El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, contrató a jóvenes sin estudios acreditados, experiencia o antecedentes como proveedores del Estado, luego de recibirlos en su despacho, según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder.
El dominical reportó que casi una decena de personas obtuvo beneficios tras mantener encuentros en la oficina de Paredes, quien enfrenta un proceso disciplinario por presuntos sobornos.
Uno de los casos corresponde a Luis Sebastián Arce Acosta, incorporado al INPE el 31 de julio de 2025. Antes de firmar el contrato, tuvo una reunión de casi media hora con Paredes de Ataco.
Arce no figura con estudios universitarios registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), aunque recibió su primer contrato como asistente técnico administrativo por 10.500 soles. No fue posible ubicarlo en su domicilio para una declaración.
Lucienne Cabanillas Delgado, de 22 años, accedió a un puesto tras reunirse en tres ocasiones con el jefe penitenciario. Obtuvo un contrato por 8.283 soles para labores administrativas, pese a no contar con estudios en Sunedu ni experiencia previa en el Estado.
Además, gestionó su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores cuatro días después de ser contratada, una práctica considerada irregular por expertos consultados por el dominical.
Jorge de la Rosa Ayala, luego de una reunión de cuarenta minutos con Paredes, recibió una orden de servicio de 6.000 soles. Situación similar se presentó con Jadira Chumpitaz Soto, quien, tras una visita, obtuvo dos órdenes de servicio por 15.500 soles.
De igual modo, Christian Anthony Quipusco Guzmán y Luis Miguel Huachaca Rojas recibieron contratos de 6.000 soles cada uno, pese a no contar con experiencia previa en el sector público.
Flor de María Fernández Nike, abogada sin experiencia previa como proveedora del Estado, obtuvo una orden de servicio por 4.435 soles un mes después de visitar al presidente del INPE. “No conozco al doctor Paredes, yo simplemente presenté mis papeles”, afirmó. Más tarde, recibió un segundo contrato por 7.000 soles.
El mismo patrón se observó con Hilda Quispe Reynoso, quien, después de visitar a Paredes, obtuvo su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores y una orden de servicio por 3.150 soles como auxiliar administrativa en el gabinete de asesores del Consejo Nacional Penitenciario.
Expertos en derecho consultados para el reportaje advirtieron que la contratación de personal sin cumplir los requisitos legales puede configurar delitos contra la administración pública, al defraudar los intereses del Estado.
Acusación
Paredes es señalado, según Cuarto Poder, por presuntamente coordinar la devolución de un cobro de S/80.000 solicitado para facilitar la excarcelación de un exagente policial condenado; sin embargo, él ha negado la autenticidad de los audios difundidos por el programa.
El dominical reveló que el funcionario fue objeto de una multa de más de 16,000 soles por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) debido a incumplimientos en su ejercicio profesional como abogado, incluidos la omisión de entrega de recibos, ausencia de una denuncia penal ya pactada y falta de restitución de 3,500 dólares entregados por un cliente en 2021.
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