Keiko Fujimori anunció aumento del salario mínimo vital a S/ 1.300: ¿es viable aumentarlo en 170 soles más?

Keiko Fujimori, presidenta de Perú, anunció en su reciente mensaje a la Nación el aumento del salario mínimo vital de 1.130 a 1.300 soles. La medida generó reacciones inmediatas en los principales gremios empresariales y expertos. El economista y exministro de Economía y Finanzas David Tuesta advirtió que el aumento de la remuneración mínima vital a 13 soles y la duplicación de Pensión 65 a 700 soles tendrían un alcance acotado y elevarían costos fiscales y laborales, en un país donde la informalidad limita el efecto de ese tipo de medidas.

¿Por qué no es tan idóneo el aumento del SMV?

En declaraciones a Radio Programas del Perú, el exministro sostuvo que el principal problema del anuncio sobre el salario mínimo es que beneficia solo a una parte reducida de los trabajadores: aquellos que están en planilla y perciben ingresos por debajo de ese umbral. Añadió que incluso dentro del empleo formal ese universo es pequeño, porque los trabajadores en planilla suelen tener mayor productividad y recibir pagos por encima de ese nivel.

Tuesta afirmó que la medida no enfrenta el problema de fondo: la baja productividad de gran parte de los trabajadores peruanos que están fuera de planilla. También consideró que el bono anunciado tendría poco efecto, porque, según entendió del mensaje oficial, sería un incentivo temporal para que medianas y pequeñas empresas contraten trabajadores formales.

Para el exministro, el mensaje central del incremento salarial fue político. Señaló que este tipo de anuncios repite decisiones adoptadas en otras circunstancias para buscar simpatía en algunos sectores sindicales vinculados a partidos o movimientos políticos, y recordó que elevar el salario mínimo había sido parte de la propuesta de Juntos por el Perú en la segunda vuelta.

Tuesta dijo que el efecto del alza salarial sería reducido por la informalidad

La respuesta directa a la pregunta sobre el impacto del aumento del sueldo mínimo fue que su efecto sobre el ciudadano sería reducido. Según Tuesta, la medida no resuelve los problemas de productividad ni amplía de manera estructural el empleo formal, porque el mercado laboral peruano está marcado por la informalidad.

El exministro sí destacó otra parte del mensaje presidencial: la necesidad de crear condiciones para que la inversión privada llegue al país con mayor predictibilidad. Mencionó la reducción de tramitología, permisologías y duplicidades como factores que podrían permitir que las empresas crezcan, contraten más trabajadores y amplíen el espacio para la formalización.

En esa línea, sostuvo que las empresas grandes y más productivas son las que tienen capacidad para contratar bajo condiciones formales. Por eso, consideró que una agenda orientada a destrabar la inversión podría compensar los mayores costos de contratación laboral incorporados con el incremento de la remuneración mínima vital.

Tuesta remarcó que, si esa parte del mensaje logra concretarse con rapidez, podría abrir un espacio para la llegada de inversión privada al Perú. A su juicio, esa es una parte central de la solución a los problemas económicos del país: una inversión privada nutrida, potente y sostenible que contribuya al crecimiento de largo plazo.

Salario mínimo: impacto y discusión pendiente

El anuncio de elevar la remuneración mínima vital representa uno de los puntos más sensibles de la agenda económica. Zapata advirtió que el incremento debe evaluarse exhaustivamente en el Consejo Nacional del Trabajo, donde participan trabajadores, empleadores y el Estado. Según el líder empresarial, la medida podría afectar especialmente a las micro y pequeñas empresas (mypes), que enfrentan dificultades para sostener planillas más elevadas.

La propuesta contempla un bono compensatorio para pequeñas empresas, pero la preocupación radica en que si no se articula correctamente, el alza salarial podría empujar a más empleadores hacia la informalidad. “El riesgo es que muchos no puedan asumir el aumento y opten por salir del sistema formal”, afirmó Zapata, quien pidió que cualquier decisión se adopte considerando la realidad del sector mype.

Nueva gestión económica y expectativas empresariales

El nombramiento de Elmer Cuba en el Ministerio de Economía y Finanzas fue recibido con expectativa por parte del empresariado. Zapata lo describió como “un profesional competente” que conoce los problemas estructurales del país y la necesidad de destrabar inversiones. El reto para el nuevo funcionario será recuperar el liderazgo del ministerio, garantizar la disciplina fiscal y reordenar la caja estatal, según la visión de la Confiep.

La interrogante central para los empresarios es si el gobierno podrá transformar sus anuncios en metas medibles, con responsables y plazos definidos. Zapata insistió en que los funcionarios deben rendir cuentas y, si no cumplen, deben dejar sus cargos. “La gestión pública debe profesionalizarse y orientarse a resultados”, puntualizó.

Reforma del Estado: condición clave para la inversión

Otro eje del discurso presidencial fue la reforma del Estado. La propuesta de digitalizar trámites y establecer una autoridad nacional digital apunta a crear una administración más ágil y cercana al ciudadano. Zapata señaló que el problema se extiende a todos los niveles de la gestión pública, desde municipios hasta el gobierno central y empresas estatales como Petroperú y EsSalud.

El presidente de la Confiep ejemplificó los obstáculos con la demora en los proyectos mineros, que ahora necesitan entre 25 y 35 años desde la exploración hasta la operación, frente a los 15 o 20 años de antes. “Esa burocracia impide convertir la inversión en producción, justo en un momento de precios altos de los minerales”, afirmó.

El aumento de Pensión 65 sumaría costos adicionales al presupuesto público

Sobre el anuncio de elevar Pensión 65 de 350 a 700 soles, el exministro reconoció que el monto previo era muy bajo y que incluso duplicado seguiría siendo insuficiente. Pero subrayó que el límite está en el presupuesto público, al que describió como una restricción permanente frente a una larga lista de demandas por lo que llamó “deudas históricas” con distintos sectores.

Para explicar esa presión sobre las cuentas públicas, mencionó aumentos previos a maestros, militares, pensionistas y trabajadores CAS. Según dijo al medio, todos esos reclamos se acumulan, pero los recursos del Estado no crecen al mismo ritmo.

En ese marco, estimó de manera gruesa que la duplicación del beneficio implicaría 17 millones de soles adicionales. Agregó que ese costo se sumaría a otros gastos que el Estado ya ha venido incorporando en los últimos años, en especial por leyes de gasto aprobadas por el Congreso.

El fenómeno de El Niño y la urgencia en la gestión pública

La prevención frente al fenómeno de El Niño fue otro tema destacado. Zapata urgió a actuar sobre las obras inconclusas y priorizar los sectores más expuestos, como la industria de confecciones, la pesca, la agricultura, el turismo y el transporte. “Hay que identificar las áreas afectadas y movilizar recursos sin demora”, solicitó el titular de Confiep.

En cuanto a la participación privada, el dirigente señaló que muchas empresas evitan trabajar con el Estado por la complejidad administrativa, lo que obliga a repensar las reglas de contratación y el rol de la Contraloría General de la República.

EsSalud y la atención al ciudadano: otro reto urgente

Zapata incluyó a EsSalud entre los frentes que requieren intervención prioritaria, especialmente por los retrasos de hasta seis meses para conseguir una cita médica. La reforma del sistema de salud y la mejora en la atención a los asegurados figuran entre los compromisos que el empresariado espera ver traducidos en hechos.

El discurso de Keiko Fujimori dejó planteadas varias metas ambiciosas, pero el desafío inmediato consiste en convertir los anuncios en políticas públicas efectivas, con resultados tangibles para trabajadores, empresas y ciudadanos.