
El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 (JEE Lima Centro 2) solicitó a Perú Primero remitir copia de la sentencia íntegra contra Mario Vizcarra para decidir si su candidatura al Senado continúa o si es excluida de la lista por distrito único nacional.
A través de una resolución, el JEE observa que Vizcarra declaró en su hoja de vida tener una condena firme por el delito de peculado “con pena cumplida y que estaría rehabilitado“.
Sin embargo, dicen, el número de expediente "está incompleto“, lo que la verificación de los antecedentes ni mucho menos brinda información necesaria como en qué calidad fue condenado, es decir, autor, cómplice o participe.
A partir de ello, el Jurado de primera instancia requirió a Perú Primero que presente la sentencia completa por peculado y la resolución de rehabilitación de Mario Vizcarra. Todo ello en el plazo de un día bajo la advertencia de que se declare improcedente su candidatura.

Si bien se trata de un Jurado Electoral Especial diferente al que declaró fundadas las tachas contra su candidatura presidencial, Vizcarra correría la misma suerte, al menos en primera instancia. La decisión final, respecto a su candidatura a la Presidencia y al Senado, estará en manos del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
La sentencia que dejaría a Mario Vizcarra fuera de carrera
La condena fue impuesta en octubre de 2005 por la Sala Mixta de Moquegua, que halló a Mario Vizcarra responsable de peculado, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo, al determinar que, como presidente del Consejo Transitorio de Administración Regional de Moquegua (CTAR Moquegua) en 2001, recibió un sueldo estatal y honorarios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por el mismo trabajo.
En su defensa, Vizcarra alegó que los pagos estaban acordados y provenían del PNUD, pero el tribunal descartó este argumento al comprobar que los fondos provenían del Ministerio de la Presidencia. La sentencia establece: “Tuvo el tiempo suficiente para indagar respecto de los fondos con que se le pagaba, y no es posible admitir por el grado de instrucción y conocimientos del procesado, no se haya informado sobre la proveniencia de los dineros que cobraba”.
El fallo también determinó que el exfuncionario firmó una declaración jurada falsa, declarando no tener vínculo laboral con el Estado para facilitar el contrato con el PNUD y recibir un segundo pago de fondos públicos. La Sala Mixta de Moquegua resolvió imponer a Vizcarra tres años de prisión suspendida y una reparación civil de 3.000 soles.
En diciembre de 2025, el Poder Judicial declaró la prescripción de la reparación civil, tras más de 10 años sin que el Gobierno Regional de Moquegua ni la Fiscalía solicitaran el pago.
Según declaraciones de su abogado Alejandro Salas a Infobae, la defensa sostiene que el pago de la reparación civil sí se realizó, aunque no se conserve el comprobante: “Yo cumplí absolutamente con todo. Puede haber algún pago que de pronto se hizo y que ya no lo tengo en la mano por el tiempo”, explicó Vizcarra a su defensor.
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