preliminares en coordinación con nuestra Policía Nacional”.

De acuerdo al representante del Ministerio Público, la confidencialidad del proceso está estrictamente garantizada. El fiscal provincial de crimen organizado es el único funcionario que conoce la identidad del denunciante, evitando que la información pase por varias manos y asegurando un resguardo efectivo frente a posibles filtraciones.
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“En el Ministerio Público la única persona que va a recepcionar la denuncia es el fiscal provincial del caso. Nadie más. No va a pasar por varias manos. Cuando el fiscal derive la denuncia de esta persona con reserva, no le va a entregar su identidad, le va a entregar el código”, enfatizó el coordinador nacional de FECOR.
Además, si la situación de la víctima lo requiere, la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos del Ministerio Público podrá coordinar medidas adicionales de seguridad, como protección policial, acompañamiento legal y garantías para la integridad física y familiar de los denunciantes.
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¿Por cuánto tiempo se pondrá en práctica el mecanismo?
El mecanismo es de carácter permanente y responde a una necesidad urgente: revertir la baja tasa de denuncias y fortalecer la capacidad investigativa de las autoridades. Ahora, los ciudadanos pueden acudir en persona a la fiscalía de crimen organizado más cercana y solicitar entrevistarse con el fiscal de turno, quien asumirá la conducción de la investigación y coordinará con la Policía Nacional el despliegue de técnicas de inteligencia para identificar y desarticular a las organizaciones criminales.
“Acá los estamos esperando para poder dar trámite a su denuncia, brindarles el código de reserva e iniciar inmediatamente las investigaciones”, aseguró Chávez Cotrina. El proceso, según la Fiscalía, es independiente de las denuncias presentadas en las comisarías, donde también se han establecido lineamientos de reserva, pero que no cuentan con el mismo nivel de confidencialidad y control.
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Solo el 10 % de los casos se denuncian
Uno de los mayores desafíos en la lucha contra la extorsión y el sicariato ha sido el temor de las víctimas a sufrir represalias. Según cifras de la propia Fiscalía, apenas el 10 % de los casos llegan a convertirse en denuncias formales ante las autoridades, debido a la intimidación y el miedo a ser identificados por las organizaciones criminales.
“Tenemos una cifra negra, porque la población que se siente aterrorizada por estas amenazas extorsivas no formula la denuncia ante la autoridad. Con este mecanismo, queremos que las personas no se sientan atemorizadas y podamos iniciar las investigaciones para poder desarticular estas bandas”, señaló Chávez Cotrina.
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El objetivo central es que las víctimas puedan acercarse directamente a las fiscalías especializadas, sin intermediarios, y encuentren respuesta inmediata a su situación. El Ministerio Público dispone de fiscales de turno en crimen organizado en casi todas las regiones del país, especialmente en zonas como Tumbes, Piura y Lambayeque, donde el impacto de la criminalidad es particularmente grave.
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