¿A qué hora inicia el paro de transportistas de mañana 14 de enero y durará solo 24 horas?

La suspensión del servicio de transporte público en Lima y Callao, que arranca a las 00:00 horas de este miércoles, dejará fuera de circulación a más de 22 mil vehículos y se prolongará únicamente por 24 horas, según confirmó Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, en declaraciones recogidas por América Noticias.

Desde la madrugada del 14 de enero, la capital peruana experimentará una drástica disminución de unidades de transporte público. Para las 5 de la mañana, los principales paraderos deberían mostrar una presencia mínima o nula de buses y custers, de acuerdo con lo adelantado por dirigentes gremiales.

La medida, anunciada tras intensas jornadas de negociaciones y reuniones con autoridades, responde a una creciente preocupación por la inseguridad y la extorsión que afecta a miles de conductores y usuarios.

Martín Ojeda dejó claro que la paralización se limitará a un solo día, descartando versiones sobre una extensión a 48 horas que circularon en redes sociales y medios.

“La movilización va a ser solo durante el día. Lamentablemente es como si fuera un paro, porque los que no van a movilizarse van a estar dentro de sus locales”, explicó el vocero. Esta precisión responde a la inquietud de numerosos usuarios que, a través de plataformas digitales, consultaron sobre la verdadera duración de la medida.

Más de 320 empresas

El paro involucra a aproximadamente 320 empresas de transporte, según los cálculos de los gremios participantes. La cifra de unidades que no saldrán a trabajar oscila entre 20 mil y 22 mil vehículos en Lima y Callao, una magnitud que impactará directamente en la movilidad de millones de personas.

Las rutas afectadas incluyen vías emblemáticas como la Panamericana Norte y Sur y los principales accesos a distritos populosos, entre ellos San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Puente Piedra, San Juan de Miraflores, Ventanilla y Ancón.

La decisión de unificar la fecha fue producto de una coordinación entre los gremios Transportes Unidos y la Unidad Gremial, quienes originalmente barajaban el 13 y 15 de enero como posibles jornadas de protesta. “Vamos en una fecha que no afecte la susceptibilidad de nadie, porque acá primero es la lucha contra la extorsión”, remarcó un dirigente.

Prevención y pedido

La raíz del conflicto, según los representantes de los transportistas, está en la falta de prevención frente a la ola de atentados que se han registrado en estos primeros días del 2026.

Solo en los primeros once días de enero, se reportaron 10 ataques contra vehículos o empresas del sector. El gremio exige que se refuercen las acciones de seguridad, especialmente en horarios y zonas donde la presencia policial es escasa.

Además, los dirigentes demandan la reglamentación de la ley 32490, que contempla compensaciones para deudos y mecanismos de investigación financiera para combatir la extorsión.

Aunque el presidente de la República José Jerí se comprometió a reglamentar la norma, los gremios insisten en que la movilización es imprescindible para presionar por soluciones efectivas. “El presidente se ha comprometido a mejorar el tema preventivo”, recordó Ojeda.

Una protesta sin precedentes

La magnitud de la protesta se refleja en la cantidad de organizaciones involucradas y en la decisión de mantener la paralización pese a los esfuerzos de las autoridades por disuadirla.

Empresas emblemáticas como Huáscar, Nueva Perú, Salvador, Vipusa, Heriberto Ramos, Urbanito, Nueva América y El Rápido han confirmado su adhesión. Incluso líneas como El Chosicano y servicios en Santa Anita detendrán operaciones, según lo informado por América Noticias.

La medida, de acuerdo a los propios voceros, no busca confrontar a quienes decidan trabajar. “Aquel que quiera trabajar es su problema. Tampoco le vamos a poner una pistola porque no somos extorsionadores tampoco”, puntualizó el dirigente, tras resaltar que la protesta es un pedido de auxilio ante una situación que “no da para más”.

Reuniones, promesas y vacío

El contexto de inseguridad se agravó tras cambios en la jefatura policial de Lima realizados a finales del año pasado, lo que, según los transportistas, generó vacíos en la cobertura policial y facilitó el accionar de bandas delictivas.

La preocupación llegó a tal nivel que en recientes reuniones participaron altos funcionarios, deudos de conductores y representantes del Ministerio del Interior. Pese a los compromisos asumidos por el Gobierno, los gremios decidieron mantener la medida tras advertir que la palabra dada a los usuarios y trabajadores tenía prioridad sobre cualquier acuerdo institucional.

Los organizadores del paro han reiterado que la protesta es un mensaje contundente a las autoridades para exigir mayor seguridad y cumplimiento de la ley. Tanto Martín Ojeda como otros líderes gremiales han subrayado que se trata de una acción colectiva para enfrentar la extorsión y la violencia que aqueja al sector.

“Invocamos a todos los empresarios del transporte, a todos los conductores que nos acompañen en este grito al cielo para una llamada de atención que cambie la posición de este país que está sufriendo esta delincuencia tan fea como la extorsión”, sentenció Ojeda.