Tomás Gálvez defiende al prófugo César Hinostroza: asegura que audio donde acuerda liberar a violador de menor fue manipulado

El fiscal interino del Ministerio Público, Tomás Gálvez, realizó una férrea defensa del exjuez supremo César Hinostroza, cuestionando la interpretación y difusión de uno de los audios más emblemáticos del caso “Cuellos Blancos del Puerto”. Aseguró que el registro, ampliamente difundido en medios y redes sociales, fue manipulado para crear la percepción de que el hoy prófugo había intervenido para beneficiar a un violador de una menor de edad, cuando en realidad —según su versión— la condena fue incrementada, no reducida.

En entrevista con ‘Primero a las ocho’, insistió que la grabación fue parte de una estrategia de manipulación orquestada desde el interior del sistema judicial y con el respaldo de sectores de la prensa. “Cuando llegan los audios a Gustavo Gorriti, Gorriti los manipula y los presenta conforme a sus intereses. En el caso en que Hinostroza habla de la menor, ya habían condenado a doce años al violador. El secretario le daba cuenta a Hinostroza y, según la información que tengo, Hinostroza le subió la condena a veinte años”, mencionó.

Sostuvo que la narrativa que se instaló en la opinión pública fue deliberadamente distorsionada. “Esa información fue la que sepultó a Hinostroza y, lamentablemente, no es cierta”, afirmó, insistiendo en que el contenido real del audio no favorecía al condenado, sino que endurecía la sanción. “De doce años lo subió a veinte. Así de simple”, remarcó.

El caso de César Hinostroza, quien se encuentra prófugo desde 2018 y enfrenta múltiples acusaciones por corrupción y organización criminal, fue uno de los detonantes de la mayor crisis judicial de los últimos años en el país. Los audios que involucran a jueces, fiscales y personajes de la política provocaron la destitución y renuncia de varios altos funcionarios.

Consultado acerca de la situación de Hinostroza y la validez de los procesos en su contra, sostuvo que corresponde a las investigaciones determinar su responsabilidad, pero subrayó que la información difundida hasta el momento fue sesgada. “Si tiene responsabilidad, será la investigación la que lo determine. Pero lo que no se puede tolerar es que se manipule la prueba y se distorsione la verdad para fines políticos o mediáticos”, enfatizó.

El audio de César Hinostroza: origen del escándalo y debate sobre su interpretación

En la grabación, difundida por IDL-Reporteros y otros medios, se escucha a Hinostroza conversar sobre el caso de una menor de edad víctima de violación sexual. El contenido y el tono de la conversación generaron indignación nacional y desencadenaron una ola de reformas y cuestionamientos sobre la ética en el Poder Judicial.

En el audio, Hinostroza interroga: “¿Cuántos años tiene? ¿Diez años?… once añitos. ¿Pero está desflorada? Ya, ¿pero quién le ha hecho eso? Voy a pedir el expediente para verlo, ¿ya?”. La conversación continúa con una inquietante naturalidad: “¿Qué es lo que quieren? ¿Que le baje la pena o que lo declaren inocente?”. Este diálogo, de apenas 51 segundos, revela un nivel de familiaridad con temas de gravedad extrema y muestra a un juez dispuesto a revisar el expediente y considerar la posibilidad de reducir la condena, e incluso la inocencia, de un acusado de violación a una menor.

La indignación creció cuando se supo que la sala presidida por Hinostroza eliminó la condena de 30 años de prisión impuesta previamente a Mauricio Faustino Huamaní Saldívar, acusado de violar a una niña de trece años. El argumento de la sala fue la supuesta falta de “prueba suficiente, idónea, pertinente y eficaz”, a pesar de los testimonios de la víctima y los informes médico-legales que confirmaban tanto trauma psicológico como evidencia física del abuso.

Hinostroza, en su defensa, alegó que se aplicó la figura del “error de tipo”, sosteniendo que el acusado no conocía la verdadera edad de la víctima y que la relación fue “consentida”. Sin embargo, esta interpretación fue ampliamente rechazada por especialistas y organizaciones sociales, que señalaron la gravedad de la justificación y reclamaron reformas profundas en el sistema judicial para evitar la repetición de decisiones judiciales que perpetúen la impunidad.

El escándalo no solo expuso las falencias y la falta de sensibilidad del Poder Judicial frente a la violencia sexual infantil, sino que también evidenció la existencia de redes de favores y corrupción que, según las investigaciones, operaban en los más altos niveles de la justicia peruana.