Ollanta Humala podría salir en libertad próximamente: abogado asegura que archivo de caso Cócteles favorece al exmandatario

El reciente archivamiento definitivo del caso ‘Cócteles’, que involucraba a Keiko Fujimori y a integrantes de Fuerza Popular por presuntos aportes ilícitos en campañas electorales, podría favorecer a otros procesados por lavado de activos vinculados a financiamiento político en el Perú. A raíz de esta decisión judicial, el abogado César Nakazaki sostuvo que el precedente fijado por el Tribunal Constitucional (TC) y la Corte Suprema debe aplicarse de inmediato al proceso contra el expresidente Ollanta Humala y otros miembros del Partido Nacionalista Peruano.

El penalista manifestó en conversación con Canal N que al determinar que los aportes a campañas electorales, particularmente en los años 2006 y 2011, no constituyen delito de lavado de activos bajo la normativa vigente en ese periodo, mantener las medidas restrictivas y las penas contra el exmandatario y otros dirigentes nacionales es una violación al principio de igualdad ante la ley.

“Hoy día es imperativo que Ollanta Humala y el caso del Partido Nacionalista acaben, porque están presas personas por los mismos hechos donde el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema ha dicho que no es delito. Entonces, Ollanta Humala hoy se convierte en un detenido arbitrario”, señaló.

Subrayó que el fallo sentó un precedente obligatorio que impide que se sigan tramitando procesos o manteniendo prisiones por hechos análogos. “Si el Tribunal Constitucional ha reconocido que en esa época, por ejemplo, 2011 no era delito, en el 2006, pues menos. Son precedentes obligatorios”, insistió Nakazaki.

Crítica a la Fiscalía

Manifestó la necesidad de distinguir entre las donaciones electorales y los casos de soborno o cohecho. Mencionó que mientras el soborno constituye un acto delictivo perseguible por la ley, el financiamiento de campañas políticas, bajo la legislación aplicable en los comicios de 2006 y 2011, no puede considerarse lavado de activos.

“Los sobornos y perseguirlos con toda la fuerza del mundo, porque nadie discute que eso es delito. Pero las donaciones electorales, al final, después de varios años, se nos da la razón a todos los que dijimos que no eran delito”, explicó. Agregó que la gran lección de estos años es la necesidad de que los fiscales elijan con rigor los casos que llevan adelante: “Un fiscal tiene que saber escoger sus casos”.

En ese sentido, fue categórico al señalar que la persecución judicial basada en una interpretación errónea de la ley no solo ha afectado a personas concretas, sino que ha tenido un impacto devastador.

“Lo que no vamos a poder recomponer, y este año sobre todo vamos a sufrir, es que hubo una persecución fiscal por algo que no era delito, que significó la destrucción del sistema de los partidos políticos. […] El tema ya está totalmente zanjado. Varios pronunciamientos del TC, varios pronunciamientos de la Corte Suprema apuntan a que las donaciones electorales no son lavado de activos. Ese es el gran error, no solo del equipo especial acá, sino desde Brasil”, advirtió.

La resolución que benefició a Fuerza Popular dispuso levantar todas las medidas impuestas a los acusados y dejó constancia de que recibir fondos para campañas políticas no constituía delito de lavado de activos antes de noviembre de 2016. Desde la defensa de Fujimori, se celebró el fallo por “carecer de base legal y vulnerar el debido proceso, en una clara persecución fiscal”.